Sánchez, dispuesto a retocar la malversación si no supone “rebajas a las penas” de los corruptos

Un paso más. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha vuelto a mostrar abierto a retocar el delito de malversación siempre que no conlleve “rebajas a las penas” de los corruptos. En una conversación informal con los periodistas en el Congreso, Sánchez ha respondido que no va a aceptar que se “retroceda en materia de la lucha contra la corrupción” cuando se le ha preguntado por la enmienda que ERC probablemente presentará en los próximos días para cambiar el delito de malversación. El jefe del Ejecutivo ha dado a entender que el grupo republicano, uno de sus socios claves esta legislatura, la presentará y que el PSOE la estudiará.

El próximo viernes es el día tope para que los parlamentarios presenten sus enmiendas a la derogación de la sedición, un paso en la tramitación que los republicanos quieren aprovechar para hacer cambios también en la malversación, que afecta a numerosos políticos independentistas catalanes.

Sánchez no ha querido concretar cómo puede reformarse ese delito sin que acabe beneficiando a los condenados por apropiación indebida del patrimonio público o por administración desleal de los bienes bajo su responsabilidad. Ese es el quid de la cuestión, que no parezca que el Gobierno, que ya está sufriendo un importante desgaste por las rebajas de penas a delincuentes sexuales por la ley del ‘solo sí es sí’, beneficia ahora a los políticos corruptos.

Políticos afectados

La idea, verbalizada estos días atrás por Gabriel Rufián, portavoz de ERC, es que la reforma sea “quirúrgica” y ligada a beneficiar a los condenados por sedición, como los líderes del ‘procés’. “No tiene sentido que, sin haber enriquecimiento personal o una estructura de corrupción, a [Oriol] Junqueras se le juzgue por malversación”, dijo el 15 de noviembre. Rufián admitió entonces que los cambios legales pudieran pero se ha mostrado preocupado por que una reforma en la malversación pueda beneficiar a políticos corruptos, como los de la operación Kitchen, en la que el Ministerio del Interior con el PP presuntamente usó fondos públicos para robarle información al extesorero del partido Luis Bárcenas. Otros de los agraciados, según sea el retoque de la malversación, son los condenados por los ERE en Andalucía, entre ellos José Antonio Griñán, expresidente del PSOE.

 

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