El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, controlado por los republicanos, centró este miércoles su primera investigación de la legislatura en el gasto federal efectuado durante la pandemia, alegando que hubo un fraude masivo en las ayudas concedidas.
“Lamentablemente los demócratas llevaron a cabo escasa vigilancia y protección respecto al despilfarro de dinero. Y ¿qué pasa cuando no hay vigilancia? Nada bueno“, recalcó el presidente de esa comisión, James Comer.
Su objetivo, dijo, es poner en evidencia que hubo pocas salvaguardas por parte de los demócratas para evitar el fraude, identificar dónde fueron esos fondos y determinar qué hacer para evitar que vuelva a suceder.
El Comité de Rendición de Cuentas en la Respuesta en la Pandemia (PRAC), un órgano de vigilancia federal creado en marzo de 2020, calcula que solo el fraude potencial en las solicitudes a los programas de préstamos por daños económicos en un desastre y al de protección con cheques de pago se eleva a 5.400 millones de dólares durante la pandemia.
“No puedo descartar que el fraude pueda ser solo de decenas de miles de millones, sino tal vez, como algunos han estimado, de más de 100.000 millones”, señaló el presidente del PRAC, Michael Horowitz, llamado a declarar junto al auditor general de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, Gene Dodaro, y el subdirector de la Oficina de Investigaciones del Servicio Secreto, David Smith.
En plena pandemia, añadió Horowitz, “hubo voluntad de facilitar el dinero lo antes posible para asegurarse de que llegara”.
Para Dodaro, hay señales de que efectivamente hubo fraude, pero es imposible determinar su alcance: “En primer lugar las agencias deberían haber estado mucho más preparadas para prevenirlo”, sostuvo.
La urgencia en la entrega de fondos complicó la transparencia y la rendición de cuentas requerida por la legislación, y a menos que haya cambios, no se estará mejor preparado en un futuro de cara a futuras emergencias, alertó este último.
El auditor general confió en que los legisladores puedan “establecer soluciones” para que la próxima vez que se aprueben fondos de emergencia se haga de forma que lleguen a quienes lo necesitan y no se permita que ese tipo de actividad fraudulenta “invada” los programas nacionales.
Más de 1.000 personas se han declaradas culpables en Estados Unidos o han sido condenadas por cargos federales de fraude en los programas de ayuda por la covid-19, más de 600 personas y entidades afrontan cargos similares y el Departamento de Trabajo abre 100 nuevos casos de fraude a la semana, según el Comité de Supervisión.
Comer anticipó que llevarán a cabo muchas más de estas audiencias sobre “este tema importante”: “Le debemos al pueblo estadounidense llegar al fondo del mayor robo de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la historia”.
