Alargar la educación obligatoria hasta los 18 años, en lugar de hasta los 16, es una constante aspiración de la comunidad educativa en España. El Consejo Escolar del Estado (una institución formada por diversos sectores y que que realiza una labor consultiva, de asesoramiento y de propuesta al Gobierno) plantea en su último informe debatir la medida. No lo plantea al Ejecutivo como medida obligatoria sino que propone volver a abrir el debate. No es la primera que vez que lo plantea. Lo lleva haciendo repetidamente desde hace siete años. De momento, el asunto no ha pasado más allá de la simple discusión.
En 2011, el Parlamento Europeo recomendó a los estados miembros alargar la educación obligatoria para combatir el abandono escolar temprano. Tras la recomendación del Parlamento Europeo, un puñado de países adoptaron la medida. Por ejemplo, algunos estados de Alemania, así como Portugal, Países Bajos y Hungría. En algunos casos, los estudiantes pueden combinar la asistencia al aula con un empleo a tiempo parcial. Mientras, en Francia e Italia la educación obligatoria dura 10 años, igual que en España, donde los 16 es la edad legal para trabajar. España tiene, además, altas tasas de escolarización: 97% (14 años), 96% (15 años), 95% (16 años). Entre los chavales y chavalas de 17 años, el porcentaje es de 90%, que baja diez puntos porcentuales entre los de 18 años.
Respaldada por la mayoría de expertos en educación, la medida propuesta por el Consejo incluye escolarizar en condiciones de gratuidad a los alumnos con edades iguales o inferiores a los 18 años que están actualmente desescolarizados y también hacer gratuita la enseñanza secundaria superior (bachillerato o FP de grado medio) para los que ya están escolarizados. La iniciativa tendría un evidente coste económico a cargo de las arcas del Estado, que, según el Consejo, sería “asumible” porque se trata de una “inversión rentable”.
No fue de la misma opinión el entonces ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo (PP), que consideró que universalizar la educación hasta los 18 años era “una mala idea”, entre otros motivos, por el coste económico que acarrea.
Previamente, otro titular de Educación -esta vez del PSOE, Ángel Gabilondo (ministro entre 2009 y 2011)- colocó el debate en la agenda política, pero dejando claro que la prolongación sería “insensata” si el sistema siguiera siendo rígido y “todos tuvieran que cursar lo mismo”. El sindicato CCOO también se ha mostrado históricamente a favor de la extensión.
En Catalunya, la comunidad educativa barajó la idea en 2016. El PSOE llegó, incluso, a incluirla en uno de sus borradores electorales. Sin embargo, la cuestión nunca ha ido más allá del puro debate. La nueva ley educativa, Lomloe (más conocida por el apellido de la exministra socialista que la impulsó, Isabel Celaá) no incluyó la extensión hasta los 18 años a pesar de las reiteradas sugerencias del Consejo Escolar y las instituciones europeas.
Más estudios, más sueldo
En su informe de 2015, el órgano consultivo en temas de educación aseguraba que hay sólida evidencia científica que muestra que un año extra de experiencia escolar en la educación secundaria superior produce, de promedio, un incremento en los ingresos anuales del individuo de hasta el 12%.
La propuesta del Consejo Escolar subraya la flexibilidad. Alargar la educación no significa que todos los alumnos tengan que realizar el mismo itinerario educativo, sino que “debe haber un incremento de la libertad individual en la elección de diferentes vías formativas y una mayor flexibilidad en la organización de sus enseñanzas”.
El nuevo sistema debería facilitar, a partir de los 16 años, la conciliación entre formación y empleo. El Consejo propone diversas fórmulas: formación profesional dual, contratos para la formación y el aprendizaje, turnos vespertinos y enseñanza ‘online’ o semipresencial.
El Consejo ha pedido históricamente a las distintas fuerzas políticas que lleguen a un consenso básico con el objetivo de aumentar la formación de las nuevas generaciones y brindar, por lo tanto, un futuro mejor. La institución sugiere una implantación progresiva de la medida.
