El titular del Juzgado de Instrucción 18 que investiga el caso Taula ha acordado la apertura de juicio oral contra el exvicepresidente de la Diputación de València, entre otros cargos, Máximo Caturla, por un presunto delito de insolvencia punible por alzamiento de bienes. Caturla, que está siendo juzgado por la pieza del caso Taula de los zombis hasta el 15 de marzo, se habría desprendido de parte de su patrimonio inmobiliario entre 2014 y 2015, antes de que fuera detenido el 26 de enero de 2016, cuando estalló la operación Taula.
Según el auto de apertura de juicio oral, Caturla será enjuiciado por el Juzgado de lo Penal que corresponda por turno de reparto (hay un total de 19), lo que anticipa que se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción inferior a cinco años de prisión. En caso contrario sería juzgado por una sección de la Audiencia de València.
Responsabilidad civil de la empresa familiar
En el mismo auto, el titular del Juzgado de Instrucción 18 exige a Caturla que deposite una fianza de 15.000 euros “para cubrir las responsabilidades pecuniarias que en su día pudieran declararse procedentes”. En esta causa aparecen como responsables civiles subsidiarios la empresa familiar de elaboración de tomate casero, así como los tres hijos de Caturla.
Los indicios del presunto alzamiento de bienes se produjeron “en el periodo comprendido entre octubre de 2014 y noviembre de 2015” cuando Caturla fue “conocedor de que podía estar siendo investigado penalmente por hechos concernientes a la etapa de 2003 a 2007 en que desarrolló actividad política como secretario autonómico de Educación y como consejero celegado de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA)”.
Cambió de móvil cuando sospechó que estaba siendo investigado
Ante estas circunstancias, Caturla contrató a un despacho de abogados, cambió de móvil y “con la finalidad de evitar, aminorar, o dificultar el embargo y apremio de sus bienes, llevó a cabo una serie de operaciones tendentes a reducir o gravar su patrimonio personal inmobiliario y a derivarlo hacia la empresa y sociedad familiar de la que hasta entonces era socio mayoritario”, según el auto dictado por el mismo Juzgado de Instrucción 18 que dio por finalizada la instrucción judicial el 6 de octubre de 2022.
