Sonia Rebeca Soloaga tenía un trabajo. También, un sueño: regalarle a su hija, para sus 15 años, el viaje a Disney que tanto quería. Para cumplir con ese anhelo necesitaba dinero. Y para obtenerlo, el apuro y la codicia la llevaron a tomar un atajo: el crimen.
Sabía cómo hacerlo: Sonia Soloaga era oficial de la Policía de la Ciudad, y estaba asignada a la prevención en las calles del barrio porteño de Parque Avellaneda; y en sus rondas trabó relación con una pareja de jubilados, que la dejaban pasar al baño de su casa y, cada tanto, le convidaban algún tentempié.
Maquinó un plan que creyó perfecto: el 11 de junio de 2019, poco antes del mediodía, dejó el celular cargándose en un kiosco, para que un hipotético rastreo satelital posterior la ubicara lejos de la escena donde cometería su crimen; luego, fue en su auto hacia la casa de la calle Garzón 3581. Sabía que, como habían hecho otras veces antes, dada la relación de relativa confianza que se había ganado, Alberto Antonio Chirico y su esposa, María Delia Speranza, le abrirían la puerta y le convidarían, quizá, un café o un mate.
Alberto Chirico y María Speranza, las víctimas (Twitter/)
Pero ella no iba a un encuentro de camaradería: comenzaría a golpearlos salvajemente para hacerles confesar dónde guardaban la plata de la que alguna vez habían hablado. Y una vez que consiguió que le entregaran entre 70 y 80 mil dólares que atesoraban, les puso un almohadón en la cabeza y les disparó, desde atrás, un certero tiro a cada uno.
Después, pasó por el kiosco a buscar su teléfono y urdió la excusa que, creía, blindaría su coartada y la eximiría de sospechas: denunció que la habían atacado y le habían robado su pistola reglamentaria, con la que había llegado a disparar dos veces antes de que se la arrebataran.
Con lo que no contó fue con que las cámaras de seguridad urbanas revelarían su llegada en auto a la casa de la pareja de jubilados y su partida desde ahí en la ventana horaria coincidente con el doble crimen, entre las 12 y las 14.30 del 11 de junio de 2019. De nada valió que, luego, reconociera que el robo del arma era una mentira que había concebido para evitar una sanción por el hecho de que, supuestamente, se había olvidado la pistola en el baño de una estación de servicio, junto con una bolsa en la que guardaba 300.000 pesos con los que iba a cancelar el pago del viaje al “Mundo Mágico” de Orlando.
Pensó que no había dejado rastros que condujeran a ella. Pero sus contradicciones, sus mentiras sucesivas para ocultar otras, la pusieron entre la espada y la pared. Un juez la procesó y el 5 de julio de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°7 la condenó a prisión perpetua por los homicidios de Chirico, que tenía 71 años, y Speranza, de 69.
Los jueces Alejandro Noceti Achaval, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano sostuvieron que había arribado a “la convicción, aún sin ninguna prueba directa, de que fue ella quien ingresó aquel 11 de junio de 2019 a la vivienda con la decidida intención de dar muerte al matrimonio para apoderarse de sus ahorros y lograr su impunidad”.
“El fallo me generó tranquilidad. Ni alegría ni tristeza, solo la tranquilidad de que se hizo lo que se tenía que hacer. La tranquilidad de que esta persona no va a volver a realizar otra aberración como la que hizo con mis padres. Les agradezco mucho a los jueces, a mis abogados, Alejandro Vartanian y Damián Berri, a los testigos y a los fiscales por todo lo que hicieron para llegar a este veredicto. Ojalá que mis padres puedan descansar en paz”, dijo a LA NACION Mariano Chirico, hijo de las víctimas, el día de la sentencia.
Hasta el final, Soloaga negó los cargos y clamó por su inocencia. “Jamás pensé vivir algo así, es algo que nunca me imaginé, vivir todo lo que estoy viviendo. Hace dos años que estoy acá y que perdí muchas cosas, perdí el derecho de cuidar a mi hija, dejé a mi hija sola”.
