La democracia, bajo asalto, necesita un nuevo contrato social

La democracia, a escala global, está bajo asalto. La mayoría de ellas sufren acoso, otras están estancadas y un tercer grupo se encuentra en claro retroceso (backslinding). La mitad de los gobiernos democráticos del mundo está en declive mientras que los regímenes autoritarios aumentan y profundizan su represión. Así, más de dos tercios de la población mundial vive en democracias en retroceso o en regímenes híbridos y autoritarios.

Esta es la principal conclusión del reciente informe elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA): “Informe sobre el estado mundial de la democracia 2022 – Forjando contratos sociales en tiempos de descontento”, presentado el pasado miércoles 30 de noviembre en Estocolmo, Suecia.

Los datos del estudio de IDEA Internacional (el cuarto desde 2017) muestran que las democracias en muchos países no solo no mejoran su eficacia institucional para dar soluciones a la ciudadanía y canalizar sus demandas sino que deben enfrentar múltiples amenazas, tanto externas como internas. Entre ellas, el socavamiento de los resultados electorales creíbles, restricciones a la libertades y derechos, ataques a la libertad de expresión, desilusión de los jóvenes con los partidos y líderes políticos tradicionales, elevados niveles de corrupción y el surgimiento de partidos y lideres populistas que polarizan de manera tóxica la política.

Este fenómeno es global: alcanza a Europa y Estados Unidos, se da con mayor fuerza en Asia, África y el mundo árabe, y tiene su correlato en América Latina. Las cifras son contundentes: se ha doblado el número de naciones que caminan hacia el autoritarismo y casi la mitad de los 173 países estudiados en el Informe retrocede en, al menos, un atributo.

Del informe surgen cuatro tendencias principales. La primera: en casi la mitad del mundo las democracias se encuentran en retroceso. De un total de 104 democracias que hay a nivel global, solo 14 (13,4%) están mejorando su calidad; 42 (40,4%) muestran cierta estabilidad; 37 (35,6%) se están deteriorando moderadamente; y 11 (10,6%) evidencian un deterioro significativo. Además, la cantidad de personas que cree que la democracia es la mejor respuesta a los problemas ha disminuido durante el último quinquenio del 52,4% al 47,4%, agravado por el hecho de que un 52% ve en un gobierno fuerte y ajeno a la institucionalidad democrática una solución legítima a los problemas (frente al 38% que lo consideraba hace unos años).

Simpatizantes de Jair Bolsonaro durante una protesta contra la derrota del mandatario en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en noviembre (AP Foto/Matias Delacroix)

La segunda: el número de casos que registra un retroceso democrático está en su nivel más alto. Siete son los países que entran dentro de esta categoría: el Brasil de Jair Bolsonaro, El Salvador de Nayib Bukele, Hungría y Polonia sufren un retroceso severo. En India, Mauricio y Estados Unidos es –o ha sido– moderado.

La tercera: los autoritarismos siguen en aumento y el número de países que avanzan hacia el autoritarismo es más del doble del número de países que avanzan hacia la democracia. Por su parte, el 50% de las no-democracias es ahora más represivo y casi la mitad de todas las democracias ha sufrido erosión en los últimos cinco años y estos descensos afectan al 46% de las democracias de alto rendimiento.

Y la cuarta tendencia: El número de países que viven en democracia no ha aumentado. Las democracias se encuentran estancadas en cuanto a sus capacidades para dar respuestas a unas demandas ciudadanas que han crecido por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 y de la guerra en Ucrania. Ambos fenómenos han acrecentado las tensiones sociales previas (pobreza y desigualdad) así como también las económicas (inflación y subida de los precios de la energía) y las instituciones democráticas no han logrado dar respuestas a estos desafíos.

En América Latina

América Latina no es ajena a esta tendencia global. La democracia en la región se ha venido deteriorando desde su mejor momento, entre 2006 y 2007, a la fecha. Mientras hace 15 años solo Cuba era considerado como un régimen autoritario, hoy tres países se sumaron como dictaduras: Nicaragua, Venezuela y Haití (este último convertido en Estado fallido). Por el otro, un tercio de las democracias presentan declives en al menos tres atributos durante los dos últimos años. Brasil, El Salvador, Bolivia y Guatemala son los países con mayor erosión democrática. Brasil y El Salvador son dos de los sietes países a nivel mundial que presentan una situación de marcado retroceso democrático (los otros cinco son Hungría, Polonia, India, Mauricio y Estados Unidos).

