A las 11 de este martes comenzará una nueva reunión entre el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores para avanzar contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta reunión será el paso siguiente al anuncio que hizo Fernández este domingo por la mañana, cuando dijo que buscará llevar a juicio político a los cuatro miembros del máximo tribunal, un objetivo que hoy, con la composición del Congreso, parece imposible.
Todo se da con el conflicto por el fallo de la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires como telón de fondo y con el agregado de la filtración de chats de origen de ilegal -entre ellos, un presunto intercambio entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte-.
La reunión se dará en vísperas de un nuevo comunicado de la oposición en el que consideró como “trasnochada” la decisión de Fernández y adelantó que rechaza el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La jugada es ambiciosa. Hay gobernadores que no estarían dispuestos a sumarse, como Arabela Carreras, de Río Negro, que el 22 de diciembre pasado firmó el comunicado que anunciaba que Fernández iba a incumplir el fallo de la Corte en el conflicto de la coparticipación.
Tampoco hay certezas en Balcarce 50 sobre lo que hará el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien no acompañó la decisión inicial de incumplir el fallo de la Corte. Así lo dejaron trascender tanto desde el Ejecutivo como desde su propio entorno.
Sin embargo, en el oficialismo se muestran, aunque prudentes, optimistas. Contra todo pronóstico, dicen que tienen chances de lograr los votos necesarios para el juicio político. “Hay que hablar con los legisladores y ver la reacción de los demás. No votar es encubrir”, dijo un alto funcionario del Poder Ejecutivo a LA NACIÓN. Tras lo que agregó: “No diría que no están los votos”.
En principio, el armado de todo lo que se decida mañana quedaría en manos de la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, hombre de Cristina Kirchner.
Según el propio Fernández contó ayer desde Brasil y ratifican en su círculo cercano, el Presidente terminó de decidir la avanzada contra los cuatro magistrados sin consultar a su vicepresidenta. Luego de eso comenzó a tomar forma el armado de la reunión, prevista para tras su regreso de Brasil.
Fernández recibirá en principio a los mismos gobernadores de la reunión del jueves 22, junto a los que inicialmente decidió considerar de imposible cumplimiento el fallo del máximo tribunal, lo que cambió tres días después, pero todavía se desconoce con exactitud la lista de los confirmados, así como quienes irán de forma presencial y quienes lo harán de forma virtual.
La “gota que rebalsó el vaso” -como dicen en Balcarce 50- en la relación entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial fue la filtración de una serie de chats entre D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y Robles, hombre de extrema confianza de Rosatti. “Confirma lo que todos sabíamos y se suma a la intromisión de la Corte en otros poderes, su desembarco en el Consejo de la Magistratura, todo. Es todo un desastre”, enumeró un colaborador presidencial en diálogo con este diario.
Cuando critica a la Justicia, Fernández logra cierta tregua dentro de un oficialismo muy dividido. De todas maneras, hay miradas dispares. Los más críticos creen que lo que Fernández intenta hacer es un deja vu, que terminará “sin impacto real”, más allá de la búsqueda de “desgastar” la imagen de la Justicia. “No pudimos poner una jueza (en reemplazo de Elena Highton de Nolasco, que renunció en 2021), mirá si vamos a poder avanzar con el juicio político a cuatro”, se sincera un hombre del Poder Ejecutivo con despacho fuera de la Casa Rosada.
En la Corte mantienen un silencio total desde que se conoció el caso y más ahora que en feria judicial no están todos los ministros. Fuentes del mundo judicial y político sostienen que la actual avanzada contra los cuatro cortesanos está relacionada a la “preocupación” por lo que pueda suceder en el primer trimestre del año con expedientes sensibles para el kirchnerismo como Hotesur-Los Sauces, donde fue investigada Florencia Kirchner, un caso que podría reabrirse.
Fuentes judiciales aseguran que la estrategia de la defensa de la vicepresidenta es que este último expediente no salga de la Cámara de Casación (máximo tribunal penal del país) ante del 9 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la condena de Vialidad, que recibió el último 6 de diciembre.
