(Actualiza con número de fallecidos, enfrentamientos y
bloqueos)
Por Marco Aquino
LIMA, 19 ene (Reuters) – Manifestantes y la policía de
Perú cruzaron piedras y bombas lacrimógenas el jueves en la
capital Lima, mientras que en regiones del sur del país dos
personas murieron, elevando a 45 las víctimas fatales en
violentos enfrentamientos durante protestas contra el Gobierno
en demanda de cambios radicales.
Los enfrentamientos marcan la peor ola de violencia que ha
visto Perú en más de dos décadas, mientras los manifestantes -en
su mayoría de regiones más pobres- desahogan su ira contra la
élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo
a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre.
Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina
Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y
una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado
vigente desde 1993 en el gobierno del expresidente Alberto
Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos.
En la región sureña de Arequipa, la policía enfrentó también
con bombas lacrimógenas a manifestantes que intentaron tomar el
aeropuerto. Un hombre de 30 años murió por “herida de arma de
fuego” y otras 18 personas resultaron heridas en ese evento,
dijo la gerencia de salud de Arequipa en un comunicado.
El Ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció por
Twitter la suspensión de las operaciones del aeropuerto de
Arequipa y de Cusco, el foco turístico del país.
En buses y a pie, miles de personas han viajado a Lima
portando banderas y pancartas criticando al Gobierno y a la
policía por enfrentamientos mortales en las regiones de Puno,
Cusco y Ayacucho. Muchos exigen la dimisión de Boluarte.
Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la
“Toma de Lima”, y la policía había anunciado el despliegue de
miles de agentes para velar por la seguridad en la ciudad, que
el miércoles cumplió sin festejos sus 488 años de fundación.
En recientes protestas, los manifestantes han quemado sedes
públicas y privadas y han atacado estaciones policiales en
diferentes regiones del interior del país.
La Defensoría del Pueblo informó asimismo la muerte el
jueves de una persona que resultó herida en una protesta el
miércoles en Puno, que registra casi la mitad de todos los
fallecidos en enfrentamientos, incluido un policía. Otros nueve
han fallecido en incidentes relacionados a los conflictos.
Violentos disturbios
Una parte de los manifestantes que marcharon pacíficamente
más temprano en Lima, se enfrentó con la policía durante la
tarde lanzando piedras y botellas de vidrio a los agentes, que
los contenían cubierto con escudos y cascos de plástico.
En un momento la policía usó bombas lacrimógenas y se
produjeron violentos choques con los manifestantes, que buscaban
llegar a las inmediaciones del Congreso.
Imágenes de televisión mostraron la detención de varias
personas; mientras que otras cinco resultaron heridas por
impacto de piedras. La policía calculó 3.500 manifestantes en
Lima, pero según medios y testigos dijeron que había más de
7.000.
Las muertes han sido un pararrayo en las protestas. Los
manifestantes llevan pancartas llamando “asesina” a Boluarte y
calificando como “masacres” las acciones de la policía.
En los distritos residenciales limeños de Miraflores y San
Isidro, algunos negocios “tapiaron” con madera sus fachadas en
previsión de ataques. El miércoles también hubo choques y la
policía usó gases lacrimógenos para dispersar las protestas.
El Ministerio Público anunció por Twitter el despliegue de
50 fiscales “para exhortar a los efectivos policiales a hacer
uso proporcional de la fuerza durante las manifestaciones, e
invocar a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica”.
Las protestas estallaron luego de la destitución y arresto
el 7 de diciembre del expresidente izquierdista Pedro Castillo,
que intentó de forma ilegal disolver el Congreso. En las
protestas se pide también la liberación del exmandatario.
La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y
los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada
el Gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en
Lima y el sur regiones de Puno y Cusco, cercenando algunos
derechos civiles como el libre tránsito de personas.
La fiscalizadora de transporte informó de más de 120 puntos
de bloqueos en 18 de las 25 regiones del país durante el día.
Boluarte ha pedido “perdón” por las muertes en las protestas
pero ha reafirmado que no va a renunciar.
Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al
Ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. La
policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado
armas y explosivos caseros.
Cientos de personas que llegaron a Lima en los últimos días
han sido albergados en la estatal Universidad de San Marcos,
cuyos estudiantes tomaron en la víspera parte de la sede de la
casa de estudios para apoyar las protestas.
(Reporte de Marco Aquino, Reporte adicional de Anthony Marina y
Alfredo Galarza de Reuters TV. Editado por Manuel Farías y
Marion Giraldo)
