(Agrega anuncio de estado de emergencia, más detalles)
Por Marco Aquino
LIMA, 14 dic (Reuters) – El gobierno peruano de Dina
Boluarte dijo el miércoles que decretará el “estado de
emergencia” nacional para entregar el control del país a las
Fuerzas Armadas frente a las protestas, y anunció que se podría
adelantar las elecciones generales para fines del 2023 en busca
de calmar las manifestaciones.
Las protestas, algunas muy violentas principalmente en el
interior del país, han dejado al menos seis muertos en medio de
reclamos de elecciones inmediatas, el cierre del Congreso, una
asamblea constituyente y hasta la renuncia de Boluarte, quien
hasta la semana pasada era la vicepresidenta del gobierno del
destituido Pedro Castillo.
“Se ha acordado declarar el estado de emergencia en todo el
país, eso debido a los hechos vandálicos y violentos”, dijo a
periodistas el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Esto “requiere de una respuesta contundente de parte del
gobierno” afirmó, y agregó que la medida implica la suspensión
de ciertas libertades, incluido el derecho de reunión, la
inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito.
Más temprano, Boluarte indicó que se podría acortar aún más
los plazos para las elecciones, después de coordinar acciones
con los representantes del jurado electoral y del congreso.
“Los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo,
haciendo reajustes (…) se puede adelantar a diciembre del
2023, porque antes de esa fecha (…) legalmente no calzaría”,
dijo a periodistas Boluarte, quien debería completar el actual
mandato que vence en julio del 2026, según la Constitución.
Más prisión para castillo
Entre tanto, un juzgado supremo de Perú inició el miércoles
la evaluación de un pedido de la fiscalía de imponer “prisión
preventiva” para Castillo por 18 meses, en medio de la
investigación en su contra por “rebelión y conspiración”, en
momentos en que su arresto preliminar en una base policial se
debería cumplir en las próximas horas.
La audiencia judicial fue dilatado para el jueves.
Castillo, que había gobernado desde julio del año pasado, ha
convocado por Twitter a sus seguidores para que acudan a la base
policial la tarde del miércoles, a la espera de su libertad.
“Los espero a todos en las instalaciones de la DIROES para
unirme con ustedes en un abrazo”, dijo Castillo, quien firmó el
mensaje como “Presidente Constitucional del Perú”. Castillo ha
rechazado las acusaciones de rebelión y conspiración.
Sin embargo, fuentes de la fiscalía y analistas dijeron que
Castillo no puede salir en libertad mientras el juzgado supremo
resuelva el pedido de la fiscalía para una prisión preventiva.
En las afueras de la base policial, ubicada en un distrito
al este de la ciudad de Lima, decenas de simpatizantes llegaron
con pancartas para exigir la libertad de Castillo.
El exmandatario, en otro mensaje por Twitter el miércoles,
dijo “!Basta ya¡”, definiendo su detención como un atropello y
pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), de la ONU, que “interceda” por sus derechos.
Numerosas visitas
La jefa de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, dijo
que a pesar de que Castillo ha dicho que está “secuestrado e
incomunicado”, el exmandatario ha podido enviar cartas públicas
y mensajes por Twitter alegando su inocencia.
Revollar afirmó además que hasta el lunes, Castillo ha
recibido a 139 personas en la base policial, entre familiares,
amigos, legisladores de izquierda, abogados y diplomáticos.
“Incluso se han tomado foto con Castillo”, dijo a la radio RPP.
Imágenes de televisión mostraron el miércoles a una fila de
soldados apostados al frente de la fiscalía de la región sureña
de Arequipa, uno de los focos de protestas los últimos días.
El gobierno de Boluarte anunció en la víspera que las
fuerzas armadas controlarán y protegerán la infraestructura
clave como aeropuertos e hidroeléctricas, y las carreteras
nacionales, en prevención de más protestas.
Reportes de la televisión y radio informaron también que
algunos bloqueos continuaban en la jornada en el interior del
país. En la víspera, los manifestantes apedrearon bancos e
incendiaron parcialmente algunas entidades públicas.
El poderoso gremio de mineros y compañías de energía condenó
en un comunicado las protestas de “grupos radicales”. “Los
bloqueos de las carreteras impiden el normal abastecimiento de
combustibles a distintas regiones; y ocasionan serios
contratiempos a diferentes operaciones mineras”, subrayó.
La empresa Transportadora de Gas del Perú dijo en un
comunicado el martes que un centenar de personas de un poblado
del Cusco ingresó a la planta forzando los accesos. “Cualquier
atentado a esta infraestructura puede poner en grave riesgo la
integridad del personal y de los manifestantes presentes”, dijo.
No estaba claro si los manifestantes seguían en la planta.
(Reporte de Marco Aquino, Editado en Español por Manuel Farías)
