Dos exaltos cargos del extinto Banco Popular han asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un presunto delito de estafa a inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital realizada en 2012 que esa operación fue “un rotundo éxito”.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como imputados ante el magistrado Santiago Pedraz, el exdirector general corporativo y de finanzas del banco Jacobo González-Robatto y el expresidente de la Comisión de Auditoría José Ramón Rodríguez han defendido que no se dio ningún paso en la ampliación sin contar con el permiso del Banco de España.
De hecho, González-Robatto habría recordado que fue el propio Banco de España el que instó al Popular a recapitalizarse a raíz de los acuerdos suscritos en el seno de la Unión Europea. El exdirectivo, que fue el responsable de la elaboración del folleto, ha defendido el mismo asegurando que contenía una información precisa, detallada y profunda.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 comenzó a investigar el pasado mes de junio tras admitir a trámite dos querellas que señalaban que en la ampliación de capital se produjeron “omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores”.
A este respecto, el exdirector de finanzas ha incidido en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no hizo ninguna observación sobre el propio folleto. A su juicio, además, esto es poco habitual en este tipo de operaciones, en las que el organismo regulador suele realizar algún tipo de precisión o corrección.
Auditada por PWC y revisada por Deloitte
El propio González-Robatto ha asegurado además que la ampliación fue exitosa en tanto que el banco no fue capaz de abarcar la demanda de acciones por parte de los clientes. Estos últimos, siempre en palabras del exdirectivo, habrían obtenido grandes rentabilidades de su inversión en la entidad.
Los dos exdirectivos, según explican otras fuentes, han recordado además que esa operación fue auditada por PwC y revisada posteriormente de forma exhaustiva por Deloitte. Desde su punto de vista, esa ampliación reflejaba la imagen fiel y real del Popular en aquel momento, en contra de lo sostenido por los querellantes.
Para defender la solvencia de la ampliación, uno de los imputados ha esgrimido que una persona que hubiese invertido 1.000 euros en la misma podría haber obtenido cerca de 2.500 euros a finales de 2013.
La versión ofrecida por González-Robatto y por Rodríguez coincide con la relatada el pasado mes de octubre por el expresidente del Banco Popular Ángel Ron, que descartó ante el magistrado que se cometiesen irregularidades en la ampliación de capital, defendiendo que el folleto en el que se recogían las condiciones de la misma era “absolutamente claro y transparente”.
Ron señaló entonces que fue el Banco de España el que pidió al Popular que hiciese “un reforzamiento de capital”. “Y lo hicimos: sometimos el plan a la autorización del Banco de España y de la Comisión Europea, que nos la dio, y se ejecutó”, apuntó en declaraciones a los medios a su salida de la sede judicial.
Ese mismo día el juez también tomó declaración como investigado al que fuera vicepresidente de la entidad con Ron, Roberto Higuera. Ante el magistrado, Higuera defendió que todas las operaciones se realizaron de forma correcta al tiempo que señaló que las cuentas anuales de 2012 –año en el que se absorbió el Banco Pastor– fueron auditadas por la consultora PwC, solicitando a su vez contraste a Deloitte.
