Podemos avisa al juez del denominado caso Neurona de que alguien en 2021 suplantó la identidad de su responsable de Facebook, que también fue testigo en el procedimiento en el que se investiga el contrato de 363.000 euros que firmó con la consultora en el marco de la campaña a las elecciones generales de abril de 2019.
“Ha tenido conocimiento esta parte de que en fecha 11 de diciembre de 2021 (…) persona desconocida acudió a la tienda de Yoigo (…) y exhibiendo documentación que la acreditaría (…) se hizo pasar por ella y solicitó el duplicado de la tarjeta SIM de su número de teléfono móvil (…), accediendo efectivamente a su cuenta de Telegram y asociando el correo electrónico (…)”, señala la formación ‘morada’ en un escrito que ha aportado esta semana al juzgado y al que ha tenido acceso Europa Press.
Podemos destaca que los hechos que ahora pone en conocimiento del juzgado habrían tenido lugar en 2021, “apenas mes y medio después” de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional redactara -en el marco del caso Neurona- un informe sobre parte del contenido que había en el móvil de dicha trabajadora del partido; en concreto, sobre los vídeos que le envió Carlos Portillo, responsable de la consultora. La formación liderada por Ione Belarra no precisa en su escrito cuándo se enteró de estos hechos.
Al hilo, la defensa recuerda que la trabajadora de Podemos declaró como testigo ante el juzgado en mayo de 2021. Según precisa, el juez la citó a comparecer para descargar y volcar parte del contenido de su teléfono en el procedimiento.
El partido comunica al juez que dicha trabajadora denunció la supuesta suplantación entre la Policía. Y avisa, a su vez, de que no le consta que se haya intentado realizar “ningún tipo de operación de índole lucrativo, lo que a su juicio “es indicativo de que la operación de suplantación de identidad denunciada lo que buscaba era la obtención de información obrante en el teléfono de” la empleada de Podemos.
Estado de la investigación
Podemos ha aportado ahora este escrito, después de que la semana pasada entregara un informe al procedimiento en el que se analizan contratos “similares” adoptados por Administraciones Públicas “de todo signo político” para pedir al juez que archive el procedimiento al considerar que “la información aportada permite concluir” que “no existe distorsión alguna en el precio pactado libremente” con la consultora y que, por ende, no hay indicios de delito.
De momento, el informe pericial que encargó el juez Juan José Escalonilla hace más de un año es la única diligencia que queda pendiente en la investigación, al margen del informe en el que ya trabaja la Unidad Central de Ciberdelincuencia sobre los correos electrónicos del cofundador de Podemos imputado en esta causa, Juan Carlos Monedero.
El magistrado rechazó el pasado julio una nueva prórroga del plazo al considerar que no había más diligencias que practicar. Se prevé que una vez que se aporten ambos informes al procedimiento el titular del Juzgado decida si archiva o si, a la vista de nuevos indicios recogidos en dichos informes, retoma la investigación.
