El recién estrenado gobierno del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sufrió su primera baja este sábado con la destitución del Comandante del Ejército debido a un “quiebre en el nivel de confianza” tras la asonada en Brasilia del 8 de enero.
El ministro de la Defensa, José Múcio, oficializó la salida del comandante Júlio César de Arruda la noche del sábado luego de reunirse con el mandatario de izquierda.
“Después de los últimos episodios (…) del 8 de enero, las relaciones sufrieron un quiebre en el nivel de confianza”, dijo Múcio en el palacio presidencial de Planalto.
“Creíamos que necesitábamos detener eso para superar este episodio”, agregó en alusión a la invasión y saqueo de las sedes de los poderes públicos el 8 de enero en Brasilia por miles de simpatizantes radicalizados del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
Arruda fue reemplazado por el general Tomás Ribeiro Paiva, quien se desempeñaba desde 2021 como comandante militar del sureste en Sao Paulo.
El comandante saliente había asumido el cargo interinamente en diciembre, días antes del fin de la administración del gobierno Bolsonaro, y había sido confirmado en su puesto por la administración de Lula dos días antes del violento ataque al corazón de la democracia brasileña.
El general Ribeiro Paiva, de 62 años, inició su carrera militar en 1975. Participó en la misión del Ejército brasileño en Haití, y ya desempeñó funciones en Brasilia, donde comandó el Batallón de la Guardia Presidencial y trabajó como auxiliar en la Presidencia durante la gestión del expresidente Fernando Henrique Cardoso.
Ribeiro Paiva llamó la atención esta semana al pronunciar un discurso durante una ceremonia castrense en Sao Paulo, donde señaló que los militares “continuarán garantizando la democracia”.
“Es el régimen del pueblo, de alternancia de poder. Es el voto. Y cuando votamos, tenemos que respetar el resultado de las urnas”, dijo el general.
– Discrepancia –
Arruda se había reunido el viernes con Lula en Planalto, junto a los comandantes de las fuerzas armadas y el ministro de la Defensa.
Los comandantes no conversaron con los medios a la salida del primer encuentro de la cúpula militar con el mandatario después el ataque a la Presidencia, el Congreso Nacional y la corte suprema el 8 de enero.
Tras esa reunión, Múcio dijo no ver un “involucramiento directo” del sector castrense en la revuelta, y garantizó que los comandantes estaban de acuerdo en que deben ser castigados los efectivos cuya participación en los actos vandálicos sea comprobada.
Esta sería, de acuerdo con medios locales, la discrepancia entre Arruda y el Jefe del Estado.
Lula, quien no estaba en el palacio presidencial el día de los ataques, dijo la semana pasada estar convencido de que hubo complicidad interna en la asonada en Brasilia, por la cual más de 2.000 personas fueron detenidas.
El mandatario pasó de esta manera su mensaje de desconfianza y anunció que realizaría una “revisión profunda” de su entorno más cercano en el palacio presidencial para privilegiar funcionarios de carrera civiles en vez de militares.
Lula, que derrotó por estrecho margen al ultraderechista Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre, desplazó esta semana de sus funciones a 53 efectivos militares que cumplían funciones en la residencia presidencial de la Alvorada y en el palacio de Planalto.
La relación con las Fuerzas Armadas es uno de sus mayores desafíos inmediatos que enfrenta Lula, según analistas que destacan la amplia presencia castrense en la gestión de Bolsonaro, un excapitán del Ejército, como una señal de afinidad.
Fue justamente frente a los cuarteles donde eligieron reunirse miles de bolsonaristas para protestar el resultado de las elecciones.
Disconformes con la victoria del líder de izquierda de 77 años, los seguidores radicalizados de Bolsonaro pedían la intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la inauguración del presidente electo.
Miles de estos simpatizantes avanzaron el 8 de enero hacia la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la Plaza de los Tres Poderes que centra a las sedes de los poderes públicos.
Arrasaron con parte de la infraestructura, rompieron mobiliario e invaluables obras de arte, y dejaron graffitis llamando a un golpe de estado.
Además de los cientos de detenidos, las autoridades brasileñas investigan quienes financiaron, organizaron y participaron en el ataque.
Figuras de peso como el exsecretario de seguridad de Brasilia, Anderson Torres, y el propio expresidente Bolsonaro están siendo investigados en conexión con la revuelta. Ambos niegan estar relacionados con los eventos que sacudieron a Brasilia, que son comparados con el asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021.
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