De las más de 22.000 farmacias que hay en España, unas 4.500 están en zonas rurales. De esa cifra, algo más de 2.100 están en poblaciones de menos de 1.000 habitantes. La continuidad de esas oficinas, como viene advirtiendo desde hace tiempo la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), está seriamente amenazada. Son muchas las que han echado el cierre en los últimos años. Por eso, SEFAR celebra que, esta misma semana, el Consejo de Ministros haya aprobado la modificación del Real Decreto 823/2008 que actualiza las ayudas para esas pequeñas boticas que están en viabilidad económica comprometida, las llamadas farmacias VEC. Una medida positiva, señala el presidente de la sociedad científica, Jaime Espolita, a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica: “Que se hayan puesto manos a la obra nos parece digno de mención”.
Se beneficiarán del incremento las farmacias de núcleos con un máximo de 1.500 habitantes censados
La modificación del real decreto –por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos de la distribución y dispensación de medicamentos, actualizando al alza las compensaciones que reciben las farmacias VEC– supone que se beneficiarán del incremento del 17,5 % correspondiente a la aplicación del índice corrector de los márgenes, las farmacias de núcleos con un máximo de 1.500 habitantes censados, o bien en otros municipios “en los que la autoridad competente delimite y designe como de riesgo para disponer de la adecuada cobertura o acceso a la prestación farmacéutica”, según ha explicado el Ministerio de Sanidad.
Riesgo de despoblación
Lo que pretende el Gobierno es garantizar la prestación farmacéutica en el medio rural con riesgo de despoblación, en la España vaciada. Entre los requisitos para poder acceder a las ayudas, está el hecho de que las ventas anuales de las farmacias no deben superar los 235.000 euros en el ejercicio económico correspondiente al año natural anterior. Así, de los actuales 833,33 euros máximos que puede recibir una farmacia VEC al mes se pasaría a 979,16 euros. Además, entre otros requisitos, la botica deberá haber prestado sus servicios durante los 12 meses del año natural anterior.
En España, algo más del 3 % de las farmacias (713) están afectadas por el índice corrector. Del total de las oficinas potencialmente beneficiarias por la aplicación de este marcador, el 80,22 % (574) está en municipios de menos de 1.500 habitantes.
Una medida positiva
“Nos parece una medida positiva en tanto que la Administración es consciente del problema de viabilidad de la farmacia rural y, con toda la problemática que existe actualmente en torno a la sanidad, el hecho de que se hayan puesto manos a la obra con ello nos parece digno de mención”, declara el presidente de SEFAR cuando este diario le pide una valoración de la aprobación de la normativa. Jaime Espolita es titular de una farmacia en Cabrillanes (León), una de esas poblaciones de menos de 1.500 habitantes (tiene menos de 800).
Espolita lleva años lanzando un SOS para las boticas de zonas despobladas. Porque, explica, “lo aprobado no deja de ser una actualización de las compensaciones en función del IPC, algo que no se había hecho desde la aprobación del real decreto inicial”. Lo que sí considera de especial transcendencia “es que este factor corrector del margen pase a ser aplicado únicamente a oficinas de farmacia rurales o ubicadas en zonas desfavorecidas ya que, hasta el momento, se aplicaba por igual a cualquier tipo de farmacia fijándose como criterio únicamente la facturación anual de esa farmacia“.
“No tiene las mismas consecuencias, de cara a la salud pública, el cierre de una farmacia en una población aislada que uno el ámbito urbano o semiurbano”, advierte el presidente de SEFAR
Con esto, la Administración “deja claro qué farmacias son las que considera esenciales a la hora de garantizar la cohesión e igualdad en el acceso al medicamento”. Desde SEFAR, añade, tienen “un gran respeto por todos nuestros compañeros y consideramos que la labor que desempeña la farmacia comunitaria es excelente, pero lo cierto es que no tiene las mismas consecuencias, de cara a la salud pública, el cierre de una farmacia en una población rural aislada que el cierre en el ámbito urbano o semiurbano“.
Los farmacéuticos rurales se quejan de un excesivo número de servicios de guardia o la incapacidad “de conciliar mínimamente la vida personal y profesional”
Esto último ha sido siempre una reivindicación de SEFAR: la farmacia rural no sólo tiene “un problema de inviabilidad económica derivado de un modelo retributivo incoherente con nuestro modelo de planificación, sino que se añaden otro tipo de penalidades”. El presidente de los farmacéuticos rurales cita el excesivo número de servicios de guardia -de hasta 6 meses al año-, la ausencia total de servicios en sus poblaciones o la absoluta incapacidad “de conciliar mínimamente la vida personal y profesional; hechos estos que no sufre otra tipología de farmacias“.
“Nunca hemos entendido que no se las considerase esenciales y se estableciesen medidas que garantizaran su subsistencia”, dicen desde SEFAR
Y abunda: si a esto se le añade que estas boticas “son la única justificación de nuestro modelo restringido de aperturas de farmacia, nunca hemos entendido que no se las considerase esenciales y se estableciesen medidas que garantizaran su subsistencia”. Lo cierto, admite Jaime Espolita, es que parece “que la Administración ha entendido este hecho y se ha dado cuenta que no se puede legislar de igual forma para todos en un sector tan heterogéneo como el nuestro”.
La farmacéutica de Requejo, en Zamora
Desde Requejo, apenas 150 habitantes, en la comarca zamorana de Sanabria, donde regenta la farmacia, Elena Amaro valora la normativa también positivamente. Zamora, describe Amaro, tiene un 82% de farmacia rural y, con datos a cierre de 2021, había 91 boticas en núcleos de menos de 500 habitantes. En la gran mayoría, sólo trabaja el titular. A Amaro, por ejemplo, le toca hacer el reparto de medicinas por los pueblos cercanos a Requejo. Le gusta llamarlo ‘atención farmacéutica domiciliaria’, porque no se trata sólo y exclusivamente de llevar la bolsa de medicinas a los pacientes, sino de explicarles cómo tomar las que se han pautado nuevas, despejar dudas…
El trato de los farmacéuticos con sus vecinos es muy estrecho. Conocen sus enfermedades y sus tratamientos. Por, eso, en la línea de lo que señala el presidente de SEFAR, Elena Amaro valora también positivamente las nuevas ayudas aprobadas por el Gobierno pero, matiza a este diario, “necesitamos medidas estructurales para que la farmacia rural permanezca” porque, añade, tienen unas peculiaridades que no tienen oficinas de poblaciones más grandes: baja facturación, una gran carga de guardias, ausencia de servicios, aislamiento…
“A lo que aspira nuestra sociedad es al establecimiento de medidas –cambios en modelo retributivo, añadiendo el pago de los servicios profesionales farmacéuticos y dependiendo en menor medida de los precios del medicamento- que hagan innecesario el recurrir a factores correctores del margen, subvenciones o ayudas. Creemos que sería beneficioso para todo el sector“, finaliza Jaime Espolita.