“No tengo nada que ver, no me voy a hacer cargo. Piensen en mi familia. Estos dos años pasé muchas cosas acá adentro. Hay que vivirlo, hay que estar acá. Todos los días me levanto, estudio, trabajo para poder salir y seguir siendo la misma persona que era. Seguir haciéndome cargo de mi hija, como lo hice hasta el último día”.
Comienza juicio a una policía acusada de matar a una pareja para robarle y pagar un viaje a Disney (Captura/)
Alegato y fallo
En su alegato, el fiscal general Oscar Ciruzzi había dado por hecho que Soloaga había cometido el doble crimen en una zona donde ella cubría el “servicio de parada” de la Comisaría Vecinal 9C de la Policía de la Ciudad. Describió que entró a la casa de la calle Garzón “cuando le habilitaron el acceso”, que “ejerció violencia sobre ambas personas y con golpes consiguió que le señalaran dónde tenían guardada una suma importante de dinero, entre 70.000 y 80.000 dólares y entre 50.000 y 60.000 pesos”, y, ya con los billetes en su poder, la policía ejecutó a cada una de las víctimas con “un disparo en la cabeza” y que se valió de “un almohadón bordó” para “disminuir y amortiguar el ruido” y, también, “para no verles las caras” a sus víctimas, con las que había trabado una relación de confianza, tal como el propio matrimonio les había contado a allegados, entre ellos, a su hija Florencia, que así lo declaró en el juicio.
Como móvil del crimen, Ciruzzi sostuvo la hipótesis del robo del dinero; mencionó una deuda de más de 6000 dólares que Soloaga tenía con la empresa FunTime por el pago de un viaje a Disney que le quería regalar a su hija por su cumpleaños de 15.
Los jueces del tribunal hicieron suyos los argumentos del fiscal. Sostuvieron que “los indicios concordantemente se fueron uniendo hasta conformar la convicción de que Soloaga es quien robó y mató” a las víctimas.
“Resulta claro que todas las mendacidades de la imputada buscaron un único objetivo: el de alejarse de la imputación que se le dirigiría. Así, con esa finalidad tenida en mente, urdió una serie de explicaciones insensatas, irrazonables y absurdas sin alcanzar a demostrar su ajenidad con el gravísimo suceso, sino todo lo contrario”.
Se referían a que “ese mismo día ella había denunciado haber sido víctima del robo de su arma reglamentaria en un confuso episodio en el que habría efectuado dos disparos y que, por los contradictorios datos que brindó, llevó a los investigadores a analizar su conducta”. Y que todo el hilo mendaz posterior, lejos de ahuyentar las sospechas sobre ella, no hicieron más que solidificarlas. Como, por ejemplo, su admisión de que no le habían robado el arma, sino que la había perdido, y que había inventado aquello para evitar que la echaran de la policía.
Los jueces consideraron que esa fábula del olvido de la pistola en el baño de la estación de servicio no era más que una excusa para “hacer desaparecer el arma de fuego que poco antes había utilizado para apoderarse de una importante suma de dinero –entre 70.000 y 80.000 dólares, según la investigación–, y para dar muerte” a las víctimas.
“Todo lo que ella intentó presentar como parte de una maldita adversidad, no es otra cosa que la falaz secuencia dibujada con la intención de desvincularse de un gravísimo delito”, comprendieron.
El TOC 7 afirmó que la acusada había actuado con total “desprecio por la vida”, que “no dudó en quitarle la vida a quienes generosamente le habían abierto las puertas de su propia casa” y que “llevó adelante la violenta muerte aprovechándose de las facilidades que le otorgó su función policial”.
Sonia Rebeca Soloaga, la policía acusada de matar a un matrimonio por dinero (Télam Agencia de noticias/)
Sentencia firme
El abogado de Soloaga, Augusto Nino Arena, que en el juicio había pedido la absolución de su clienta al considerar que durante el juicio oral hubo “abrumadoras pruebas” para dejarla en libertad, apeló el fallo. El viernes 2 de diciembre, la Cámara Nacional de Casación confirmó la prisión perpetua.
