Organismos de Derechos Humanos han reclamado este jueves al presidente de Argentina, Alberto Fernández, una “solución política” para la liberación de la líder indígena Milagro Sala, condenada a 13 años de prisión por malversación de fondos públicos.
La Asamblea Permanente por los DDHH (APDH) de Argentina y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora han señalado que el mandatario “tiene voluntad realmente para indultarla”, remarcando que “(Fernández) se ha comprometido a dar una solución”.
Eduardo Tavani, de APDH, ha insistido en que “lo que prima es la solución política”: “Eso es lo que vinimos a pedir al presidente”, ha agregado en declaraciones a los medios después de reunirse con el jefe del Gobierno en la Casa Rosada.
“Esa es la prioridad, y lo que debe hacer el presidente como titular del Ejecutivo es resolver(lo) desde lo político”, ha informado la agencia de noticias Télam.
En esta línea, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, ha afirmado que Fernández “se ha comprometido” durante el encuentro. “Fue un intercambio duro de opiniones y miradas, sigue sosteniendo que no puede prosperar el indulto”, ha indicado.
“Nosotros creemos que sí, así como creemos que puede prosperar la intervención a la justicia provincial, que es lo que venimos a plantearle”, ha sostenido Almeida, alegando que los magistrados que integran el tribunal “niegan la justicia y el derecho”.
“La confirmación de la condena a Milagro es un hecho en este sentido. (…) La solución tiene que ser rápida y efectiva y que resuelva la clara violación de derechos de Milagro que viene padeciendo siete años en prisión preventiva”, ha denunciado la activista.
El Tribunal Supremo de Justicia de Argentina confirmó el jueves pasado la condena a 13 años de cárcel a la líder indígena Milagro Sala por malversación de fondos públicos en el marco del caso ‘Pibes Villeros’, que también involucra a funcionarios provinciales y a cooperativistas.
El máximo tribunal argentino ha desestimado el recurso presentado por su defensa y ha acusado a la dirigente social de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”, según informó la agencia de noticias Télam.
La líder de la agrupación Túpac Amaru formaba parte de un entramado que recibía grandes cantidades de dinero público destinado a la construcción de viviendas a través de distintas cooperativas, para posteriormente ser desviados a Pibes Villeros, entre 2013 y 2015, según informó el diario ‘Clarín’.
Sala ya fue condenada en 2017 a tres años de prisión por instigar escraches contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Asimismo, la líder indígena fue absuelta de cargos en su contra por tentativa de homicidio por supuestamente haber contratado sicarios para matar a un hombre en 2007.
Túpac Amaru, el grupo que lidera Sala, es un sindicato de naturaleza indígena que está vinculado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Cuenta con 70.000 afiliados y está presente en 15 de las 23 provincias que forman la nación austral.
