El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigando varios contratos y pagos realizados entre 2009 y 2011 por las empresas de Ibex Telefónica, Gas Natural y Repsol, a la productora audiovisual catalana Triacom, implicada en la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). El magistrado fue el instructor del ‘caso 3%’ sobre el supuesto pago de comisiones al extinto partido a cambio de adjudicaciones de servicios y obras, causa que está pendiente de juicio. A raíz de aquellas pesquisas, Pedraz abrió una pieza separada sobre Triacom, a la que considera otra posible vía para canalizar fondos hacia CDC.
El magistrado tiene encima de su mesa tres informes realizados conjuntamente por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, de Prensa Ibérica, en los que detalla una serie de operaciones económicas efectuadas en los años anteriores al inicio del ‘procés’ entre Triacom (dirigida por el exgerente de TV3 Oriol Carbó) y Telefónica, Gas Natural y Repsol (esta última a través de su fundación), así como la concesión por parte de la Generalitat de créditos y ayudas presuntamente anómalos a dicha productora. El convenio de la Fundación Repsol fue firmado por el que era en el 2009 su vicepresidente, el ‘exconseller’ de Economia Jaume Giró.
Uno de los protagonistas principales que figura en esos negocios es el empresario David Madí, exalto cargo de CDC que fue mano derecha de Artur Mas (presidente de la Generalitat cuando se realizaron los contratos y pagos bajo sospecha) y que a finales de 2013 fichó por Telefónica como asesor, cargo que mantuvo durante tres años. Según los informes, Madí habría actuado como nexo de unión, por ejemplo, en la concesión a Telefónica y a otras empresas del sector de contratos promovidos por el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), el organismo público que gestiona los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la Generalitat.
A precio “desorbitado”
El informe policial sobre la relación entre Telefónica y Triacom, de 139 folios más anexos, relata que, en julio del 2010, Telefónica acudió a Triacom para dos cometidos concretos: por un lado, asumir el patrocinio de la serie titulada provisionalmente ‘Jo vull ser’, y por otro lado, la producción de dos videos corporativos, uno sobre la nueva sede (la llamada Torre de Telefónica) y otro sobre el Campus Universitas de Telefónica. Por este encargo, Telefónica se comprometió a abonar de 2.950.000 euros (IVA incluido).
El compromiso se materializó en cinco pagos efectuados por Telefónica entre octubre de 2010 y noviembre de 2011. Sin embargo, los Mossos y la Guardia Civil sostienen que “no hay constancia de la realización” de la serie ‘Jo vull ser’ (no se formalizó contrato alguno entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y Triacom) y de los videos solo se tiene noticia de uno de ellos, el de la nueva sede. Respecto al video del Campus Universitas, argumentan los agentes, “no ha quedado demostrado que se haya creado, producido ni realizado”, máxime “cuando no parece justificada” su necesidad. Y, en opinión de ambos cuerpos policiales, el precio fijado por toda esa labor es “desorbitado”. En ningún momento, Telefónica reclamó a Triacom el dinero y la operadora de telefonía “fue objeto de regularización”, lo que da a entender que regularizó ante Hacienda los 2,9 millones de euros.
El punto de partida
La misma Agencia Tributaria informó en otro procedimiento judicial de que el contrato de Telefónica “parece ser el punto de partida para la contabilización de facturas falsas“, puesto que “la distribución temporal” de los cobros a esta compañía “coincide” con los pagos de Triacom a determinadas empresas por trabajos también supuestamente no realizados.
Las empresas que percibieron dinero de Triacom estaban dirigidas por Juan Manuel Parra (Hispart, Audiovisual Exit y Estéreo Rent, que son proveederas de CDC), David Madí (Nubul Consulting, IKI CAT XXI e ICAT Desenvolupament), el cuñado de Oriol Carbó (Emocional Base) y otro empresario. Las policías subrayan que, en aquella época, Madí era “jefe de la campaña” de CDC, y que Parra declaró en el juzgado que, por indicaciones del ‘exconseller’ Germà Gordó, había facturado a Triacom por trabajos de campaña electoral realizados para CDC en 2010. Madí ya ha sido condenado a 14 meses de prisión por emitir facturas falsas, pero todavía no ha sido imputado en la Audiencia Nacional por el ‘caso Triacom’.
