El PP ve indicios sobre la existencia de “una auténtica caja B de financiación ilegal del PSOE“ a partir de la presunta trama corrupta de financiación del socialismo valenciano por la que solicita una comisión de investigación en el Senado que afectaría al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.
Es más, en el escrito que ha dirigido a la Mesa del Senado para requerir esta comisión, el PP subraya que este caso tiene “ramificaciones que afectan a dirigentes políticos y cargos electos socialistas a nivel nacional” con una caja B que “se ha mantenido durante décadas y que continúa hasta nuestros días”.
Firman el documento 24 senadores del grupo popular junto a la senadora navarra Ruth Goñi -quien tras abandonar Ciudadanos forma parte del grupo Mixto- cumpliendo así el requisito exigido por el Reglamento de las 25 firmas de senadores de al menos dos grupos diferentes necesarias para pedir una comisión de este tipo.
El portavoz del grupo popular, Javier Maroto, dijo este miércoles al anunciar esta iniciativa que el PP cree que la comisión, en caso de ponerse en marcha, debería acabar sus trabajos antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo porque los valencianos “tienen derecho a saber hasta dónde está metido su presidente en un asunto que presuntamente, suena a corrupción”.
Este grupo sostiene en su solicitud, a la que ha tenido acceso EFE, que los indicios de que el PSOE “lleva financiándose ilegalmente” en la Comunidad Valenciana vienen “desde los albores mismos de nuestra democracia” y evoca un documento de 1979 de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE que animaba a sus cargos locales a lograr financiación “extra” para el partido.
Considerada una auténtica “carta fundacional de la creación de un entramado político-empresarial del PSOE para delinquir” y “financiar ilegalmente al PSOE en toda España”, el PP lleva este “patrón de comportamiento” a los casos que según este grupo están confirmando la “inequívoca financiación ilegal” del PSPV-PSOE y del PSOE a nivel nacional, como el caso Azud.
También hace constar que la presunta trama corrupta afecta “directamente” al PSOE y a su organización territorial encabezada por Ximo Puig, cuya comparecencia dijoeste miércoles Maroto que debería ser la primera ante la comisión de investigación.
Tras enfatizar que “el propio tesorero” socialista reconoció “en sede judicial” la existencia de una Caja B que sigue vigente, el grupo popular menciona como “cabecilla” de la trama valenciana al exjefe de Finanzas del PSPV, José María Cataluña.
Con estos prolegómenos, los populares entienden que “se dan los elementos objetivos” para crear una comisión de investigación, “por tratarse de un asunto de interés público” y que ha creado “alarma social importante” porque los socialistas, recuerdan, “están manejando decenas de millones de euros” desde sus cargos en el Gobierno, la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos.
Su objeto sería por tanto “investigar y, en su caso, determinar la existencia de responsabilidades políticas, por la presunta financiación ilegal del PSOE”, así como establecer recomendaciones.
Para ello habría que indagar sobre unas prácticas articuladas mediante una “trama político- empresarial” diseñada “para allegar fondos al partido provenientes de adjudicaciones de contratos públicos y otros mecanismos de financiación irregular”, así como a través de “donaciones irregulares” para costear campañas y la ocultación de cantidades a Hacienda, concluye el escrito.
