Un grupo de 500 empresarios, profesionales reconocidos y ciudadanos enviaron una carta abierta a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados “preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina”. En ella, solicitaron que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos”, expresaron en el texto.
Además, apuntaron que iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte “por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional”, es un desatino institucional y que pone en evidencia a la Argentina negativamente ante los ojos del mundo y pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en el país.
Los firmantes apelaron a la “conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”.
El reclamo formal comenzó a gestarse entre cuatro referentes: Juan Vaquer (ACDE), Guillermo Lipera (Idea), Santiago Mignone (PwC) y Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires), de acuerdo con diversas fuentes consultadas. Su motivación fue “darle más peso” a las críticas respecto del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte, que ya había sido cuestionado por diversas entidades que agrupan al empresariado. La idea fue, en este caso, hacerlo nombres propios.
A la carta adscribieron varios nombres fuertes del sector empresario como Enrique Cristofani (Banco Santander), Roberto Murchison (Grupo Murchison), Nicolás Braun (La Anónima), Santiago Mignone (PwC), Javier Goñi (Ledesma), Gonzalo Tanoira (ACDE – San Miguel), Guibert Englebienne (Globant), Luis Bameule (AEA), Facundo Gómez Minujin (Amcham), Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), Mariano Bosch, Antonio Estrany y Gendre, Eduardo Braun, Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Juan Llach, Eduardo Caride, Fernando Oris de Roa, Juan Carlos Cassagne, Máximo Fonrouge, Julio Saguier, Arturo Acevedo, Cristiano Rattazzi, Gastón Remy, Claudio Cesario, Verónica Andreani, José Antonio Aranda, Ernesto Arenaza, Alberto Arizu (h), Eduardo Bastitta, Humberto Bertazza, Miguel Carlos Blanco, María Cristina Bomchil, Máximo Bomchil, Alejandro Carrió, Alicia Chediack, entre otros.
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Previamente, preocupados por el impacto institucional y el efecto sobre el clima de negocios, empresarios representantes de las principales entidades, integrados en la Unión Industrial Argentina, expresaron masivamente su rechazo a la ofensiva.
“La imagen institucional en el plano internacional es fundamental. No solo por el tema de la deuda en la Argentina, sino por la credibilidad para la inversión que necesitamos para el desarrollo”, dijo a título personal Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina.
El texto completo:
CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS DE LA NACION
Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos.
Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?
Por tal motivo, los abajo firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas.
De ustedes depende
Buenos Aires, 19 de enero de 2023
