Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) hizo seguimientos en 2013, en pleno desarrollo de la operación Kitchen, al comisario José Manuel Villarejo, según especifica la memoria de actividades de esta unidad policial, entonces dirigida por el comisario principal Marcelino Martín-Blas. Este documento, que fue aportado a la Fiscalía Anticorrupción el 10 de enero, está clasificado como confidencial. En él se especifica que Rafael Redondo, socio minoritario del comisario jubilado en su empresa Cenyt, también fue objeto de seguimientos. El escrito, cuyo contenido ha sido consultado por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, también fue aportado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Manuel García Castellón, rechazó incorporar esta prueba a la causa habida cuenta de que la instrucción ya había finalizado.
El caso Kitchen, un operativo parapolicial al margen de la Justicia, se inició tras la publicación de los papeles de Bárcenas por el diario El País en enero de 2013 y consistió en el espionaje contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, que amenazaba con reconocer la existencia de una contabilidad paralela del partido cuyos fondos procedían de donaciones irregulares. Por esta causa, la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. También reclama para Martín-Blas dos años y seis meses de cárcel por un delito de encubrimiento, es decir, por no denunciar la operativa liderada por Villarejo. Sin embargo, ha pedido el archivo de la acusación contra el exjefe de la UDEF José Luis Olivera.
Asuntos Internos detectó tres actuaciones protagonizadas por Villarejo y su clan policial que justificaron los seguimientos al comisario y su socio, Rafael Redondo, según las fuentes consultadas. En abril de 2012, Martín-Blas comenzó a sospechar que el comisario Enrique García Castaño, conocido con el alias de ‘El Gordo’, imputado en la Kitchen, y que en su puesto de jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) tenía acceso a las peticiones de intervenciones telefónicas, pudiera alertar a los agentes de que eran objeto de una investigación. De hecho, en sus agendas Villarejo escribió que Martín-Blas había comunicado estas sospechas a sus superiores.
Interceptación de los teléfonos
El segundo hecho que levantó las sospechas contra el clan policial tuvo lugar el 3 de agosto de 2012, cuando la unidad que se encarga de investigar las posibles actuaciones delictivas de los agentes reclamó en un juzgado de Madrid la interceptación de los teléfonos de varios comisarios, entre ellos el de José Luis Olivera, persona de la máxima confianza de Villarejo. Asuntos Internos justificó su petición de grabar las llamadas telefónicas de varios altos mandos por las continuas filtraciones policiales que se producían en el caso Gürtel.
También existía el recelo de que algunos de los oficios policiales de Gürtel podían haber sido modificados de forma irregular. Sin embargo, la Justicia rechazó intervenir los teléfonos de los comisarios. En su declaración como investigado en la Audiencia Nacional el propio Pino confirmó que esta petición de Asuntos Internos ahondó la disputa entre Martín-Blas y Villarejo.
La tercera sospecha que convenció a Asuntos Internos de hacer seguimientos a Villarejo en 2013, en plena operación Kitchen, se originó a finales de 2012, tras estallar el caso Emperador, en cuyo sumario aparecían varios comisarios. Asuntos Internos reclamó el sumario e inició unas pesquisas, por las que la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella el 12 de marzo de 2014 contra el comisario de Barajas Carlos Salamanca, también de la máxima confianza de Villarejo, y otros funcionarios de Policía. Todos ellos fueron exonerados en noviembre de 2014 por el juez Ismael Moreno.
En este procedimiento también aparecía el nombre de un hijo de Villarejo, que no fue imputado. Ni el polémico comisario ni su hijo fueron formalmente investigados en la causa. Sin embargo, la mera inclusión de ambos en un informe policial inició un enfrentamiento con Martín-Blas. Esta disputa fue denominada desde el entorno de Villarejo como “guerra de comisarios” en un intento de desprestigiar la investigación de Asuntos Internos.
Amenazas de Villarejo
En el marco de esta disputa, Villarejo llegó a amenazar al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, con destapar la operación Kitchen si no destituía a Martín-Blas. En una grabación, el entonces director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino confiesa a un comisario jubilado que Villarejo también había amenazado con contar “una cosa que solo los tres sabemos, de un tal cocinero, que cocina….”, en referencia a la Kitchen (cocina), pero también a Villarejo y a García Castaño.
Esta amenaza la reiteró el comisario jubilado por escrito. El 19 de enero de 2015 presentó ante la Dirección Adjunta Operativa (DAO) una queja, cuyo contenido fue adelantado por La Razón, en la que advertía de que si Asuntos Internos investigaba el tráfico de sus llamadas Marcelino Martín-Blas podía tener acceso a las conversaciones que había mantenido “con colaboradores de gran nivel de riesgo y sensibilidad como es Sergio López (Sic) (Cocinero)”. Según la investigación de Anticorrupción, Sergio Ríos Esgueva, el exchófer de Bárcenas, fue captado por los responsables de la operación Kitchen, que le pagaron 2.000 euros al mes de fondos reservados.
Fue destituido
Marcelino Martín-Blas fue finalmente destituido en abril de 2015, aunque permaneció varios meses más en la comisión judicial que investigó el caso del Pequeño Nicolás, en el que acabó imputado Villarejo por la supuesta filtración de una grabación de una reunión con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El comisario jubilado fue absuelto en un juicio celebrado por estos hechos.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la operación Kitchen la organizó en 2013 “la cúpula del Ministerio del Interior” del Gobierno de Mariano Rajoy, “sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias” para “obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes” en el caso Gürtel, que pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, según consta en un reciente escrito de acusación presentado en la Audiencia Nacional.