Los camaristas Jorge Luis Rimondi, Gustavo Bruzzone y Mauro Divito refirmaron la sentencia del TOC N°7, por el delito de “robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego, en concurso real con el delito de doble homicidio doblemente calificado por haber sido cometido para consumar otro delito y lograr su impunidad y por haber abusado de su condición de policía, que se agrava a su vez por haber sido perpetrado con un arma de fuego, en concurso real con falsa denuncia”.
Los jueces de la Sala I de Casación consideraron, en la revisión, que estaba “plenamente acreditado que Soloaga necesitaba dinero y le urgía conseguirlo” ya que “según sus propios dichos ese era el último día que tenía para abonar a la empresa Fun Time el viaje de quince años de su hija a Disneyworld”.
“Es correcto el razonamiento del tribunal al concluir que la imputada necesitaba ese día contar con una importante suma de dinero para saldar el viaje de su hija y que, paralelamente, sabía que Chirico y Speranza contaban con ahorros en su domicilio. Ello permitió sostener el móvil del crimen, circunstancia que no pudo ser rebatida por la defensa en su presentación recursiva”, afirmó el juez Rimondi.
El camarista que votó en primer turno resaltó que Chirico y Speranza “le permitían ingresar al baño y le convidaban con café y mate” los días que cumplía tareas de consigna en la cuadra de su casa, por lo que “tal relación precedió al evento y fue de relevancia para sospechar de la autoría de Soloaga, no solo porque ella tenía conocimiento acerca de la capacidad económica de las víctimas sino también por la ausencia de signos de violencia en la intrusión al domicilio y la consecuente necesidad de procurar su impunidad, dando muerte a los únicos testigos que podrían identificarla sin inconvenientes”.
“Se encontró plenamente acreditado y la defensa no puede rebatir, que Soloaga se ocupó con detenimiento de quedar fuera de todo rastreo satelital en el horario que -casualmente- fueron asesinados Alberto Chirico y María Delia Speranza, y que, paralelamente, fue captada por las distintas cámaras de seguridad dirigiéndose a la casa de las víctimas”, entre las 12.06 y las 13.21 del 11 de junio de 2019.
Para los jueces de la Sala I de Casación, “las evidencias encontradas en la escena del crimen, los testimonios recabados y las cámaras de seguridad barriales que captaron los movimientos de Soloaga permiten, sin hesitación, ubicarla en el interior del domicilio de los damnificados luego de haber ingresado sin la necesidad de forzar ese encuentro atento el grado de confianza entre las partes”.
“La acusada no ha sido encontrada culpable en función de sus inconsistencias al momento de explicar qué hizo y qué no hizo ese día, sino en virtud de que existió un cúmulo sólido y armónico de indicios unívocos que la encontraron autora penalmente responsable del evento reprochado […] Procuró quedar fuera de toda ubicación satelital en el horario del hecho sin poder explicar qué hizo durante ese período, durante el cual se la vio acercarse a la casa de las víctimas y luego alejarse sin estar monitoreada”.
”Ambas víctimas fueron asesinadas con un arma del mismo calibre, marca y modelo que la provista a Soloaga por la fuerza de seguridad; la pericia balística arrojó una coincidencia ‘no concluyente’ respecto de esa arma en particular; ese mismo día hizo desaparecer su arma reglamentaria luego de denunciar falsamente su sustracción; se hallaron en sus ropas restos de pólvora e inexplicablemente se la encontró (un par de horas después de los homicidios) en poder de una elevada suma de dinero (similar a la sustraída a las víctimas)”, concluyó el juez Rimondi en su voto, al que adhirieron sus colegas camaristas.
La expolicía, hoy de 37 años, está detenida desde 2019 en el Complejo Penitenciario Federal IV para mujeres de Ezeiza. Pasará al menos 35 años en prisión y recién podrá pedir libertad condicional en 2054, cuando tenga 69 años.
