El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que estos días sufre un proceso gripal, se equivocó en la rueda de prensa que dio el pasado martes en el Congreso, pero no lo supo hasta unos minutos después. Le llamó un dirigente del PSOE y le dijo que crear “una comisión de investigación específica” sobre el caso Cuarteles a estas alturas de la legislatura, como anunció, no es viable. No queda tanto tiempo. “Usemos la Comisión de Interior”, sugirió el dirigente. “¿Cómo?”, preguntó el diputado catalán. Hablaron y quedaron en que el grupo republicano formalizaría cuanto antes una lista de peticiones de comparecencias.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, estará en esa lista. ¿Cuándo comparecerá? No se sabe aún. La semana que viene, casi seguro que no, ya que la actividad parlamentaria se concentrará en la moción de censura de Vox con Ramón Tamames de candidato. Si bien el jueves se vislumbra como opción, no está en la cabeza de nadie situar en esa fecha una cita de voltaje político. Porque que vaya Marlaska a hablar del caso Cuarteles, sobre la contratación presuntamente irregular de una serie de adjudicaciones de obras en comandancias de la Guardia Civil a un único empresario, destapada por El Periódico de España y Prensa Ibérica, tiene voltaje político.
Y no es un momento propicio. No hay mucho margen. El calendario se ha constreñido en exceso debido a la Semana Santa de primeros de abril y a la pausa parlamentaria anterior a la cita electoral de mayo, comicios en varias autonomías y en los municipios de todo el país.
Mal trago o indigestión
Si se cumple lo que prometió con ERC y con EH Bildu, el PSOE tiene que pasar el mal trago del “caso Cuarteles” antes de las elecciones. Hablar de corrupción en el Congreso no es un plato apetecible nunca, menos aún si las urnas se asoman en el horizinte, pero tanto a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes como a la dirección parlamentaria de Patxi López no les quedó más remedio que aceptar la comparecencia de Marlaska y/o de altos cargos de la Guardia Civil para evitar no un mal trago, sino una indigestión.
La Junta de Portavoces del pasado martes abordó al final (dos últimos puntos del orden del día) las inclusiones en las próximas sesiones plenarias (a priori, la de la última semana de marzo) de dos nuevas comisiones de investigación.
Primero, una que propuso EH Bildu para investigar los hechos del 3 de marzo de 1976, cuando en Vitoria-Gasteiz la actuación de la Policía contra una asamblea de trabajadores en huelga provocó las muertes de cinco personas. Segundo, otra que postuló el PP para indagar en las reuniones y contactos que el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias ‘Tito Berni’, celebró en el Congreso con empresarios interesados en lograr dinero público para proyectos de energías renovables.
Con la de EH Bildu ya se mascó la tensión. Los representantes de PP, Vox y Cs se pronunciaron en contra. Fuentes presenciales indican que Cuca Gamarra fue especialmente dura. Uno de los intervinientes reprobó la iniciativa por provenir de un grupo vinculado, dijo, con ETA. Se procedió a la votación. Las posiciones de las tres formaciones mencionadas, más la del PSOE, frustraron las intenciones de la portavoz vasca, Mertxe Aizpurua. El PNV, adversario en Euskadi, sí apoyó la idea, tal y como manifestó luego ante los medios Aitor Esteban.
Aunque Esteban no pudo asistir a la reunión (en su lugar acudió la diputada Idoia Sagastizabal), explicó a los periodistas que su grupo se decantó por el respaldo porque la comisión removía unos hechos que no están inmersos en procesos judiciales, lo que abre el abanico de temas a inspeccionar y elimina cortapisas. Una comisión sobre un asunto ‘sub iudice’ es como caminar con una sola pierna.
El caso Mediador lo está investigando la justicia. La jueza ha decretado el secreto de sumario en siete de las piezas que conforman el proceso. El PP, sin embargo, está interesado en conocer el plano político del caso, sobre todo si los contactos de esa trama empresarial se limitaron a Tito Berni o a más diputados y diputadas socialistas. Gamarra argumentó en la Junta, el martes, la conveniencia de la comisión, que respaldaron los demás grupos del bloque de la derecha. Había riesgo, días antes, de que fructificaran las intenciones, pues aliados como ERC o Más País no se negaron en principio. Tampoco es que expresaran un entusiasmo inconmensurable. Sencillamente, no criticaron el planteamiento.
