Empieza la vendetta. Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert reclaman condenas de más de 30 años de prisión para Penalva, Subirán y los cuatro agentes del grupo de Blanqueo de Policía Nacional por las presuntas ilegalidades en su investigación. El magnate y su mano derecha -recién absueltos de todos los cargos tras el juicio- imputan al exjuez, el exfiscal y los policías decenas de delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, obstrucción a la justicia, prevaricación, coacciones e inducción al falso testimonio. Les acusan de haber difundido a periodistas investigaciones secretas o reservadas para perjudicar a los sospechosos y no perseguir las “filtraciones”, de intimidar a detenidos para que realizaran acusaciones “falsas”, de manipular las declaraciones de testigos y de ocultar pruebas de descargo.
El escrito de acusación, presentado el jueves ante el Tribunal Superior de Justicia, es también en nombre del exdirector de Tito’s, Jaime Lladó, y el expolicía y hombre de confianza del magnate Antonio Bergas. Estos dos últimos fueron detenidos, imputados y finalmente exculpados el primer día del juicio del caso Cursach.
El documento sostiene que juez, fiscal y policías se concertaron para vulnerar derechos fundamentales de los investigados en la macrocausa. Por un lado, con “filtraciones interesadas” a periodistas de las actuaciones judiciales y policiales “manipuladas” que estaban bajo secreto -y sin que las defensas tuvieran acceso a ellas- o de acceso reservado. Además de imputarles algunas revelaciones a los acusados, también les acusa de no haber “perseguido” e “impedido” que los medios de comunicación publicaran estas noticias. El escrito enumera 37 informaciones periodísticas de Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica, Última Hora, El Mundo, Europa Press, la Agencia Efe, Ara Balears e IB3. La denuncia presentada en 2018 por Sbert algunas de estas publicaciones llevó al juez Miguel Florit, a petición de la Policía Nacional y con el visto bueno del fiscal Juan Carrau, a espiar a varios periodistas y requisar sus teléfonos móviles para averiguar sus fuentes. Florit acabó absuelto por ello de prevaricación, pero el Tribunal Constitucional acabó declarando ilegales aquellas maniobras.
Por otra parte, Cursach y Sbert aseguran que Penalva, Subirán y los cuatro policías “se coordinaron para intimidar a detenidos en el caso ORA”. Cita a 11 personas que fueron arrestadas entre octubre de 2016 y enero de 2017 y a las que habrían amenazado con enviar a prisión para que declarasen contra el resto con “falsedades”. En esta causa también sostienen que la detención de los padres y el hermano de Álvaro Gijón en esa investigación no estaba justificada y solo perseguía presionar al político y “generar un clima de terror”. También aseguran que en estas pesquisas se acordó el ingresó en prisión provisional de dos acusados por no ceder a la exigencia de incriminar a Gijón.
Sobre Sbert, añade el escrito que cuando fue detenido junto a Cursach en febrero de 2017 uno de los policías le dijo que debía “implicar a José María Rodríguez o iría a prisión “un mínimo de cinco meses”. Además, relata diversos episodios de supuestas presiones y coacciones a testigos y acusados para que declarasen al dictado y de ocultar pruebas que rebatían algunas acusaciones.
Las imputaciones contra Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo se basan en gran medida en las conversaciones de los grupos de Whatsapp, que fueron recuperadas tras las detenciones de los policías a finales de 2018 y en las que comentaban las gestiones que llevaban a cabo durante la investigación.
La petición de condena más alta por parte de Cursach y Sbert es para el exfiscal Subirán, con 37,5 años. Para Penalva reclaman 32,5 años de cárcel, mientras que los cuatro policías se enfrentan a penas de entre 30 y 33 años de reclusión. También solicitan la inhabilitación de todos ellos para cualquier empleo público y el pago 2,3 millones de euros en multas. El escrito reclama al TSJB la apertura de juicio oral contra los seis encausados.
