Los homicidios de los periodistas mexicanos Lourdes Maldonado y Margarito Martínez no fueron inesperados. Durante meses aparecieron alertas de lo que podía pasar: llamadas anónimas, amenazas de muerte y la sospecha de que alguien los observaba. Ambos habían pedido públicamente protección a autoridades y colegas. Hace un año, sus muertes conmovieron a México y sus historias marcaron el trágico inicio del 2022 para la prensa de ese país.
Ellos se desempeñaban en Tijuana, una de las ciudades más pobladas de la frontera norte de México, el país más peligroso para ejercer la profesión, de acuerdo a Reporteros sin Fronteras. Entre 2021 y el primer semestre de 2022, la organización Artículo 19 -que trabaja alrededor del mundo para proteger la libertad de expresión- sumó casi 1000 denuncias por agresión. Solo el año pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) abrió 306 expedientes de violencia contra la prensa. Según datos del Comité para la Protección de los Periodistas en México (CPJ por sus siglas en inglés), el 95% de los crímenes contra trabajadores de prensa permanecen impunes.
Maldonado se encontraba bajo un régimen de protección y Martínez estaba por terminar los trámites para ingresar al mismo programa, creado en 2012 por el Ejecutivo nacional. El instrumento, denominado Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, dispone que, ante una amenaza, una junta con representantes de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con un consejo consultivo, evalúa el nivel de peligro para la persona. Luego, se dictaminan las medidas a implementar, que pueden ir desde un botón antipánico hasta la reubicación en algún refugio en otra parte del país. Según el último informe, hay 560 periodistas dentro del régimen.
Sin embargo, la estrategia no parece suficiente. En este contexto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa “in memoriam” a Maldonado, a Martínez y a otros 11 periodistas asesinados entre octubre de 2021 y mediados de 2022, que terminó con tres homicidios más y fue el año más letal para la prensa en México.
“Donde se paraba, tenía presencia”
Maldonado fue una de las primeras mujeres conductoras de televisión en Tijuana. “Entre los 80 y 90 se abrió camino en un espacio dominado por hombres”, expresó la periodista tijuanense Yolanda Morales a LA NACION. Desde chica, Morales admiraba el trabajo de Maldonado. “Era grande, de pelo rizado y donde se paraba, tenía presencia. Recuerdo que en sus programas de televisión se mostraba muy aguerrida”, indicó.
A Morales no se le borran detalles del primer encuentro: “Fue en una conferencia de prensa con [Luciano] Pavarotti. Yo estaba muy nerviosa. No me animaba a preguntar nada, pero se acababa el tiempo. Lourdes me vio sufriendo y, con ese vozarrón que tenía, frenó a todos y les dijo que era mi turno de hablar”. Hasta hoy, Morales no se explica cómo, años después de ese momento, ella tendría que ser la encargada de cubrir su homicidio.
La experimentada periodista tenía miedo y así se lo expresó al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 durante una conferencia de prensa: “Vengo aquí a pedirle apoyo porque hasta temo por mi vida”.
Maldonado denunció amenazas de muerte en medio de un conflicto legal que mantenía con el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, en cuya empresa de medios, Primer Sistema de Noticias (PSN), había trabajado.
“Nunca fue amenazada por mí ni por nadie de mi empresa”, afirmó Bonilla Valdez ante la consulta de LA NACION. Y señaló que nunca se avanzó en una investigación en su contra.
Sin custodia
Fue una situación extraña. Especialmente porque Maldonado estaba por cumplir un año dentro del mecanismo de protección, a nivel estatal. Supuestamente, tenía una custodia personal toda la noche y un botón antipánico en su hogar. Así lo recuerda Sonia de Anda, periodista y consejera dentro del programa de protección. “Cuando ingresó en el mecanismo, nos contó que el momento en el que se sentía más vulnerable era cuando estacionaba su auto y cruzaba la calle para entrar a su casa. Casualmente, así la mataron”, lamentó De Anda.
A principios de 2022, la Corte falló a su favor por el conflicto. “Apareció en la televisión diciendo que iba a llevarse todo de la empresa”, relató la consejera. Unos días después de aquella declaración, el 23 de enero, la ejecutaron.
“Cuando la mataron estaba en el cine con mi novio. Comenzó a sonar el teléfono a las siete de la noche. En cuanto me enteré, salí del cine y me fui directo a la escena del crimen, en el barrio privado donde vivía. Cuando llegué nadie sabía muy bien lo que estaba pasando. Había muchos periodistas. Los vecinos dijeron que ella estacionó y caminó hacia la puerta de su casa. Atrás de su auto se detuvo un taxi. Después sonaron unos balazos y Lourdes se desplomó en el suelo”, precisó Morales.
Reclamos en medio de la consternación por el crimen de la periodista Lourdes Maldonado (GUILLERMO ARIAS/)
Según indicó De Anda, al momento del homicidio, Maldonado estaba sola, no había policías ni custodios. “Después de su muerte, yo confronté personalmente al secretario de Seguridad Pública de Baja California. Él dijo que no había ninguna orden de custodia permanente para Maldonado, pero yo tengo los documentos que dicen lo contrario”, aseguró.
Se conoce quiénes fueron los autores materiales del homicidio, y están detenidos. Pero la razón por la que la asesinaron sigue siendo un interrogante cargado de sospechas.
