Dos décadas después de convertirse en el primer presidente de origen obrero de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva reasumió el cargo este domingo con una serie de problemas urgentes a solucionar aún mayores que en aquel momento, según expertos.
Basta observar el contexto del cambio de mando en Brasilia para notar algunas diferencias con lo que ocurría el 1º de enero de 2003.
El hoy mandatario saliente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, optó por viajar a Estados Unidos y evitar pasarle en persona la banda presidencial a su sucesor de izquierda, en medio de una fuerte polarización política, tensión e inquietud por eventuales hechos de violencia.
Este escenario contrasta como el día y la noche con el que había 20 años atrás, cuando el entonces presidente, Fernando Henrique Cardoso, le pasó el mando a su opositor Lula entre sonrisas, abrazos y un clima de tranquilidad democrática.
A los 77 años de edad, ahora Lula enfrenta en el gobierno del mayor país de América Latina dificultades que el politólogo brasileño Maurício Santoro considera comparables a “bombas de tiempo”, por su riesgo de virtual explosión si no lograse desactivarlas.
1. El bolsonarismo radical
Desde que Lula fue electo a fines de octubre, seguidores de Bolsonaro se opusieron a su retorno al poder por distintos métodos, incluidos bloqueos de carreteras y campamentos frente a cuarteles para pedir una intervención de las Fuerzas Armadas.
Muchos de ellos sostienen sin pruebas que hubo fraude en las elecciones. El propio Bolsonaro ha evitado reconocer de forma explícita el triunfo de Lula y se recluyó en la residencia presidencial tras su derrota, aunque autorizó a su gobierno a realizar la transición.
Seguidores de Bolsonaro se concentraron frente a sedes militares desde la elección de Lula
La alarma por los bolsonaristas radicales creció después que uno de ellos fuera arrestado el fin de semana pasado, presuntamente por intentar estallar un artefacto explosivo en Brasilia para crear caos antes del cambio de gobierno.
Esto llevó a reforzar la seguridad para la asunción de Lula, quien, según analistas, tendrá una oposición más hostil de la derecha que cuando gobernó por primera vez de 2003 a 2010.
“¿Cómo convivir con estos grupos muy radicalizados, incluso violentos, que no juegan de acuerdo a las reglas tradicionales de la democracia?”, pregunta Santoro, profesor de Ciencia Política en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en diálogo con BBC Mundo.
El Partido Liberal de Bolsonaro tendrá además la mayor bancada de diputados (99 de los 513 escaños) en el nuevo Congreso brasileño, considerado el más conservador desde que el país recuperó la democracia hace más de tres décadas: la derecha en su conjunto llenará la mitad de la cámara.
Lula y su Partido de los Trabajadores (PT) buscarán mayorías con el resto de la izquierda y el centro en un Congreso fragmentado.
La Policía Federal brasileña incautó armas y municiones en protestas de bolsonaristas en carreteras. (Policía Federal de Brasil/)
Además Lula debe revertir la influencia política que hubo dentro de las fuerzas de seguridad brasileñas bajo el gobierno de Bolsonaro, un excapitán del Ejército, apunta Santoro.
“En los últimos años en Brasil tanto militares como policías estuvieron involucrados en cuestiones de política partidaria con una radicalización ideológica muy preocupante y no será fácil cambiar esto”, dice. “El riesgo es que esta politización se convierta también en una amenaza para la democracia”.
2. El hambre
Otro desafío enorme para Lula será reducir el hambre que pasan 33 millones de brasileños, de acuerdo a un estudio de la red Penssan divulgado en junio.
Esa cifra representa el 15,5% de la población del país, una proporción bastante mayor al 9,5% de personas que pasaban hambre en Brasil durante el primer gobierno de Lula, según otra encuesta similar de 2004.
“Nuestro compromiso más urgente es acabar con el hambre otra vez”, dijo el propio Lula, un exlíder sindical que creció en la pobreza, en su primer discurso tras derrotar a Bolsonaro.
De hecho, buena parte de quienes votaron por Lula esperan que repita el gran logro de su primer gobierno, cuando más de 30 millones de brasileños ascendieron a la clase media con programas sociales del Estado.
En cambio, Brasil registró durante el gobierno de Bolsonaro la mayor cantidad de gente viviendo pobreza de la última década: 62,5 millones de personas en 2021, equivalentes a 29% de la población, de acuerdo a datos oficiales divulgados en diciembre.
