SANTIAGO, Chile.– Ni en sus proyecciones más pesimistas el gobierno de Gabriel Boric imaginó un inicio de año tan accidentado. Tras la decisión de indultar al exguerrillero Jorge Mateluna –quien cumplía una condena de 16 años por el robo a una sucursal bancaria– y a 12 personas que fueron condenadas por hechos vinculados con el estallido social de fines de 2019, el mandatario enfrenta las consecuencias inmediatas de la polémica medida, reflejadas en dos frentes sensibles: un enfrentamiento con el Poder Judicial y una nueva caída en la aprobación a su gestión.
La decisión de Boric, que justificó como un “compromiso” de su campaña presidencial, alteró el escenario político chileno y generó un fuerte rechazo de la oposición. El bloque de derecha en su totalidad cuestionó la determinación y se retiró de la mesa de seguridad transversal que encabeza la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que aborda el principal tema de preocupación que hoy tienen los chilenos, según los sondeos.
“Es inaceptable que mientras hacemos los esfuerzos en una mesa de seguridad y cuando la delincuencia en nuestro país está desbordada, usted indulte a delincuentes condenados. Es decir, mientras el país clama por que los delincuentes estén presos, usted se dedica a liberarlos. No vamos a seguir conversando con el gobierno en esas condiciones”, dijo jefe de bancada de diputados del partido Renovación Nacional, Andrés Longton, al anunciar el retiro de la oposición de la instancia.
Junto con el traspié que provocó la iniciativa gestada por el propio gobierno, Boric también se vio envuelto en otra polémica vinculada con los argumentos para indultar a Mateluna del FPMR (grupo que de izquierda que enfrentó la dictadura de Augusto Pinochet) y en los que apuntó a que en el juicio que lo condenó “hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia”. Además calificó como “difícil” la decisión de otorgar el beneficio judicial y manifestó que los indultados “son jóvenes que no son delincuentes”.
Manifestación a favor de Jorge Mateluna (Facebook)
Al otro día de la declaración, la Corte Suprema chilena que le respondió al jefe del Estado de manera contundente y le “recordó” sus atribuciones a través de un artículo de la Constitución. “La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”, indicó el máximo tribunal trasandino.
“Ni el presidente ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, añadió el comunicado.
Al reclamo también se sumó la Asociación de Fiscales, que manifestó su “preocupación” por las palabras de Boric. “Pueden entenderse como un cuestionamiento a la independencia y autonomía del Poder Judicial como del Ministerio Público, respectivamente”, manifestó la organización gremial.
En un intento por bajar la temperatura de la polémica y desactivar la tensión que se generó, Boric negó cualquier intromisión en la justicia chilena. “Sería una muy mala noticia para nuestro país que como presidente iniciara una disputa con el Poder Judicial, como desgraciadamente se ha hecho costumbre en otros países alrededor del orbe”.
“El gobierno ha tenido un muy mal arranque. Ejecutar los indultos en plena crisis de seguridad y orden público del país fue un error. La ciudadanía percibe que hay mientras hay algunos ministros que están de cabeza preocupados por la delincuencia, la crisis migratoria y el terrorismo en La Araucanía, al mismo tiempo ve un gobierno que indulta sin entregar mayores argumentos”, señaló Mauricio Morales, analista político y académico. “Hoy tenemos una crisis institucional en Chile. La pugna entre el Ejecutivo y el Poder Judicial está alcanzando ribetes históricos que no se veían desde 1970″, indicó.
En picada
Otro golpe para Boric lo recibió este miércoles a primera hora, cuando accedió a los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), considerado el sondeo de mayor prestigio en todo el país y que no incluyó el efecto que habrían provocado los indultos.
El estudio reveló un aumento del 61% de rechazo a su gestión (con una suba de 11 puntos respecto de la última medición) y de apenas un 24% de aprobación a su gobierno.
“Boric pasará a la historia como el presidente con la luna de miel más corta y con la caída más rápida en aprobación presidencial desde el retorno a la democracia, y además la desconfianza en el gobierno aumenta significativamente”, señaló Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.
“En la mayoría de los indicadores, se advierte que Chile vuelve a ser el país que era previo al estallido social porque aumenta de manera significativa la identificación con el centro y crece la confianza con las instituciones de orden como carabineros y las Fuerzas Armadas. Probablemente, ello se deba a un repunte en la confianza en las instituciones en general, pero también a lo dañada de la imagen del presidente en específico”, añadió el analista.
Para Rodrigo Espinoza, director en Administración Pública en la Universidad Diego Portales, el gobierno deberá intervenir algunas áreas claves para frenar su caída. “El timing de los indultos fue muy poco apropiado, pero si el gobierno quiere dar un giro algo tendrá que hacer en su equipo de comunicación. Las declaraciones del presidente contra el Poder Judicial se podrían haber evitado y la falta de articulación es bien sorprendente, sobre todo pensando en la agenda legislativa y el acuerdo por la seguridad que deben desarrollarse en las próximas semanas”.