Mossos y Guardia Civil concluyen que los pagos de Telefónica podrían responder a “operaciones subyacentes” con la “supuesta finalidad de satisfacer el interés de personas y empresas a través de tres vías”, con un posible “fin de obtener una contraprestación económica que se habría materializado con la adjudicación de contratos promovidos por el CTTI a Telefónica”. Los agentes precisan que, “como nexo de unión”, figura Madí, “persona de influencia en Catalunya”, y sitúan a Triacom “como el instrumento necesario para ocultar la verdadera finalidad de los pagos” efectuados por Telefónica.
Las tres vías
La primera de esas vías, detalla el informe, sería el montante total percibido por las empresas de Madí, que ascendió a 441.965 euros. La segunda, los pagos realizados a las sociedades de Juan Manuel Parra (quien ya fue condenado por el ‘caso Palau’) para sufragar la campaña electoral de CDC y cuya cantidad fue de 885.000 euros. Y, por último, el abono de 1,6 millones de euros por parte de Triacom a otras empresas empresas instrumentales de su administrador, Oriol Carbó, con el supuesto objetivo de “detraer el pago de impuestos”. La suma de todos estos desembolsos es de 2.972.374 euros, “cantidad relativamente cercana” a los 2.950.000 euros abonados por Telefónica, recalcan los investigadores.
La influencia “y referencia” de Madí, “a través de su trayectoria política” en CDC y, por ende, en la Administración pública catalana, quedaría reflejada, según los informes, con la formación de los contratos suscritos por una de sus empresas, Nubul Consulting, y Telefónica para el asesoramiento de consultoría estratégica “de más alto nivel”. En este sentido, los Mossos y la Guardia Civil desvelan que, además de con Telefónica, Nubul también formalizó contratos con T-Systems ITC Iberia (731.205 euros, entre 2011 y 2013) e Idra Sistemas (203.000 euros, en las mismas fechas), entidades que igualmente fueron adjudicatarias de contratos promovidos por el CTTI.
El CTTI inició un macroconcurso para dar respuesta al nuevo modelo de gestión TIC (tecnologías de la información y la comunicación) el 27 de octubre de 2011, usando como proceso el denominado “diálogo competitivo”, que otorga un “amplio margen de maniobra” al licitador para elegir a las empresas participantes en el concurso. Telefónica y sus filiales fueron las más beneficiadas, con la concesión, al año siguiente, en agosto de 2012, de cuatro contratos que ascendieron a casi 640 millones de euros.
Las pesquisas
Sobre este concurso del CTTI, la Sindicatura de Comptes detectó “multitud de irregularidades”, entre ellas que Carles Flamerich, que era director general de Telecomunicacions de la Generalitat, participó en todas las fases del procedimiento hasta su cierre, a pesar de que había estado vinculado hasta un año antes a Concatel Vanture Team, firma que había trabajado para Telefónica, a la vez que era, desde abril de 2012, presidente de una sectorial de CDC. Los cuerpos policiales también vinculan a Madí con el grupo Concatel, dado que fue consejero de Vanture ESS hasta nueve días después de la adjudicación de los servicios. La Sindicatura recoge diversas irregularidades administrativas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió en 2016 una investigación para esclarecer si el CTTI favoreció a empresas con el fin de implantar “estructuras del Estado” en Catalunya. Entre las adjudicaciones sospechosas había una que fue concedida a Telefónica, T-Systems y otras empresas del sector. La Fiscalía de Barcelona, por su parte, recibió un informe de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) sobre la presunta connivencia para modificar unas clausulas para beneficiar a Telefónica “con la intervención de un cargo de CiU”, a fin de “influir irregularmente en la adjudicación”. La fiscalía, en este caso, decidió no abrir una investigación de tipo penal.
