Con un grado del 85% de discapacidad por una deficiencia visual grave, problemas respiratorios y un hijo a cargo de 12 años, Pilar Soto no entiende por qué, de repente, el Gobierno ha decidido quitarle el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que recibía desde junio de 2020, cuando la ayuda se anunció a bombo y platillo y, para agilizar los trámites, se le otorgó “de oficio” a todas aquellas familias que recibían una prestación denominada la “ayuda por hijo a cargo”.
Así, Pilar fue una de las 9.271 familias valencianas que pasó a recibir el IMV sin haberlo solicitado. Aplaudió la medida. Le hacía falta. Su economía era muy precaria. El problemas es que lo sigue siendo pero ahora el Gobierno ha decidido revisar los requisitos de aquellas familias que recibieron la ayuda de oficio. Y Pilar no es la única que se ha quedado compuesta y sin ayuda. Y eso que asegura que su situación no ha variado en este tiempo. Misma pobreza en un hogar con graves dificultades económicas y una maltrecha salud que impide aumentar los ingresos.
Pilar recibió una carta el 16 de diciembre de 2022. En ella le explican que si no “presenta la documentación solicitada se extinguirá el derecho a al prestación de ingreso mínimo vital a partir de 1 de enero de 2023” ya que existían discrepancias en el número de personas que conforman la unidad familiar. La mujer envió vía telemática (con ayuda de un conocido) la documentación que le solicitaron pero, sin recibir carta de respuesta ni notificación alguna, el 28 de diciembre “el dinero de la ayuda que me habían ingresado cuatro días antes (el 24 de diciembre) desapareció de mi cuenta”, explica la mujer. Igual que había llegado, se fue.
Ante la falta de atención presencial en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) –sólo se dan citas previas que desaparecen con rapidez en cuanto se abre la agenda semanal- la mujer ha conseguido hablar con la Administración con la atención telefónica que ofrece el Gobierno. Ahí le dijeron (pero carece de documentación para demostrarlo, ya que el INSS no le ha enviado carta alguna) que su expediente “estaba archivado”. “Yo les expliqué que me daban de plazo hasta el 1de enero de 2023 para presentar la documentación, que ya la había enviado en tiempo y forma y que no podían archivar nada si ni tan siquiera me lo había comunicado y mi situación no ha variado”, asegura la mujer. A día de hoy sigue sin recibir ni carta ni prestación.
Seis cuantías diferentes y ninguna explicación
La mujer explica que, aunque la prestación del IMV que tiene aprobada es de 365 euros, sólo cobró esta cuantía el primer pago, en junio de 2020. “Luego pasé a percibir 175 euros cada mes. En enero de 2021 me pagaron 371, pero a partir de febrero me redujeron al cuota a 188 euros. En 2022 volvió a cambiar. Me pagaron unos atrasos y me subieron la ayuda a 554 euros. Así estuve unos meses y la última cantidad que he tenido son 420 euros”, explica. Para documentar una información de la que no tiene constancia ni explicación oficial, muestra la cartilla bancaria.
Pilar tiene una discapacidad visual grave, es asmática y tiene a su cargo a uno de los dos hijos que tiene. La mujer solo ingresa 321 euros por una pensión por su discapacidad y 100 euros como familia numerosa. Con esos 421 debería vivir. Sin embargo, el hijo que tiene a su cargo tiene 12 años y recibe una paga de orfandad de 266 euros. Al parecer, 687 euros al mes para la madre y el hijo es dinero más que suficiente para que esta familia pueda vivir sin ayudas públicas. Así se lo han comunicado a Pilar. “Me dicen que percibo más dinero del que debería para pedir la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) y que solicite el IMV, pero me lo han denegado porque también ‘me paso’ de ingresos”, lamenta.
“Tras los pagos fijos del alquiler y de una deuda en el juzgado, la madre y el hijo deben pasar el mes con 17 euros”
La Administración le contabiliza los ingresos, pero ignora los gastos que empiezan por la base: tener un techo. El alquiler, un piso en la localidad de Llíria, les cuenta la mitad de lo que ingresan. Casi la otra mitad (320 euros) es una cuantía que la mujer debe ingresar en el juzgado. Así, madre e hijo deben pasar el mes con 17 euros para pagar facturas de suministros básicos, los seguros, los gastos escolares y la alimentación. Imposible.
Pobreza energética
Con el dinero que recibían del IMV se han ido apañando. Y con todo “mi madre y amigos me han prestado dinero, claro. Porque si el IMV eran los 554 o 420 euros pues me iba apañando. Pero cuando me pagaban 175 pues ya no me daba. Yo no como ya ni carne, ni pescado. Eso se lo dejo a mi hijo. Tengo dos bombonas de butanos, para cocinar y para la ducha. Intento que la casa esté caliente cuando está mi hijo. Y me tapo con mantas porque no me puedo permitir otra cosa si estoy sola en casa. Es increíble que me digan que no tengo derecho a nada. No llego a 700 euros, no puedo trabajar, no tengo manera de aumentar mis ingresos y lo poco que tenía me lo quitan”.
Además, la mujer teme que le reclamen el dinero que ha percibido por el IMV. “Cuando me atendido por teléfono me han dicho que me quitan la ayuda porque nunca me había correspondido. Y que, encima, me reclamarán lo que me han ingresado. Eso no puede pasar. Y que protegen al menor, dicen. Ya me encargo yo de que mi hijo esté lo mejor posible. De quitarme yo para darle a él. Pero, desde luego, no son ellos los que me ayudan. No es el Gobierno que me da una ayuda para luego quitármela y decirme que cobro de más y que no tengo derecho a nada”.
