El Gobierno sigue igual: defendiendo la ley del ‘solo sí es sí’ y sin mostrar ninguna voluntad de cambiar el texto de la norma, para tratar de impedir que su aplicación sirva para rebajar penas a delincuentes sexuales. Ya son casi una cincuentena los que se han beneficiado de la ley y, según el barómetro de noviembre del GESOP para este diario, el 57,1% de los españoles atribuyen esa disminución de las condenas a un error de la norma. El desgaste que supone a nivel de ruido interno (con el ministerio de Igualdad, de Irene Montero) y externo no preocupa, según fuentes de la Moncloa, que prefieren poner el foco en otros sondeos, como el del ‘El Mundo’ del fin de semana, que señala el frenazo del ‘efecto Feijóo’.
Pese a que en los últimos días la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, se habían mostrado partidarios de modificar la ley para impedir esas disminuciones de penas, el Ejecutivo, a través de su portavoz, Isabel Rodríguez, ha vuelto este lunes a pedir calma para conocer el pronunciamiento del Tribunal Supremo. El alto tribunal, no obstante, se manifestó la semana pasada sobre el ‘caso Arandina’ y decidió que los acusados se beneficiaran en un año por la aplicación de la ley del ‘sí es sí’, aunque se la aumentó por otro lado al suprimir la atenuante de cercanía de edad.
El Supremo señaló que la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ en beneficio del condenado debe analizarse caso por caso, por lo que hay que esperar a que se pronuncie sobre otras condenas, más allá de la del caso de la Arandina, para ver la unificación de doctrina, señalan fuentes del Ejecutivo.
Protección integral
Rodríguez ha vuelto a destacar lo beneficiosa que es la norma del Ministerio de Igualdad para la protección de las mujeres, ya que les ayuda incluso sin mediar denuncia, y por abordar este grave problema de manera integral, poniendo el acento en la educación, la formación o ya asistencia a las víctimas.
Preguntada sobre si en el Gobierno hay dudas sobre la seguridad jurídica de los proyectos legales diseñados por los socios de Unidas Podemos, la ministra portavoz ha respondido que las normas no las escribe solo el Gobierno, sino que llegan al Consejo de Ministros avaladas por un trabajo técnico y jurídico “importante”, y ha afirmado que seguirán trabajando “con el mismo rigor”.
