Perú es escenario de un grave conflicto de poderes. El presidente Pedro Castillo, anunció este miércoles en absoluta soledad su decisión de “establecer un Gobierno de excepción” y disolver de manera “temporal” del Congreso con la intención de convocar en breve elecciones legislativas. La medida provocó un fuerte rechazo y los legisladores respondieron con la destitución del mandatario. Castillo carece de respaldo partidario y popular. Su situación es muy delicada. La vicepresidenta Dina Boluarte se aprestaba a tomar juramento como reemplazante del mandatario. Boularte le dio la espalda y rechazó el quiebre del orden institucional porque “agrava la crisis política que la sociedad deberá superar con stricto apego a la ley”.
El maestro rural se lanzó prácticamente al vacío político el mismo día en que un desprestigiado Parlamento se proponía encontrar los votos para sacarlo de su cargo por “incapacidad moral”. Después de escuchar el anuncio de Castillo, los congresistas no hicieron más que acelerar el proceso de “vacancia” (censura) pese a la orden dada por el mandatario. Y esta vez contaron con las adhesiones que antes no tenían: 101 legisladores levantaron la mano. Frente a estas circunstancias, y el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales, pidió la intervención castrense tras calificar a Castillo de golpista. Según la emisora RPP, los altos mandos de la policía han decidido respaldar a la legislatura.
Crisis en el Gobierno
El presidente lanzó su contraofensiva sin respaldos internos. El ministro Kurt Burneo abandonó la cartera de Economía. “Habiéndose vulnerado el Estado de derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro”. Lo mismo hizo César Landa en Exteriores. “En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”. Luego siguió el mismo paso el titular de Trabajo, Alejandro Salas.
El Congreso tiene un mayor nivel de desaprobación que Castillo entre la población. Una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos da cuenta de que el 86% de los ciudadanos tienen una imagen negativa de ese poder del Estado. La medida adoptada por el presidente no es ajena a esa percepción social sobre el desempeño del Parlamento. Sin embargo, algunos analistas consideran que su decisión podría tener el efecto contrario al buscado. Por lo pronto, y a tono con Morales, del TC, distintos congresistas reclamaron que los militares tomen cartas en el asunto. La respuesta del comandante general del Ejército, el general Walter Córdova Alemán, fue presentar su dimisión “por motivos personales” en una carta al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio.
Los argumentos de Castillo
Castillo sorprendió a propios y extraños con un mensaje al país en el cual también comunicó su voluntad de “reorganizar” todo el sistema judicial. El mandatario, su familia y varios exasesores son objeto de investigaciones por presunta corrupción. “A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional”. Informó, además, de que todas las personas que posean “armamento ilegal” deberán entregarlo a la policía en plazo de 72 horas. “Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el decreto ley”.
De acuerdo con Castillo, la disolución del Congreso es consecuencia de las malas relaciones que ha mantenido con la Cámara desde el inicio de su gestión, en julio de 2021, y que incluyeron dos tentativas de juicio político que no llegaron a buen puerto. Semanas atrás, el legislativo no ha autorizado su salida del país “con argumentos absurdos”.
En su opinión, la permanente amenaza de un voto de censura ha intentado disciplinarlo. “La vacancia presidencial por incapacidad permanente es un mecanismo de control político del Congreso hacia el Ejecutivo”. El Parlamento es, para el presidente, el responsable de haber “destruido el Estado de derecho, la democracia y el equilibrio de poderes”.
Horas inciertas
Se ha abierto una crisis sin horizonte claro a la vista. “El desgobierno y la corrupción no son una responsabilidad única del presidente Castillo y su Gobierno. Este caos colectivo es también responsabilidad del Congreso actual, que ejerce de juez estando también en el banquillo de los acusados”, había señalado en su editorial el diario limeño La República, pocas horas antes de que la crisis política diera un giro inesperado. A su juicio, Castillo debe dimitir, pero no puede hacerlo “ante un Congreso que no tiene la investidura moral para exigirla. El agobio de los ciudadanos hace imperativo que acabe con esta farsa si aún conserva las cualidades de hombre de bien, como afirma reiteradamente en sus discursos”.
