La decisión del Gobierno de dejar fuera del nuevo impuesto del 1,2% a las energéticas los ingresos obtenidos a partir de las tarifas reguladas de la luz y del gas y de todas los demás precios sujetos a regulación reducirá a la mitad su capacidad recaudatoria, según cálculos el Banco de España. El organismo que gobierna Pablo Hernández de Cos estima que el cambio introducido en el Congreso de los Diputados en la proposición de ley que regula el nuevo impuesto recortará a 1.000 millones la capacidad recaudatoria del nuevo gravamen en cada uno de los dos años en que estará en vigor (2023 y 2024), en lugar de permitir ingresar los 2.000 millones por ejercicio (4.000 en total) previstos antes de la modificación.
El cálculo de la merma recaudatoria por efecto de la enmienda parlamentaria que ha realizado el Banco de España (1.000 millones menos cada año) multiplica por cinco veces la estimación formulada Ministerio de Hacienda. La ministra María Jesús Montero explicó la semana pasada que, según los cálculos de Hacienda, dejar fuera del impuesto del 1,2% los ingresos por actividades energéticas reguladas restará el 10% a la capacidad recaudatoria del tributo: esto es 200 millones menos cada año y 400 millones menos los dos años de vigencia del impuesto, hasta dejar en 3.600 millones la suma de sus ingresos en 2023 y 2024.
Durante su comparecencia este martes la Comisión de Presupuestos del Senado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, limitó a 2.500 millones de euros la capacidad anual recaudatoria de los dos nuevos impuestos sobre la banca y sobre las energéticas en tramitación parlamentaria, para su aplicación en 2023 y en 2024. Esta cantidad de 2.500 millones es inferior a la recaudación anual de 3.500 millones que originariamente estimó el Gobierno en julio, cuando se anunció la creación de los dos nuevos impuestos (7.000 millones en dos años). Después de la comparecencia del gobernador en el Senado, el propio Banco de España ha aclarado la razón de esa diferencia: “Esta cifra (2.500 millones) es inferior a la estimada inicialmente por el Gobierno (3.500 millones) como consecuencia de la incorporación, durante su tramitación en el Congreso, de una enmienda al gravamen de las empresas del sector energético, que excluye del mismo a las actividades del mercado regulado. Estimamos que esto podría reducir la recaudación de este gravamen a la mitad (de 2.000 a 1.000 millones de euros por año)”. Así se explica en una nota a pie de página incorporada al texto de la comparecencia del gobernador del 29 de noviembre, en el Senado.
En la proposición de ley en tramitación parlamentaria se establece que los ingresos obtenidos por el nuevo impuesto energético tendrá como destino finalista financiar ayudas a familias y empresas vulnerables a la subida de precios y la construcción de nuevas infraestructuras en el sector.
