El trago político de las rebajas de condenas a delincuentes sexuales está resultando indigerible para el PSOE y, a cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales, la inquietud en los territorios por la falta de enmienda del Gobierno va en aumento. Desde que, en aplicación de la ley del ‘sólo sí es sí’, comenzó el goteo de reducciones de penas los barones llevan clamando para que el Ejecutivo ofrezca una solución jurídica y política. Pero la anhelada rectificación no llega.
Como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, tras varias reuniones entre los Ministerios de Justicia y de Igualdad no se ha conseguido alumbrar una salida técnica. La propuesta que han hecho los socialistas es separar de nuevo abuso y agresión y volver al sistema anterior de penas pero a este cambio Podemos se niega. La unificación en un único delito fue una de las grandes novedades de la ley para que se consideraran agresiones sexuales todas aquellas conductas contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona.
La postura de Podemos es que el fallo no está en la ley si no en la aplicación que los jueces hacen de ella y se muestran contrarios a corregirla. En la dirección socialista son conscientes del “daño” que les está ocasionando tanto los efectos de esta norma como el hecho de no repararlo pero sostienen que no pueden actuar sin que su socio de Gobierno esté de acuerdo. “Ojalá”, apuntan, sobre un cambio de postura de Podemos. Aunque la última palabra la tiene Pedro Sánchez, que podría optar de manera unilateral por la modificación como método de presión a los morados, según fuentes socialistas. Para ello contaría con el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, favorable también a tocar la ley.
En las autonomías son conocedoras de que por ahora no existe un consenso interno en el Gobierno y de las propias dificultades técnicas de enmendar la ley pero la demanda de que haya una corrección no ha variado. Al contrario, ha ido creciendo. En las comunidades, según confirman distintas fuentes socialistas, consideran que el “desgaste” de poner en la calle a violadores es mucho más profundo que el que puede producir la polémica rebaja del delito de malversación y la eliminación de la sedición. “Infinitamente mayor”, subrayan en una región.
Lo es por las terribles consecuencias que ha provocado y porque una de las grandes fortalezas del PSOE es el voto femenino. “Hay un componente muy emocional”, constatan, en referencia a que un Gobierno progresista pueda haber permitido que esto suceda. Además, la sensación en el partido es que pasa factura al Ejecutivo de manera global. No se distingue si la ley fue impulsada por un ministerio de Podemos. Lo que la gente sabe, explican, es que la aprobó el Gobierno de Sánchez. “No tenemos un detector sobre lo que opina ‘la calle'”, describe un dirigente territorial, pero los efectos de esta norma “se están materializando todos los días en resoluciones judiciales”.
Por eso se insiste en que es necesario que Moncloa ofrezca una salida política que debería llegar, aseguran, antes de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. “Cuanto antes”, destacan. “La ley está mal planteada y provoca efectos contrarios a los previstos”. Este viernes, la presidenta de Navarra, María Chivite, repitió públicamente la petición formulada de manera reiterada por otros barones.
“Quiero poner en valor la ley del ‘sí es sí’, ha puesto en el centro la libertad sexual de las mujeres y hace una atención integral a todo lo que tiene que ver con la violencia sexista. Ahora bien, creo que está teniendo unas consecuencias que no son deseadas, que no son buenas, y que además pueden dar un mensaje de desprotección a las mujeres. Por lo tanto, yo espero y deseo que esas consecuencias no deseadas sean corregidas”, defendió.
Coste electoral
En este punto se sitúan todos los presidentes autonómicos que, desde que se conocieron las primeras reducciones de condena, pusieron de manifiesto su disconformidad. “Es una preocupación importante”, admiten en una región. Pero “no sabemos si tendrá repercusiones electorales”. El mismo razonamiento se hace en otras comunidades.
El temor existe pero se desconoce como se traducirá en las urnas. Cada vez es más difícil de predecir el sentido del voto porque desde la gran crisis de 2008, que modificó los hábitos de consumo y una arraigada previsibilidad, y la irrupción de nuevos partidos en la política española a partir de 2015, los españoles se deciden más tarde.
Este es el motivo porque han ganado peso los debates y las campañas electorales. Y también la razón por la que en las comunidades socialistas se piensa que si en el último mes ningún tema nacional irrumpe en la agenda, la campaña será sobre asuntos autonómicos y cada barón podrá centrarse en vender su gestión. En definitiva, que no es lo mismo unas elecciones en mayo que el pasado mes de noviembre, cuando comenzaron a materializarse las primeras rebajas de condena a agresores sexuales.
En cualquier caso en los territorios se mueven a ciegas respecto a qué asunto podrá influir más. Algunos creen que les beneficia que estos temas estén muy circunscritos “a Madrid”. Algo que apoyan fuentes de otras regiones. En Canarias, por ejemplo, consideran que el foco sobre la acción del Ejecutivo está puesto en la gestión de la crisis volcánica de Las Palmas y las medidas anticrisis y que son estos asuntos y no otros los que centran el día a día de la vida parlamentaria.
En otras comunidades, reconocen en cambio, que sí podría afectar que tras la modificación de la malversación se produjeran también reducciones de penas. También, apuntan desde otra, “ayuda que el PP pacte con la extrema derecha”, en referencia a la reciente polémica del aborto en Castilla y León.