El retroceso democrático en Brasil se aceleró y profundizó durante la presidencia de Bolsonaro como consecuencia de sus frecuentes e injustificados ataques a la Justicia y, especialmente, a la autoridad electoral, sus denuncias infundadas de fraude electoral, y el uso desvirtuado de las redes sociales. El Salvador vive de la mano del presidente Bukele un proceso de creciente autoritarismo cuyas consecuencias –severo deterioro en materia de derechos humanos y libertad de expresión, debilitamiento del control parlamentario y pérdida de independencia judicial– han convertido al país en un régimen híbrido. En México destacan los ataques dirigidos a debilitar los órganos autónomos, en especial a la autoridad electoral (INE) y el hostigamiento a periodistas y medios de parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus habituales conferencias de prensa de la mañana (Photo by PEDRO PARDO / AFP) (PEDRO PARDO/)

Las democracias latinoamericanas se encuentran afectadas por nuevos desafíos, entre ellos, la irrupción de líderes populistas (de derecha e izquierda) con discursos antipolitica y antisistema y bajo respeto a la institucionalidad democrática, procesos de híper polarización tóxica que afecta a la convivencia como se ha visto en Brasil, México, El Salvador, Bolivia y la Argentina, incentivados en buena medida desde el mismo gobierno, campañas de desinformación que deterioran la institucionalidad, leyes restrictivas, acoso a la libertad de expresión y persecución a periodistas y ataques a la Justicia.

Mientras, crece el descontento social alimentado por los efectos de la pandemia, el incremento de la pobreza y la desigualdad, la inseguridad y la corrupción. Un malestar que ha provocado que el número de protestas (con participación de más de 10.000 personas) se haya casi doblado entre 2013-16 (cuando hubo 44) a 2017-2020 (77). Este malestar ciudadano se ha canalizado en las urnas: entre 2019 y 2022, en todas las elecciones presidenciales (15 en total) ha ganado la oposición, salvo en la farsa electoral nicaragüense.

Un nuevo contrato social

Pese a la complejidad de este cuadro, no todo es negativo. Hay numerosos ejemplos, en muchas partes del mundo y en nuestra región, que muestran la resiliencia democrática. En algunos países, las personas se están uniendo en formas innovadoras para renegociar los términos de los contratos sociales, presionando a sus gobiernos para que cumplan con las demandas del siglo XXI. En otros, los ciudadanos se están organizando con éxito fuera de las estructuras tradicionales de los partidos, especialmente los jóvenes, para hacer oír y exigir sus demandas, desde las protestas en favor del medio ambiente hasta aquellas en favor de los derechos de las mujeres o de los pueblos originarios. Como destaca Luis Bassets, la autocracia últimamente cotiza a la baja, como lo demuestran, entre otros hechos, las dificultades que atraviesan los dictadores de Rusia, Irán y China, el reflujo del trumpismo en Estados Unidos y la derrota de Bolsonaro en Brasil.

De ahí la importancia de evitar caer en un pesimismo paralizante. Hoy más que nunca es tiempo de actuar con sentido de urgencia y salir en defensa de la democracia, de protegerla, repensarla y fortalecerla.

En este sentido, el informe de IDEA propone como vía principal renegociar el contrato social y adaptarlo a los retos del siglo XXI para que sea capaz de revigorizar las democracias, dotándolas de mayor cohesión social y de una gobernanza con capacidad de dar respuesta a las nuevas demandas ciudadanas. Para eso es preciso acompañar a la democracia de buen gobierno, unido a un Estado moderno, robusto y estratégico, con capacidad de ofrecer resultados concretos y oportunos a los problemas reales de la gente.

La renegociación del contrato social debe revalorizar la política, acelerar la innovación política-institucional, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana e incorporar las nuevas tecnologías digitales al ámbito político, con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la política, sus líderes e instituciones. La amenaza es real. No hay tiempo que perder.

El autor es director regional de IDEA Internacional @zovatto55

 

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