Por primera vez, el Gobierno da muestras de aceptar la necesidad de modificar la ley del ‘solo sí es sí’, para impedir que los delincuentes sexuales puedan revisar sus penas a la baja. En los dos meses de aplicación de la ley estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, más de una cincuentena de condenados han logrado recortar sus castigos. Este martes, el propio Pedro Sánchez, que cuando estalló la polémica dio un cerrado apoyo a Montero, ha admitido en una conversación informal con los periodistas que está dispuesto a hacer algún “retoque técnico” si es necesario.
Tras el acto institucional en el Congreso con motivo del aniversario de la Constitución, en un pequeño cóctel en los pasillos, Sánchez ha insistido en las bondades de la norma y en la necesidad que tenía España de aprobarla, y ha pedido tiempo para que el Tribunal Supremo unifique doctrina. Por ahora el alto tribunal ha dicho que hay que analizar “caso por caso” y, cuando le ha tocado hablar del primero, el de la Arandina, aplicó la rebaja de penas a los exjugadores. El presidente del Gobierno ha apelado a la calma para leer esa sentencia, de la que solo se conoce el fallo, y ver qué sigue haciendo el Supremo con otros casos, aunque en la conversación ha reconocido que puede llegarse a hacer algún “retoque técnico”.
En la misma línea, fuentes del Ministerio de Justicia, también se refieren a la posibilidad de hacer “ajustes” a la norma e incluso apuntan donde se podrían introducir los cambios. Se trata del proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de justicia que modifica otra de 1985, que ahora está en trámite parlamentario. En el Departamento que dirige Pilar Llop no se entendió la primera reacción contra los jueces que Montero tuvo cuando llegaron las primeras rebajas por la ley del ‘sí es sí’.
Sin embargo, en el Ministerio de Igualdad subrayan que el presidente del Gobierno sigue pidiendo esperar primero a que el Tribunal Supremo marque doctrina antes de hacer ningún cambio. Fuentes del equipo de Montero explican que la norma, que ya supuso una revolución interna cuando se estuvo debatiendo en el seno del Gobierno, salió adelante con el visto bueno del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, informa Miguel Ángel Rodríguez. Esas fuentes muestran su “confianza” en la “experiencia” del que ha sido nombrado recientemente miembro del Tribunal Constitucional por el Consejo de Ministros y aseguran que siguieron todas sus recomendaciones.
