(Agrega declaraciones de Boluarte y Castillo, detalles)
Por Marco Aquino
LIMA, 13 dic (Reuters) – La crisis política de Perú no
daba señales de acabar el martes, incluso después de que la
nueva presidenta afirmó que buscará “acortar” aun más los plazos
para unas elecciones anticipadas, en medio de protestas con
siete muertos, bloqueos de carreteras, ataques a la policía e
incendios de sedes públicas y privadas.
La crisis política, una constante en la nación minera,
cruzó las fronteras debido al apoyo brindado a Castillo por
parte de los gobiernos de izquierda de México, Argentina,
Colombia y Bolivia, que ha generado el enojo de la cancillería
peruana.
Los manifestantes piden el cierre del Congreso, elecciones
inmediatas, una asamblea constituyente y la renuncia de Dina
Boluarte, quien asumió el poder luego de la destitución de Pedro
Castillo debido a su intento de disolver el parlamento dominado
por la oposición, quebrando el orden constitucional.
“Calma por favor, esta situación que esta enlutando al país
nos congoja a toda la familia peruana”, manifestó a periodistas
Boluarte tras un acto público. “Todos tenemos derecho a
protestar, pero a generar vandalismo, a quemar hospitales,
ambulancias, comisarías, tomar aeropuertos, eso no habla de ser
una marcha de protesta normal, eso ya esta llegando a extremos”.
Boluarte sostuvo que buscará “acortar” los plazos en su
propuesta de adelantar dos años las elecciones generales,
inicialmente planteada para abril del 2024.
La mandataria, que fue la vicepresidenta de Castillo,
debería completar el actual mandato de cinco años hasta julio
del 2026.
Entre los muertos “con proyectiles de armas de fuego”
por las protestas figuran cuatro adolescentes, mientras que los
heridos suman decenas entre civiles y policías debido a duros
enfrentamientos, principalmente en regiones del interior del
país, según la Defensoría del Pueblo y reportes policiales.
La dirección de educación de Lima informó en un comunicado
que suspendió las clases presenciales el martes para “garantizar
la seguridad de estudiantes y docentes”. En tanto, la Corte
Superior de Justicia dijo que no atenderá al público tras sufrir
el lunes ataques de “vándalos” con piedras contra sus oficinas.
Los ministros de Defensa, Alberto Otárola, y de Interior,
César Cervantes, y oficiales de alto rango de las fuerzas
armadas llegaron el martes a la región de Arequipa, uno de los
focos de las protestas, y se reunían con autoridades locales en
busca de acciones para frenar las manifestaciones en la zona.
Las regiones donde se han desarrollado violentas protestas
son Arequipa, Apurimac y Cusco, ubicadas en el sur y Andes del
país. Un reporte de la radio y televisión por cable RPP Noticias
mostró imágenes de oficinas de la fiscalía de Arequipa y de la
región de Huancavelica parcialmente incendiados en protestas.
Una estación policial en Apurimac fue atacada con
explosivos improvisados y artefactos pirotécnicos “que contenían
dinamita y perdigones”, dejando 15 agentes heridos, dos de ellos
con “pronóstico reservado”, dijo la policía en un comunicado.
Legisladores de izquierda, que apoyan las manifestaciones y
reclaman la liberación de Castillo, han rechazado las
acusaciones del Gobierno de que habrían “infiltrados” en las
protestas.
“#DinaBoluarte y el #CongresoGolpista le han declarado la
guerra al pueblo reprimiéndolo, negándose a cumplir con los
reclamos de nuevas elecciones inmediatas y el
#ReferéndumConstituyente”, dijo el legislador Jaime Quito, del
partido marxista Perú Libre que llevó al poder a Castillo.
“es un golpe de estado”
En una carta publicada por Twitter, Castillo -que se
encuentra detenido en una prisión policial- calificó en la
víspera a Boluarte como “usurpadora” y pidió no caer en el
“juego sucio” de la propuesta de adelantar las elecciones.
El martes, en una declaración ante una corte de apelaciones
por su reclusión preliminar, Castillo pidió a las fuerzas de
seguridad “deponer” sus armas en las protestas; y rechazó la
acusación de “rebelión y conspiración” en su contra.
Ante la “masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía
Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de
parar el derramamiento de sangre de mi pueblo”, dijo después por
Twitter.
En un comunicado conjunto el lunes, México, Argentina,
Colombia y Bolivia dijeron que Castillo ha sido víctima de
“hostigamiento” político y exhortó a Perú a “abstenerse de
revertir la voluntad popular expresada” en las urnas.
La cancillería peruana replicó: “Las decisiones contrarias
al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente
Pedro Castillo (…) constituyen un golpe de Estado”.
Grupos de derechos humanos han criticado a la policía por el
uso de armas de fuego y gases lacrimógenos en las protestas, que
están afectado también al sector minero con el bloqueo de una
carretera clave que usa la importante mina de cobre Las Bambas,
propiedad de la china MMG Ltd.
Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.
Tres aeropuertos -los de Apurimac, Arequipa y de la
turística Cusco- han suspendido sus operaciones por las
protestas.
(Reporte de Marco Aquino; Editado por Ricardo Figueroa y Javier
Leira)
