La Unesco alertó hoy sobre el creciente uso de las denuncias por presunta difamación como arma para coartar la libertad de expresión y la labor de los periodistas, una tendencia que podría verse favorecida por la introducción de nuevas leyes para controlar la desinformación y la ciberseguridad.
En un informe titulado “El uso del sistema judicial para atacar la libertad de prensa”, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lamentó el aumento de los “pleitos estratégicos contra la participación pública” (conocidos por sus siglas en inglés SLAPP), una práctica que se ve favorecida por las leyes que catalogan la difamación como delito penal.
“El uso de los procedimientos judiciales contra periodistas que cubren temas de interés público es una tendencia creciente en el mundo. Individuos poderosos, corporaciones y personal gubernamental han adoptado esta táctica en los últimos años para acosar y silenciar a periodistas independientes”, afirma en el documento Pádraig Hughes, director legal de la defensa de los medios de la Unesco.
“La campaña global para despenalizar la difamación, que estaba ganando tracción hace una década, está sufriendo ahora un retroceso, incluido con países que están reintroduciendo la penalización de la difamación”, resumió la Unesco en un comunicado.
Esta organización internacional contabiliza actualmente 160 países en los que la difamación es un delito penal, en contra de lo que recomiendan los estándares internacionales, que abogan porque este tipo de conflictos se resuelvan por la vía civil.
Las prácticas en línea y la proliferación de las noticias falsas han causado, además, que muchos países endurezcan sus medidas penalizadoras, una circunstancia que “frecuentemente” desemboca en “perjuicios desproporcionados” y en un “efecto perturbador” sobre la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.
“Al menos 57 leyes y normas adoptadas o enmendadas desde 2016 en 44 países contienen un lenguaje muy vago o castigos desproporcionados”, precisó el comunicado de presentación de este nuevo informe.
La Unesco también alertó de que, además de la multiplicación de las denuncias con el objetivo de silenciar ciertos temas y amedrentar a la prensa, preocupa la práctica conocida como “forum shopping” (foro de conveniencia), consistente en que el denunciante selecciona el tribunal más proclive a una sentencia favorable, con independencia de la conexión entre la naturaleza de los hechos y la jurisprudencia.
Tanto los pleitos estratégicos como la elección de un foro conveniente buscan abrumar al denunciado, no solo con las potenciales sanciones penales sino con los elevados costes legales y psicológicos.
El problema se da en todas las regiones del mundo, ya que la mayor parte de naciones criminalizan la difamación.
En África lo hacen 39 de los 47 países estudiados; en Asia-Pacífico 38 de 44; en Europa central y oriental 15 de 25; en Latinoamérica y el Caribe 29 de 33 y en Europa occidental y Norteamérica 20 de 25.
“Se recomienda que los estados eliminen las leyes de criminalización de la difamación y las sustituyan con legislación civil apropiada, en línea con los estándares internacionales”, recomendó la Unesco, y recordó que dar apoyo legal y judicial a la prensa es de vital importancia para que esta continúe su trabajo.
