Dieciocho años después de la tragedia de República Cromañón, donde murieron 194 personas y otras 1500 resultaron heridas, sobrevivientes y familiares de las víctimas reclamaban el pago de indemnizaciones dispuestas por la Justicia.
En las últimas horas, el abogado Federico Jiménez Herrera, quien junto su colega José Iglesias lleva adelante 200 causas en el fuero Contencioso Administrativo Federal, envió una carta documento al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que “antes de concluir el año en curso proceda a cumplir con las sentencias firmes y consentidas” y puso como ejemplo cinco expedientes.
“Destacamos muy especialmente que, a pesar, de encontrarse vencidos todos los plazos legales y los requerimientos judiciales, tales obligaciones se encuentran incumplidas a la fecha”, afirmó Jiménez Herrera en la citada carta documento.
Fuentes de la Procuración General de la Ciudad afirmaron a LA NACION que una de las sentencias citadas en la carta documento fue abonada el 15 de noviembre pasado y que otra está pronta a acreditarse en la cuenta elegida por el demandante.
Las zapatillas, un símbolo de la tragedia (Fernando Massobrio/)
“Las sentencias contra el Estado no son inmediatas. Son declarativas. Un funcionario no puede gastar si no están incluidas en el presupuesto”, afirmaron los voceros consultados.
Las fuentes consultadas destacaron la resolución del procurador general, Gabriel Astarloa, que instruyó que el pago de las sentencias confirmadas sean abonados en cuenta bancaria elegida por el demandante para agilizar los pagos.
Además de la carta documento presentada por Jiménez Herrera, la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, organismo a cargo de Gabriela Carpineti, presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación requiriendo un detalle del universo de juicios vinculados a la tragedia de Cromañón, en qué juzgados radican y cuál es el estado de cada expediente.
“La solicitud, también ingresada en el Centro de Información Judicial dependiente de Tribunal Supremo, busca dar respuesta a consultas recibidas en los Centros de Acceso a la Justicia por parte de sobrevivientes y familiares de víctimas, quienes manifestaron diversas problemáticas en el acceso a la reparación de índole civil por los sucesos que les tocó atravesar”, se explicó en un comunicado de prensa.
Para Jiménez Herrera, en los 18 años que pasaron desde la tragedia de Cromañón, los gobierno nacional y porteño “han hecho todo lo posible para esquivar el pago de las reparaciones económicas que, en cualquier estado de derecho, hubieran debido ser satisfechas sin necesidad de juicios: la Justicia los declaró responsables”.
El abogado agregó: “Se da la triste paradoja en la que muchos padres que perdieron allí a sus hijos, luego fallecieron esperando un reconocimiento, ya no económico, sino en su dignidad. Esa es la mejor radiografía de nuestro sistema”.
