Perú evalúa impedir ingreso de boliviano Morales por "intervenir" en asuntos internos

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió el miércoles al exmandatario de Bolivia, Evo Morales, dejar de “intervenir” en los asuntos internos del país y dijo que las autoridades migratorias evalúan si le permiten entrar al territorio.

“Estamos conversando [con Migraciones] para que, dentro de ese contexto, veamos la situación de ingreso del señor Evo Morales al país porque creo que nadie, ninguna persona, ningún expresidente ni un líder de otro país tiene por qué intervenir en temas internos”, dijo Boluarte en entrevista al canal peruano por internet PBO.

“Si el señor Evo Morales quiere seguir siendo líder allá en Bolivia, pues en Bolivia tiene que ejercer ese papel de líder social y líder político”, consideró la gobernante.

Varios legisladores peruanos de derecha y centro derecha han pedido a la cancillería que tome medidas diplomáticas respecto de las actividades que Morales realiza en el sur del Perú, regiones que apoyan al expresidente Pedro Castillo y que mantienen protestas contra el gobierno de Boluarte.

Morales, un líder indígena cocalero y aliado del destituido Castillo, es acusado por estos políticos de azuzar las manifestaciones en contra de la nueva presidenta.

“No podemos permitir que venga al Perú a levantar a las masas para que se separe parte del territorio nacional”, dijo a la prensa el parlamentario Jorge Montoya.

El año pasado, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento declaró a Morales persona non grata.

El gobierno anticipó la semana pasada el reinicio desde este 4 de enero de las movilizaciones que exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.

Las manifestaciones se registran en regiones del centro y sur del país donde el destituido Castillo, un maestro rural de izquierda, tiene respaldo.

En su calidad de vicepresidenta, Boluarte sustituyó a Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó sin éxito dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido acusado de rebelión.

Tras la caída de Castillo se desataron violentas protestas en el centro y sur del país.

Policías y militares repelieron las manifestaciones con un saldo de 22 fallecidos y más de 600 heridos, varios de ellos baleados.

El gobierno ha prometido una investigación para determinar responsabilidades, en medio de críticas por un presunto uso excesivo de la fuerza.

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