Entre los tiros
Especializado en temas de seguridad, Margarito Martínez sacaba fotos para diferentes medios de Tijuana y San Diego. Según el productor televisivo Jordi Lebrija, a la hora de reportear, era temerario. Buscaba estar allí, entre los tiros. “El día que se profesionalizó, cubrió un enfrentamiento muy famoso en la ciudad, lo llamamos la ‘balacera del Cañaveral’”, comentó Lebrija. Con el tiempo, pasaron de ser compañeros de trabajo a grandes amigos.
Martínez vivió siempre en el barrio Sánchez Taboada, una zona extremadamente peligrosa. “Todos lo conocían, era la forma con la que lograba tener acceso a lugares difíciles”, explicó Lebrija. El 17 de enero del año pasado le dispararon en esas mismas calles. Sí, apenas seis días antes de que ejecutaran a Maldonado.
Cuando De Anda es consultada sobre las razones detrás del crimen de Martínez no duda en citar dos situaciones: la aparición de un video en el que lo acusaban de ser un periodista asociado al narcotráfico y la publicación de un informe sobre un líder delictivo.
En aquel momento había trascendido que Martínez dirigía algunas páginas, que ya existían desde hacía unos años, presentadas como medios de comunicación. “Todas esas páginas tienen tres cosas en común: son anónimas, publican contenido extremadamente violento y violan la ética periodística. Todos sospechamos que son parte de organizaciones criminales”, planteó De Anda.
La acusación contra Martínez había sido realizada por un expolicía y periodista llamado Ángel Peña. “Después de que lo difamaron, Margarito me llama por teléfono y me dice que le preocupa que lo asocien con nombre y apellido como el responsable de esas páginas”, reconstruyó De Anda. Según ella, Martínez le pidió entrar al programa de protección, pero nunca completó el papeleo.
Unos meses después, el medio digital El Zeta publicó un informe sobre el líder criminal del barrio Sánchez Taboada, conocido como Cabo 20, con imágenes de su hogar y de su familia. Las fotos no habían sido tomadas por Martínez, pero era el único periodista que vivía en el lugar y las miradas cayeron sobre él. Además, la denuncia de Peña propició aquella sospecha, según De Anda.
Hubo tres detenidos, pero nunca se avanzó en la supuesta responsabilidad de Cabo 20, que está preso por otras causas. Para la prensa, fue clara su intervención. Un mensaje de WhatsApp en el que pedía “soldados” es uno de los indicios que subrayan.
Margarito Martínez fue atacado a disparos en el barrio donde vivía (GUILLERMO ARIAS/)
Un reclamo urgente
Durante el año pasado, se sucedieron diversas protestas de periodistas en casi todas las ciudades del país y la delicada situación que atraviesa la prensa trascendió las fronteras.
La Secretaría de Gobernación mexicana aseguró a LA NACION que el problema de la violencia es prioritario en su administración. Y derivó la consulta al titular del mecanismo de protección, Enrique Irazoque, quien destacó el presupuesto que está recibiendo el área.
“El Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se implementó porque hay cosas que las autoridades que se encargan de la seguridad no están logrando”, reconoció Irazoque.
Las muertes siguen en alza pese a la puesta en marcha del sistema, que evidencia fallas de coordinación tanto entre instituciones, como entre Nación y estados, lo que genera vacíos en el proceso. Por ejemplo, si hay un periodista que busca protección en un estado, el mecanismo federal no tiene jurisdicción.
Las noticias sobre periodistas asesinados impacta en México y trascienden fronteras
Irazoque espera que se sancione en la Cámara de Diputados una reforma para que la ley de protección adquiera carácter general. “Con eso tendremos más control sobre los estados y municipios”, aseveró.
La Secretaría de Seguridad Pública, que respondió casi al cierre de esta edición, relativizó la cifra de periodistas asesinados el año pasado, argumentando que uno de ellos no ejercía la profesión. “Esto no quiere decir que no estemos investigando”, aclararon las fuentes. La Fiscalía General de la República no contestó a LA NACION.
“En México coinciden dos factores: el incremento de la violencia criminal y la fragilidad institucional”, sintetizó Grisel Salazar, doctora en Políticas Públicas, quien coordinó el Programa de Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en la Ciudad de México.
“Muchas veces, los periodistas no quieren ni siquiera recibir la protección del Estado porque [sus representantes] son los que los agreden, los desestiman y los vulneran. Hoy en día, el gobierno no entiende que la prensa debe vigilar al poder, así que la confronta directamente. Esto solo puede perpetuar las agresiones”, analizó en diálogo con LA NACION.
En los casos más extremos, los trabajadores de prensa deben ser trasladados por su seguridad. Es la situación de Joel Vera, un periodista y abogado cuya ubicación es secreta.
Lleva casi un año refugiado, desde que asesinaron a dos de sus colegas, Roberto Toledo y Armando Linares. Vera y Linares dirigían Monitor Michoacán, un medio digital que se enfocaba en denunciar agresiones a derechos humanos en Zitácuaro, Michoacán. “En el funeral de Armando, había mucha gente armada alrededor del velorio, esos son matones del crimen organizado que están vinculados con funcionarios”, señaló desde su escondite.
