El Tribunal de Apelaciones británico, en su división civil, ha dado un espaldarazo a Juan Carlos I en el proceso judicial que enfrenta contra Corinna Larsen en los tribunales británicos. Los magistrados han considerado que los actos del emérito contra Larsen en los años previos a su abdicación están protegidos por su inmunidad, dando así la razón a la defensa del exjefe de Estado y enmendando la sentencia que el pasado mes de julio promulgó Matthew Nicklin.
La empresaria acusa al rey emérito de haberla sometido a “acoso” personalmente o a través de “agentes” a su servicio, presuntamente coordinados en ocasiones por el antiguo director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, algo que Juan Carlos I ha negado.
La relevancia de este pronunciamiento recae en el marco temporal en el que Larsen sitúa el presunto acoso -entre 2012 y 2020- y que ahora quedaría parcialmente amparado por la inmunidad del emérito en el periodo entre 2012 y 2014. Según la demanda, Juan Carlos I habría acosado a la empresaria después de que ella pusiera fin a su relación, primero para procurar que la retomaran y después a modo de venganza para perjudicarla en sus negocios.
Recurso al emérito
La corte británica reconoce así el recurso presentado por el emérito para justificar que sus acciones entre abril de 2012 y el 18 de junio de 2014 no pertenecieron a su ámbito privado. Así, el juicio contra él se llevará a cabo a partir de ahora solo por los actos que tuvieran lugar tras su abdicación.
El pasado mes de julio, Juan Carlos I recurrió el fallo del Tribunal Superior de Londres que en marzo le denegó esta inmunidad. Entonces, el juez Matthew Nicklin negó autorizar un recurso por considerar que el emérito no podía ampararse en la inmunidad porque los hechos que se le imputan no fueron “actos de Estado” sino que ocurrieron en el ámbito personal, pero aceptó que los abogados del emérito pudieran recurrirlo al Tribunal de Apelación.
Entre los argumentos esgrimidos entonces por el abogado de Juan Carlos I, Timothy Otty, destacaba el “estrecho vínculo” del antiguo jefe de Estado con la familia real, el hecho de que Casa Real sea “un concepto” y no un lugar y que la inmunidad se aplica a la familia del rey Felipe VI, de seis miembros -los reyes, sus hijas y sus padres-. Además, mencionó el impacto que un proceso contra el emérito pudiera tener en la “dignidad” y las “funciones” del rey de España.
En todo momento, el equipo legal del emérito ha sostenido que la inmunidad se aplica a su cliente porque entre 2012 y su abdicación, el 18 de junio de 2014, aún era jefe del Estado y lo que hubiera ocurrido entonces pudo haber sido desde una posición “oficial o de autoridad”.
La demanda de Larsen
La denuncia de Larsen fue elevada en diciembre de 2020, aunque no salió a la luz hasta julio de 2021. En ella, la empresaria acusa al exmonarca y a los servicios secretos españoles de “vigilancia ilegal” en el Reino Unido y de hostigarla desde 2012 mediante amenazas, difamación y espionaje encubierto.
En su demanda, alegó que la Agencia Nacional de Inteligencia de España y su entonces titular Félix Sanz Roldán, o las personas que trabajan en su nombre o en el de Juan Carlos, la pusieron tanto a ella como a personas de su entorno “bajo vigilancia física que incluía vehículos y personal vigilancia, invadir su propiedad en la que residía y espiar en sus teléfonos y ordenadores”.
Asimismo, aseguró que fue amenazada por emérito, quien supuestamente le dijo que las consecuencias para ella “no serían buenas” si no hacía lo que se le dijese; pero también por Sanz Roldán, quien en una reunión en Londres en 2012 le indicó que no podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo.
Esas acciones, por las que reclamaba una indemnización por daños y perjuicios y una orden judicial de protección, “amenazaron” su seguridad y la de sus hijos, según alegó.
Larsen reclamaba al rey emérito una indemnización –cuyo montante no ha trascendido- por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la “instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección” y por la contratación a “ex diplomáticos y exfuncionarios del Gobierno” para que interviniesen con el fin de “poner fin al acoso” que dice haber recibido.
El antiguo jefe de Estado de España “niega enfáticamente” que participara o dirigiera “cualquier acoso” contra Corinna y “rechaza” estas alegaciones como “no verdaderas”, según el argumento del emérito.
