El 15 de diciembre de 2022 por la tarde, el pleno del Congreso aprobó una reforma del Código Penal para cambiar la redacción de una serie de delitos, entre ellos el de la sedición y el de la malversación. Se montó una bronca considerable. El PSOE acusó a la derecha de alentar la paralización de la actividad parlamentaria a través del Tribunal Constitucional, más o menos como el 23 de febrero de 1981 pero sin tiros ni tricornios. El PP acusó al Gobierno de dar “un golpe a la democracia” con la tramitación de la iniciativa. La reforma salió adelante porque 184 diputados y diputadas, la mayoría progresista de la Cámara, así lo quisieron. Los populares no votaron, en señal de protesta.
A mediados de enero, la reforma entró en vigor, previa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ya se pueden aplicar las nuevas penas tipificadas para los delitos contra el orden público, que sustituyen a la sedición, y para los de malversación. El coste en términos políticos fue alto debido al desdén que se profesaron los partidos de la izquierda y los de la derecha. El coste en tramitación parlamentaria quizá no resultara tan elevado, pero lo hubo, pues en apenas un mes el procedimiento empezó, avanzó y terminó, y dando cobijo, además, a las enmiendas que hasta los propios letrados de la Cámara cuestionaron por desconexión temática. Hablamos de los cambios de las leyes del Tribunal Constitucional y del poder judicial, tumbados por el máximo órgano de garantías.
Todavía resuena en la Cámara aquel embrollo, los tres plenos extraordinarios para debatir la toma en consideración, superar las enmiendas a la totalidad y proceder a la aprobación definitiva, respectivamente. Late aún la tensión. El Congreso no se ha restablecido de aquel empuje, que los grupos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, justificaron y defendieron, y llega ahora otra propuesta para cambiar el Código Penal a toda velocidad, consecuencia de los “efectos indeseados” de la ley del ‘sólo sí es sí’.
El grupo socialista registró el lunes la proposición de ley para modificar el Código Penal en lo que respecta a las penas por delitos contra la libertad sexual. Plantea retocar los artículos 178, 179 y 180, entre otros, así como incluir dos disposiciones transitorias sobre la legislación aplicable y la revisión de sentencias, precisamente lo que algunos grupos echan de menos de la ley vigente. Al no haber disposiciones como éstas, las revisiones a la baja son más probables, argumentan.
Lo que pretende el PSOE, habida cuenta del malestar del presidente del Gobierno, algo que él mismo ha reconocido este martes, es elevar la pena máxima si “la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación” o si la víctima tuviera “anulada” su voluntad por “cualquier causa”. Si no existe violencia, la pena máxima baja. El Ministerio de Justicia cree que así las revisiones, que seguirán, no terminarán con reducciones en los castigos.
El portavoz del grupo socialista, Patxi López, aseguró el lunes, poco después de registrar la propuesta, que el deseo de su partido era que el trámite se hiciera rápidamente. Podría el grupo haber comenzado este martes si uno de sus representantes en la Mesa del Congreso hubiera presentado la iniciativa “en mano”, respaldada por una mayoría del órgano parlamentario. Es irregular, sí, e infrecuente, y de hecho el grupo socialista no lo ha hecho nunca esta legislatura, según recuerdan sus fuentes, pero es una maniobra que puede efectuarse.
El PSOE no ha recurrido a ese ardid, y aunque no tiene por qué traducirse en un alargamiento de los tiempos, al menos por ahora, la toma en consideración se situaría ya en la semana del 20 de febrero. A no ser que la Junta de Portavoces del día 14 acuerde la inclusión en el pleno de esos días de una sesión extraordinaria, el ritmo sería más pausado de lo pronosticado inicialmente a tenor de las urgencias manifestadas por el PSOE.
En cualquier caso, en el Congreso nadie duda de que volverá a revisarse el Código Penal antes de que acabe el mes. Objetivo: acabar con el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales.
La negociación para que tal propósito llegue al puerto que desea el presidente del Gobierno se antoja peliaguda. Los aliados del PSOE y de Unidas Podemos no quieren que “el consentimiento” quede alterado, en comparación con cómo figura en la norma vigente. Las direcciones de los partidos y de sus grupos parlamentarios van a estudiar la proposición socialista “con detenimiento”. Vienen días de nerviosismo pese a la “calma” por la que han abogado.
La reforma tapada
Nerviosismo es la sensación que envuelve otra reforma del Código Penal a punto de debatirse y de votarse en el Congreso. Será el jueves. Figura en el orden de ese día un punto titulado así: “Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de maltrato animal”.
Efectivamente, los diputados y diputadas negocian contrarreloj para que esta nueva reforma del Código Penal vea la luz. No aparece el panorama muy despejado que se diga, porque al PSOE y a Unidas Podemos no le salen los votos que exige cambiar una ley orgánica, que son 176, la mayoría absoluta. Será importante la posición de ERC, el aliado crucial, al igual que la del PDeCAT y las de formaciones minoritarias como Teruel Existe o PRC.
Lo que el pleno analizará dentro de 24 horas es ampliar el grado de protección, que no abarcará a los animales domésticos, domesticados o que convivan con el ser humano solamente, sino además a “los animales silvestres que viven en libertad”, según se expresa en el dictamen aprobado por la Comisión de Derechos Sociales en diciembre.
Está en juego la incorporación al delito de maltrato animal de “nuevas agravantes” que deriven en “penas más graves”. Podrían revisarse, por tanto, los artículos 334, 335 y 336, así como se añadirán disposiciones transitorias sobre legislación aplicable y revisión de sentencias, no sea que se produzcan, también aquí, “efectos indeseados”.
PSOE y PP, mal avenidos
Los años 20 y 21 fueron parcos en reformas del Código Penal. En el año más duro y letal de la pandemia no se tocó casi nada, salvo para erradicar la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. El año siguiente experimentó dos reformas, entre ellas la derogación del artículo que permitía la petición de penas de cárcel para huelguistas.
Pero el año 22, tan reciente, registra un aumento notable. Así, el Congreso dio vía libre a la penalización del acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas. 204 votos a favor recibió la propuesta. Aquí estuvieron el PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat, Más País, Ciudadanos, PNV… Pero no el PP, que rechazó la propuesta.
Más adelante, la Cámara Baja retocó el Código para fijar penar la promoción de odio, hostilidad o discriminación por motivos racistas, antisemitas, antigitanos, o por ideología, religión, etcétera. Aquí PSOE y PP votaron lo mismo: a favor. Fue un desglose de la llamada “ley Zerolo”, ya que al afectar al Código Penal hay que tramitarlo como ley orgánica, no como ley ordinaria.
Otra reforma: la de los delitos de hurto para dar respuesta a los casos de multirreincidencia. 190 votos a favor recibió la propuesta, pero no los del grupo popular, que se abstuvo. Y una más: sobre la imprudencia en la conducción de vehículos de motor o ciclomotor. 195 síes hubo en esa sesión, no los del PP entre ellos, pues nuevamente los de Cuca Gamarra se abstuvieron.
Terminó el año con una reforma que se saldó con unanimidad, algo tremendamente excepcional esta legislatura. Afectó al agravamiento de las penas por delitos de trata de personas desplazadas por conflicto armado o catástrofe humanitaria. Nada que ver con el siguiente retoque, el de la sedición y la malversación, que encendió el ánimo político sobremanera.
