El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha remitido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la asociación Aquí Estamos Migrando y a otras oenegés unas conclusiones finales sobre la avalancha que costó la vida a al menos 23 migrantes en el puesto fronterizo Barrio Chino, entre Melilla y Nador, el pasado 24 de marzo.
Las conclusiones se emiten, a diferencia del primer informe provisional (del pasado 14 de octubre), tras haber escuchado las alegaciones del Ministerio del Interior. Gabilondo no las admite, considera que “no son suficientes”, pero en sus nuevas recomendaciones se centra solo en dos aspectos de lo ocurrido aquella trágica mañana: en que un guardia civil tiró piedras a un grupo de migrantes que trataban de saltar a territorio español, y, muy mayoritariamente, en que le parece necesario aclarar la base legal de las devoluciones de migrantes a Marruecos realizadas aquel día bajo la figura del rechazo en frontera.
En esta carta con recomendaciones a Interior, el Defensor no insiste en fallos que sí apreciaba en el primer informe, y que insinuaban una supuesta denegación de auxilio a, como decía en el primer informe, “un número indeterminado de personas que se encuentran amontonadas y, en varios casos, aplastadas en uno de los accesos al puesto fronterizo”.
El Defensor del Pueblo alude al momento de la avalancha letal con solo unas palabras: “tras la visualización de las imágenes remitidas, se aprecia que un número indeterminado de personas se amontonaban en el vallado fronterizo, varias de ellas aplastadas unas contra otras”. Ya no insiste en que las afirmaciones de Interior y la Guardia Civil “no pueden ser compartidas por esta institución”, como sí dice en sus primeras conclusiones.
Rechazos debatibles
La entidad que dirige Gabilondo cree que la legislación española debería atenerse al espíritu de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de practicar rechazos en frontera como los realizados con 470 migrantes el pasado 24 de junio al pie de la valla de Melilla y a gendarmes marroquíes “en un punto prefijado” del perímetro fronterizo, como contó en exclusiva El Periódico, del grupo Prensa Ibérica.
En su nuevo informe, el Defensor admite que el Tribunal Constitucional “estableció la constitucionalidad de la figura del ‘rechazo en frontera'” en una sentencia de 2020, pero exige: “Transcurridos dos años desde su publicación, se ha de desarrollar, sin más demora y por disposición reglamentaria, el procedimiento que regule esta figura de conformidad con la interpretación realizada por el propio tribunal”.
Por ello, recomienda una nueva forma de actuación para la Guardia Civil y la Policía Nacional en futuras interceptaciones de extranjeros que traten de superar el vallado de forma ilegal: “Que cuando se lleve a cabo un rechazo en frontera se deje constancia escrita de que al extranjero se le ha facilitado información sobre protección internacional, y que se ha verificado mediante un mecanismo adecuado de identificación y derivación estas necesidades, que no es menor de edad o la concurrencia de indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos”.
Interior lo aplaude
Fuentes de Interior celebran que “finalmente el Defensor no realice queja ni observación alguna sobre el despliegue de la Guardia Civil” aquella mañana, y enfatizan que no hay reproches sobre “la no existencia de personas fallecidas en territorio nacional o al auxilio de aquellos migrantes que se encontraban al alcance de los agentes”.
En Interior entienden además que han desaparecido las suspicacias mostradas por el Defensor del Pueblo sobre cuántas grabaciones de vídeo se pusieron a su disposición, y que reconoce que “tenía a su disposición la totalidad de vídeos que fueron captados por medios de la Guardia Civil”.
Esas fuentes del departamento que dirige el ministro Marlaska han mostrado su disposición a “estudiar en profundidad” las recomendaciones sobre desarrollo de un reglamento que hace Ángel Gabilondo.
