El bloque de diputados de Pro solicitó el juicio político al presidente Alberto Fernández por no cumplir taxativamente con el mandato de la Corte Suprema que ordenó restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires. Si bien el primer mandatario anunció hoy que pagaría con bonos a la administración porteña lo que le indicó la Justicia, los diputados de Pro consideran que el Gobierno sigue sin cumplir con el fallo.
El pedido de enjuiciamiento fue presentado el viernes pasado por el diputado Pablo Tonelli, quien acusó al primer mandatario por mal desempeño en sus funciones. Lo hizo luego de que el Presidente y un conjunto de gobernadores anunciaran que no acatarían el fallo del máximo tribunal en favor de la ciudad de Buenos Aires.
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“El anuncio del Presidente de que pagará en bonos lo que manda la Corte Suprema es una burla. El Gobierno sigue sin cumplir el fallo”, enfatizó Tonelli, quien también presentó, en nombre del bloque, sendos pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al ministro de Economía, Sergio Massa.
“Dado que el ministro de Economía hasta el momento no ha cumplido la decisión judicial ni ha expresado su voluntad de hacerlo, existen sobrados y fundados motivos para citarlo a concurrir al recinto de esta Cámara a fin de que brinde informes verbales acerca de las razones que lo llevaron a no cumplir o no hacerlo en tiempo oportuno”, enfatizó Tonelli.
Con idénticos fundamentos solicitó la interpelación de Manzur a los efectos de proceder con una moción de censura. “La moción de censura persigue, en definitiva, la remoción del jefe de Gabinete de Ministros, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 101 de la Constitución Nacional”, sostuvo.
En tanto, el bloque de la UCR que comanda Mario Negri dispuso congelar por el momento su avanzada contra el presidente Fernández. Si bien había anunciado que presentaría hoy un pedido de juicio político contra el primer mandatario -de hecho, iba a ser firmado por los 33 miembros de la bancada-, decidió poner un freno luego de que el Gobierno anunciara que acataría parcialmente el fallo del máximo tribunal.
“El pedido de juicio político que iba a presentar la UCR se basaba en que el Gobierno había dicho que el fallo de la Corte era incumplible y en la declaración del Presidente afirmando que no se acataría -explicaron voceros del bloque-. El anuncio de Alberto Fernández de hoy modificó esta situación, por eso se decidió esperar, dejar en stand by el pedido de juicio político. Se está analizando cómo se desarrollan los hechos, si se configura finalmente el incumplimiento o no del fallo de la Corte”.
De todas maneras, los legisladores radicales criticaron con dureza al Presidente porque el pago se concretará por medio de bonos. Los opositores enfatizaron que, según el fallo del máximo tribunal, el pago deberá realizarse con fondos de la coparticipación que le corresponde a la Nación.
El bono TX31 con el que Alberto Fernández quiere pagarle a CABA es un pagadios que no cotiza en el mercado y no se negocia.
A los amigos como Kicillof, Plan Platita: dinero contante y sonante.
A los opositores, papeles de deuda a 9 años.
Casi casi un Plan Bonex.
— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 26, 2022
Quien igualmente decidió presentar un pedido de juicio político al presidente Fernández fue el diputado José Luis Espert (Avanza Libertad). El libertario acusó al Presidente por mal desempeño y por la comisión de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones.
“El presidente Alberto Fernández, apoyado por los gobernadores, decidieron y le comunicaron a la población que no se iba acatar dicho fallo (de la Corte Suprema) y así es como se perpetra un nuevo golpe al sistema constitucional y democrático –fundamentó Espert–. Los integrantes del partido gobernante con posiciones relevantes de poder en los destinos de la República no sólo desconocen los derechos de los partidos opositores, sino que también desconocen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.”
José Luis Espert, en LN+.
Desde que asumió su mandato, Fernández ya recibió dos pedidos de juicio político por parte de Juntos por el Cambio. El primero de ellos se originó tras la denuncia penal contra el Presidente por haber violado la cuarentena durante la pandemia con una reunión social en Olivos. El segundo se presentó tras las declaraciones de Fernández contra el fiscal Diego Luciani, encargado de acusar a la vicepresidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita en la causa Vialidad.
