La ley que deroga el delito de sedición ha supuesto una puerta de entrada para multitud de enmiendas de distinto pelaje, desde reformas del Código Penal en relación a la malversación o a la explotación laboral, a modificaciones en el sistema de nombramientos en la Justicia.
Es precisamente en la enmienda relativa a esta materia, por la que se facilitan los nombramientos del Tribunal Constitucional, en la que Unidas Podemos quiere articular una modificación todavía mayor, que permita rebajar las mayorías en la elección del CGPJ para que pueda renovarse sin el apoyo del Partido Popular.
Este viernes los socios de Gobierno registraron una enmienda para asegurarse una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, obligando por ley a los miembros del CGPJ a hacer los dos nombramientos que les corresponden en tiempo exprés, bajo amenaza de sanciones penales. En concreto, esta enmienda propone cambiar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para eliminar la mayoría de tres quintos del CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponde nombrar al órgano judicial, de modo que ahora bastará con mayoría simple.
Una manera de acabar con el bloqueo en el que está sumido el CGPJ, con una facción declarada en rebeldía tras la última ley del Gobierno encaminada a presionarles para renovar el TC.
La enmienda establece que los jueces dispongan de cinco días hábiles para proponer candidatos, y después habrá un máximo de tres días hábiles para la convocatoria de un Pleno donde se sometan a votación, eliminando el quorum mínimo para que se produzca la elección.
La enmienda de PSOE y Unidas Podemos también blinda el nombramiento del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo como miembro del TC, al eliminar la necesidad de que los nombramientos del Gobierno sean ratificados por el órgano judicial.
Pero Unidas Podemos quiere llevar la modificación más allá. El socio minoritario de Gobierno presiona estos días al ala socialista de la coalición para que aproveche esta vía para incluir también una rebaja de mayorías en la elección de CGPJ.
Podemos ha trasladado al PSOE su pretensión en reiteradas ocasiones y, aunque por el momento no observan demasiada predisposición, fuentes del espacio avanzan que lo van a “intentar hasta el final”; esto es, hasta el jueves 15 de diciembre, cuando se vota en el Pleno del Congreso de los Diputados la reforma del Código Penal relativa a la sedición y todas sus enmiendas.
Hasta entonces, los distintos grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas transaccionales para modificar las enmiendas ya presentadas. Y es ahí donde los morados, y su portavoz parlamentario Pablo Echenique, ponen el foco.
El dirigente ha pedido en las últimas horas al portavoz socialista, Patxi López, estudiar la posibilidad de incluir esta reforma en la elección del CGPJ, aunque los socialistas por el momento no han recogido el guante. Unidas Podemos considera que el desgaste de una reforma de este tipo se vería amortiguado si se hace junto la modificación ya registrada para rebajar las mayorías del TC, y trata de convencer a su socio de Gobierno para que se avenga a este nuevo paso.
La propuesta de los morados es clara: consistiría en recuperar la propuesta presentada en octubre de 2020 por Unidas Podemos y PSOE para rebajar la mayoría de tres quintos a mayoría absoluta en Las Cortes, lo que impediría el veto del PP. Los socialistas terminaron entonces por retirar aquella iniciativa después del rapapolvo de Bruselas, que advirtió sobre el riesgo de la politización de la justicia, señalando que la reforma iba en contra de las recomendaciones de Europa.
Para esquivar un nuevo reproche en este sentido, en Unidas Podemos contemplan añadir un refuerzo a esa nueva mayoría aminorada, incluyendo que además de la mayoría absoluta, sea necesario el apoyo del 50% de los grupos parlamentarios de la Cámara, algo que el Gobierno lograría sin problemas gracias a los partidos nacionalistas.
En los últimos meses el PSOE ha terminado por seguir los pasos señalados por su socio minoritario. En septiembre, cuando se constató el bloqueo del TC, Unidas Podemos reclamó a Pedro Sánchez nombrar de manera inmediata a los dos miembros que le correspondían sin esperar a los otros dos que habían de ser elegidos por el Poder Judicial. Los socialistas se resistieron durante meses.
Finalmente, con el objetivo de lograr la mayoría progresista en el TC, el Gobierno se avino a nombrar a dos magistrados provenientes del Ejecutivo como miembros del tribunal.
Y es este precedente el que abre la puerta a más modificaciones en el ámbito judicial. Constatada la imposibilidad de renovar el CGPJ durante esta legislatura, y después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se felicitara el Día de la Constitución de romper las negociaciones, la reforma propuesta por los morados se presenta como la única vía que puede encontrar el PSOE para lograr una mayoría progresista en el órgano de los jueces. Una mayoría que estaría vigente durante cinco años, independientemente de quién ganara las elecciones generales del próximo año.
