El explosivo y divisivo debate de la política de asilo e inmigración regresa a lo más alto de la agenda europea de la mano de la presidencia sueca de la UE, que quiere acelerar la devolución de inmigrantes ilegales. “La falta de devolución de migrantes es un problema real para muchos países y el nivel actual no es adecuado. Eso tiene un impacto negativo en la capacidad de los miembros de tratar nuevas llegadas y socava la legitimidad del sistema de asilo e inmigración de Europa”, ha explicado este jueves la ministra sueca de inmigración, María Malmer Stenergard, tras la reunión de ministros de interior celebrada en Estocolmo.
En el encuentro la comisaria Ylva Johansson ha presentado su plan para impulsar y acelerar las repatriaciones de aquellas personas que no cumplan los requisitos para acogerse a la condición de refugiado o la protección internacional. “Podemos hacer progresos significativos para aumentar el número de devoluciones y que sean más eficaces y rápidas”, ha dicho Johannson que ha recordado que buena parte de los inmigrantes que llegan a la UE proceden de países considerados “seguros” como Marruecos, Túnez, India, Egipto o Bangladesh.
Según ha explicado la ministra sueca, existe consenso entre los Veintisiete para utilizar la política de visados y el artículo 25 del código como moneda de cambio. Se trata de una cláusula que permitiría a los Veintisiete aplicar restricciones de visados a los países con tasas bajas de retornos como medida para incentivar a que acepten las repatriaciones, algo muy complicado a tenor de las cifras actuales. Según Johannson, el año pasado por ejemplo, solo el 16% del total de inmigrantes ilegales fueron readmitidos en sus países de origen mientras que solo cinco países de la UE utilizan el apoyo de la agencia Frontex en las devoluciones.
La cuestión ha vuelto a resurgir en la agenda por el aumento de las llegadas de inmigrantes y las peticiones de asilo. “Tenemos que ser capaces de pasar de la palabra a la acción y hacer un uso completo de todos los campos de políticas relevantes relacionados con la inmigración, desde el comercio, a la cooperación internacional, las relaciones diplomáticas y, cuando sea apropiado, la vía legal”, ha defendido. Algunos países van más lejos, como Austria, y reclaman a Bruselas que financie la construcción de vallas entre Turquía y Bulgaria.
Carta de Von der Leyen
El asunto se incluirá en la agenda del próximo Consejo Europeo extraordinario que reunirá a los 27 jefes de estado y de gobierno el 9 y 10 de febrero en Bruselas. A ellos les ha escrito este jueves una carta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recordando el fuerte crecimiento en las demandas de asilo el año pasado y el aumento de las llegadas a través del mediterráneo y los Balcanes occidentales hasta alcanzar cifras que no se vivían desde la gran crisis migratoria de 2016. “El riesgo a quedarnos cortos siempre permanecerá mientras no tengamos un nuevo pacto de asilo e inmigración” pero “eso no significa que no podamos actuar ahora”, les señala.
Von der Leyen plantea la adopción de medidas operativas para gestionar mejor las fronteras exteriores con un mayor despliegue coordinado en “puntos estratégicos” y el uso de inteligencia. “Clave en todo esto es trabajar de forma más dirigida con socios en el mediterráneo y los Balcanes occidentales”, sostiene. El segundo gran foco de acción deben ser los procedimientos fronterizos y de retorno y hacer frente a las lagunas y brechas que existen y que suponen “un coste real” para la eficacia de las políticas. La idea de Bruselas es acelerar los procedimientos y aplicar de forma más sistemática el concepto de país tercero seguro -dotándose de una lista de países- así como utilizar la cooperación europea para impulsar las devoluciones, incluyendo el reconocimiento mutuo de decisiones de retorno para lo que presentarán una recomendación en primavera.
La alemana también hace hincapié en la necesidad de dar una solución a los movimientos secundarios, dentro de la UE, y garantizar la solidaridad entre Estados miembros. La presidenta de la Comisión pide a los Estados miembros que apoyen a aquellos socios europeos con mayor presión migratoria a través de mecanismo de solidaridad voluntaria que “debería actuar como un precursor de un mecanismo permanente”. El último ámbito de actuación en que deberían focalizarse los Veintisiete pasa por intensificar la cooperación con países terceros. Actualmente, la UE dedica más del 10% de su presupuesto para la financiación exterior al gasto migratorio y este año excederá los 500.000 millones de euros. “Establecer los incentivos adecuados con un enfoque gubernamental global entre diferentes áreas es crucial para apuntalar el compromiso con terceros países, con el foco en Africa”, señala.
