Cuando le preguntaron por la reforma de la malversación, Félix Bolaños hizo una pausa. “Bueno, mire, el PSOE y Unidas Podemos han presentado una proposición de ley para europeizar nuestro Código Penal sobre la sedición (…). Ese es el compromiso del Gobierno. Después otros grupos, como Esquerra, han dicho que también se pueden retocar otros delitos, como la malversación. Cada grupo es libre de presentar enmiendas y nosotros en ese momento las analizaremos. Pero tolerancia ninguna con la corrupción”, contestó el pasado martes el ministro de la Presidencia en la Cadena Ser.
“¿Eso quiere decir que no cree que haya que retocar la malversación?”, le insistieron.
“No –respondió Bolaños-. Eso quiere decir que en España, cuando gobernaba el PP, la corrupción era el primer o segundo problema para los españoles. Ahora uno no lo encuentra en la lista: está abajo del todo. Y por tanto, esa bandera de la decencia y la integridad la vamos a seguir manteniendo, sin ninguna duda”.
Son este tipo de declaraciones ambiguas, que dejan todo abierto, intentan desviar el foco hablando del PP e incluso abonan el terreno argumentativo para acabar apoyando un cambio del delito de malversación, las que llenan de inquietud al PSOE. Resulta difícil, casi imposible, encontrar a un dirigente o líder territorial socialista que respalde esta hipotética reforma para rebajar las penas asociadas a este delito.
La incomprensión
El partido no acaba de entender qué interés puede tener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de apoyar una modificación de este tipo. Aún menos a la luz de lo que ha ocurrido con la ley del ‘solo sí es sí’, que ha permitido que agresores sexuales salgan de la cárcel antes de lo previsto, en aplicación de la retroactividad de la norma más favorable al reo. Los republicanos quieren que el cambio normativo sobre la malversación se circunscriba a aquellos casos ligados a la sedición, siempre que no exista lucro personal o de terceros, algo que podría permitir acortar la inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras, presidente de ERC, y también impedir el ingreso en prisión de varios antiguos cargos de este partido encausados por el proceso independentista. Pero una reforma de este tipo, que tampoco acaban de respaldar en Unidas Podemos ni en otros grupos en los que siempre se apoya el PSOE, como el PNV, resulta extremadamente complicada y puede traer también consigo efectos no deseados.
“¿Y si esto permite la salida de cárcel de dirigentes del PP como Francisco Granados o Eduardo Zaplana? ¿Cómo lo vamos a justificar?”, se pregunta un veterano dirigente del PSOE. Pero de la modificación también se podrían beneficiar antiguos cargos socialistas como José Antonio Griñán, expresidente de Andalucía, condenado a seis años de prisión por el ‘caso ere’, algo que pondría en cuestión esa “tolerancia cero con la corrupción” de la que hablaba Bolaños en la entrevista.
Así que el PSOE no lo ve. El único argumento ante esta hipotética reforma, según otro miembro de la dirección socialista, sería “terminar de quitar todo halo de victimismo a ERC por las penas de cárcel y clausurar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que al fin y al cabo tenía entre sus objetivos desjudicializar el conflicto político en Catalunya”.
La propuesta
Los republicanos, en principio, registrarán esta semana (el plazo termina el próximo viernes) la enmienda parcial a la reforma de la sedición, que sustituye este delito por el de desórdenes públicos, para incluir también la malversación. Miembros del partido liderado por el ‘president’, Pere Aragonès, señalan en privado que casi todo está ya pactado con la Moncloa. Aquí, explican, hay cierto reparto de papeles, por el que socialistas y morados se presentan como proponentes del cambio en la sedición y ERC en el caso de la malversación, para que no aparezca Sánchez como impulsor de esta última modificación.
Eso explicaría la actitud de la Moncloa. “No hay ninguna negociación con ERC sobre la malversación. Ninguna”, insiste un miembro del Gobierno. Sánchez también suele echar balones fuera cuando le preguntan. La semana pasada, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo subrayó, citando el artículo 155 de la Constitución, que una reforma penal de este tipo no dejaría al Estado sin herramientas frente a un nuevo desafío independentista como el de 2017. “Vamos a esperar a la tramitación parlamentaria. Si [los republicanos] presentan una enmienda, la estudiaremos”, añadió. La incógnita se resolverá dentro de unos días.
