A partir de febrero próximo se aplicará un nuevo mecanismo para definir los incrementos de las cuotas de la medicina prepaga. Hasta el final de 2022 rigió un esquema que implicaba que los precios aumentaran, cada dos meses, en igual porcentaje que la evolución bimestral de un índice de costos de salud elaborado por el Gobierno. Ahora, seguirá utilizándose ese parámetro para definir el porcentaje, pero en la implementación de los reajustes habrá dos cambios muy significativos: los aumentos serán mensuales, y los afiliados que perciban ingresos netos inferiores a seis veces el salario mínimo, vital y móvil podrán completar una declaración jurada para lograr que en sus casos la suba sea más moderada, y equivalga al 90% de la variación que haya tenido, en un mes, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
Para las cuotas del segundo mes de este año, los valores ya están definidos: el incremento según el índice de costos de la salud será de 8,21% (ese fue el aumento de esa variable en noviembre), mientras que el 90% de la variación del ya mencionado índice salarial fue en octubre (último dato disponible) de 4,91%. Se estima que el período de referencia, en cuanto a los datos de ingresos, para el reajuste de las cuotas de febrero será diciembre, porque es el mes más reciente del cual los afiliados podrán ver su situación. Eso, sin embargo, no está todavía aclarado por la normativa.
Según fuentes del Gobierno, aún está pendiente una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud, que se conocería esta semana. Una vez aprobada esa reglamentación, está previsto que se habilite el formulario para la declaración jurada sobre ingresos en la página www.argentina.gob.ar/sssalud. Por ahora, pese a que en teoría ya está vigente el mecanismo y a que se dará tiempo hasta el 20 de este mes para completar el formulario, no está ahora disponible, según confirmaron en la cartera de Salud.
Si se consideran los ingresos de diciembre, en febrero tendrán una suba de 4,91% (en lugar de 8,21%) quienes declaren haber percibido, por el último mes de 2022, salarios o ingresos laborales o previsionales menores a $371.718 (es el monto equivalente a seis veces el salario mínimo que rigió el mes pasado). Según el decreto 743, de noviembre pasado, el tope para las subas que está vinculado con la evolución de los salarios formales se aplicará “respecto de los y las titulares contratantes que posean ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles”. De eso se desprende que deberán observarse los montos de los sueldos una vez descontados los aportes con destino al sistema de seguridad social. Según dijo a LA NACION Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad que nuclea a las empresas del sector, se considerarán los ingresos del grupo familiar afiliado al plan de salud.
El mecanismo para aplicar las subas de precios se instrumentará todos los meses, en principio hasta julio de 2024, ya que la medida del Poder Ejecutivo fijó la vigencia del aumento tope (el equivalente a 90% de la variación mensual del Ripte) por 18 meses, a partir del 1° de febrero próximo. Las variaciones de precios deben ser informadas a los afiliados con al menos un mes de anticipación. Por eso, para poder hacer los reajustes en febrero, deberán llegar notificaciones en estos días.
Según un instructivo publicado en la página www.argentina.gob.ar, los afiliados que cumplan con el requisito para que se aplique el tope al porcentaje de la suba, deberán completar la declaración jurada sobre su situación entre los días 1° y 20 de cada mes (en el caso del primer período de implementación, el mecanismo se pondrá en marcha con demoras). Como la información puede variar mes a mes, o cada dos meses, por ejemplo (tanto la información referida al valor del salario mínimo, como la de los ingresos de las personas), es posible que en algunas oportunidades a alguien se le aplique la suba en un 100% (la de un porcentaje igual al incremento del índice de costos de salud), y en otros períodos acceda a que el incremento tenga el tope del 90% de la variación del Ripte.
Según aclaró el directivo de la UAS, no se dará la posibilidad de pedir la moderación del aumento con retroactividad; es decir, si en uno o más meses alguien se olvidó de completar el formulario (o si no se había enterado de su existencia, por ejemplo), no podrá hacer el trámite con posterioridad para lograr ser compensado por una parte de lo ya pagado.
En la declaración jurada deberá completarse la denominación de la prepaga y marcar el casillero de “Sí” a la declaración respecto de que se percibe un ingreso de hasta seis veces el salario mínimo. También se le pedirá al afiliado habilitar a la Superintendencia de Servicios de Salud a validar la información con otros organismos del Estado.
Según afirmó Belocopitt, la nueva modalidad para definir las cuotas fue “aceptado” por el sector, pero no es fruto de un consenso. En rigor, desde las entidades preferirían que se siga solo con el parámetro de un índice de costos de salud, pero modificando la manera en que ese índice está compuesto. Por ejemplo, señalan que se le debería dar una mayor incidencia al precio de los medicamentos. Los referentes de la actividad sostienen que los precios deberían subir según los aumentos de lo que cuesta dar los servicios; por eso, consideran que la instrumentación de un tope a las subas implica una especie de “subsidio”.
El dueño de Swiss Medical sostuvo también que se espera que el mecanismo que se pondrá en marcha sea “una salida transitoria” ante el problema de los altos índices de inflación. Estimó, además, que la amplia brecha entre el aumento determinado por la evolución de los costos de la salud y la suba “tope” para afiliados de determinados ingresos, no se repetirá todos los meses, porque en el valor correspondiente a febrero (ocurriría lo mismo con el de marzo) tiene un peso significativo la recomposición de los salarios del sector de la sanidad.