Conscientes del riesgo, el PSOE movió ficha. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, habló con Rufián y con Aizpurua para ahuyentar los temores. Le salió bien.
El portavoz de Esquerra criticó la propuesta de los populares. Minutos antes, en rueda de prensa, denunció “el oportunismo” del PP con la petición de comisión, que tachó de “kafkiana”. Un partido como el PP, con casos de corrupción ya juzgados detrás, y en algunos casos sentenciados, no puede tener legitimidad para pedir investigaciones de ese cariz. Empleó casi las mismas palabras en la reunión a puerta cerrada de la Junta y votó en contra, y junto a él PSOE, Unidas Podemos, PNV, Plural y EH Bildu.
Una diputada no dijo ni sí ni no. Dijo abstención. Ana Oramas, de Coalición Canaria, a quien corresponde la representación del Grupo Mixto en la Junta para este periodo de sesiones, explicó las razones justo antes de que sus señorías levantaran los brazos. La parlamentaria, según ha contado ella misma a este medio, se refirió a su experiencia como presidenta de la comisión de investigación de la crisis financiera, creada, desarrollada y finiquitada durante la legislatura XII (2011-2015).
Por un lado, y en línea con lo que más tarde señaló Aitor Esteban, si la comisión ha de abordar un asunto sumido en un proceso judicial, la documentación a la que accederá será escasa o prácticamente inexistente; sobre todo, irrelevante. Por otro, si son citadas personas implicadas, que tienen la obligación de acudir, cabe recordar, pero todavía no han comparecido ante la justicia, las posibilidades de que digan cosas interesantes o esclarecedoras casi desaparecen. Por último, esas personas, en caso de que hablen en el Parlamento y digan algo que la justicia luego certifica que es falso, habrán incurrido en un delito penal, lo que maniata el trabajo de la comisión aún más.
Aludió, obviamente, a la petición del PP. Oramas, en conversación con este medio, está convencida de que habrá comisión sobre el “caso Mediador” en el Congreso, igual que habrá con el “caso Cuarteles”, pero sus objeciones no residen en la viabilidad de ambas, sino en el momento. Y ahora no es el momento.
Motivación electoral
Terminó la reunión de la Junta, pero no amainaron los ánimos. El de Patxi López estaba más relajado. El PSOE había evitado que el “caso Mediador” se le acercara demasiado. El de Cuca Gamarra estaba más exaltado. Aseguró en rueda de prensa que “el acuerdo real es salvar al PSOE”. Y dio la razón, a su juicio: “El Partido Socialista ha indultado a los dirigentes de Esquerra, a los que han sido condenados por atacar el orden constitucional”, apuntó antes de subrayar en qué consiste devolver ese favor: “¿Cómo no va a indultar ERC al PSOE?”.
Para rematar, aportó esta aseveración: “Tan cómplices de la corrupción que se ha llevado a cabo aquí son los que tapan en el PSOE como quienes impiden que se investigue”.
Aitor Esteban, que no ha estado ni está en el meollo de las componendas PSOE-ERC-EH Bildu, no se anduvo con ambages el martes. “Yo no he estado en ese lío”, declaró, y acto seguido expresó sus dudas sobre que verdaderamente se aborde el “caso Cuarteles” en el Congreso. “El grupo socialista, de lo que empieza a lo que acaba, suele cambiar bastante”, manifestó. Y en época electoral, más. Fue de los pocos que en público puso el foco en las motivaciones electorales de esta guerra de comisiones de investigación que está vivienda el Congreso desde hace un par de semanas.
En la derecha, según fuentes parlamentarias de este bloque, no hay dudas. El PSOE ha logrado diluir el caso de “Tito Berni” gracias al “caso Cuarteles”. El tiempo dirá. Mientras tanto, ERC prepara la lista de comparecientes.