El nuevo presidente será juzgado en buena medida por sus resultados en este campo.
Si vuelve a aliviar de forma notoria el hambre y la pobreza, es probable que su popularidad crezca como en su primer mandato.
Pero las cosas han cambiado y aumentar los ingresos de los brasileños ahora puede ser más difícil para Lula, advierten especialistas.
“Cuando él asumió en 2003, el mundo estaba creciendo mucho influido por China, los precios de las materias primas experimentaron un gran boom y Brasil se benefició por eso”, dice Margarida Gutierrez, profesora de Economía en la Universidad Federal de Río de Janeiro, a BBC Mundo.
“El contexto hoy es totalmente diferente: existe una aversión global al riesgo enorme, el mundo todavía no se recuperó de la pandemia y tenemos una guerra (en Ucrania)”, agrega.
3. El gasto
Para mejorar la situación social de Brasil, Lula prometió en su campaña medidas como el mantenimiento de un programa de transferencias de dinero a los pobres denominado Bolsa Familia, que fue clave en su primer gobierno, y un aumento del salario mínimo.
El Congreso autorizó en diciembre gastos adicionales del gobierno por el equivalente a unos US$28.000 millones durante 2023 para financiar esos planes, así como unos US$4.400 millones extra para inversiones públicas.
Fernando Haddad, exalcalde de São Paulo, exministro de Educación y candidato presidencial del PT en 2018, fue nombrado ministro de Hacienda por Lula (Getty Images/)
La aprobación de esta enmienda constitucional fue un triunfo político del gobierno entrante, que tiene como ministro de Hacienda a Fernando Haddad, exalcalde de São Paulo y excandidato presidencial del PT en 2018, cuando Lula fue condenado por corrupción en un proceso que luego fue anulado.
Pero al superar el techo de gastos que estaba establecido, también arrojó dudas sobre las restricciones fiscales que tendrá la nueva administración.
Algunos economistas creen que este, sumado a una tasa de interés elevada (13,75%) para contener la inflación, es otro de los problemas que deberá desactivar el nuevo presidente.
Gutierrez anticipa que el mayor gasto aumentará la inflación al estimular la demanda, el déficit primario (antes del pago de intereses) y la deuda pública, que hoy equivale a cerca de 77% del PIB, por encima de la media de los países emergentes (65%).
“Diría que Lula está armando una bomba fiscal”, sostiene la economista.
4. La deforestación
La cuarta prueba contrarreloj que afrontará Lula es detener la tala de árboles en la Amazonia, el mayor bosque tropical del mundo.
El nuevo presidente brasileño ha prometido cambiar la política ambiental de su país para encaminarlo hacia la deforestación cero de sus biomas en 2030.
Las tasas de deforestación en Brasil se dispararon durante el gobierno de Bolsonaro (Reuters/)
Esto podría darle crédito a Lula en el escenario internacional, pero tampoco será simple.
La tasa de deforestación amazónica durante el gobierno de Bolsonaro aumentó 59% respecto a los cuatro años previos, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, la agencia pública brasileña que mide esta actividad por satélite.
Si bien la pérdida de árboles en la Amazonía se redujo 11% entre agosto de 2021 a julio de 2022, en ese período alcanzó 11.568 kilómetros cuadrados y fue el cuarto año seguido en que superó el umbral de 10.000 kilómetros cuadrados.
Los expertos atribuyen estos registros a la desaparición de controles gubernamentales contra la tala ilegal.
“Las políticas públicas dejadas en esta área están paralizadas, las agencias ambientales están con menos recursos y deslegitimadas”, advierte Suely Araújo, expresidenta del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) y especialista sénior del Observatorio del Clima, que agrupa organizaciones ambientales.
“Tenemos ya partes de la región amazónica principalmente tomadas por el crimen, tanto en la deforestación ilegal como en la minería ilegal o la invasión de tierras indígenas”, dice Araújo a BBC Mundo.
A su juicio, el gobierno entrante —que tendrá a la política ecologista Marina Silva como ministra de Medio Ambiente— debe tomar medidas “muy rigurosas” desde el primer día para revertir esta situación, algo que llevará tiempo.
“No se consigue corregir todos esos problemas en un año”, señala. “Es un proceso que durará todo el gobierno de Lula”.
