En un momento de máxima tensión y grandes disensos en materia de igualdad, los socios del Gobierno y sus aliados parlamentarios han negociado sin dificultad la reforma de la ley del aborto. Un pequeño oasis en medio de la tempestad.
Tan sólo PP, Cs y la extrema derecha se han negado a apoyar el dictamen de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La Comisión de Igualdad ha dado el visto bueno al texto final, que será sometido a la votación del Pleno en las próximas semanas.
“La igualdad se practica aprobando leyes como esta: aceptando enmiendas y transaccionando otras”, ha asegurado la diputada del PSOE Susana Ros. Una norma que traerá “más derechos”, según la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández-Castañón. Palabras de entendimiento que contrastan con el choque virulento existente entre los socios de Gobierno por la ley trans, también del ámbito de la igualdad.
Los grupos parlamentarios han pactado incluir 23 enmiendas en el texto de la ley del aborto, 7 de ellas transaccionadas entre varias formaciones, para introducir pequeños cambios que no cambian de forma significativa la norma. Hasta el PP ha logrado colar una enmienda para que la ley hable de “salud durante la menstruación” en lugar de emplear el término “salud menstrual”.
El PSOE, por su parte, ha conseguido eliminar de la norma la referencia a las “preferencias sexuales” en el artículo que establece que los poderes públicos deben garantizar el derecho a la libertad, la autonomía personal y el reconocimiento de las distintas opciones y orientaciones sexuales, al estimar que esas preferencias “no son objeto de esta ley”.
En los cambios de última hora se ha puesto mucho énfasis en la educación afectivosexual de la ciudanía, en especial la destinada a la infancia, la adolescencia y la juventud. Por ejemplo, a instancias de Compromís, se ha introducido en la ley la obligación de que el sistema educativo español promocione una “visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad y diversidad, desde la óptica del placer, el deseo, la libertad y el respeto con especial atención a la prevención de las violencias basadas en el género y la violencia sexual”.
También propuesta por el partido de Joan Baldoví es la medida que exige a los poderes públicos “la generación y difusión efectiva de información de calidad sobre educación en materia menstrual y productos de gestión menstrual” a la hora de desarrollar políticas sanitarias y educativas.
El respeto a las opciones sexuales individuales y la corresponsabilidad en las conductas sexuales formarán parte de los programas educativos. Además, a la hora de abordar la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el sistema educativo tendrá que visibilizar la realidad del VIH y el sida, haciendo hincapié en la denuncia de la discriminación y el olvido que viven las personas que los sufren.
Ya en niveles educativos superiores, se incluirán la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras relacionadas con la medicina y las ciencias de la salud, incluyendo la investigación y formación en la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo.
La perspectiva de género estará muy presente en la futura Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con dos planes operativos específicos: uno que aborde el diagnóstico y tratamiento de las patologías relacionadas con la reproducción y la salud sexual de las mujeres y otro sobre la atención sanitaria al parto normal. La violencia obstétrica no formará parte de la ley, a pesar de que así lo querían Unidas Podemos, Bildu y ERC.
La norma tendrá en cuenta a las mujeres mayores, a la hora de prestar una atención especializada a su salud afectivosexual, y también a mujeres con discapacidad, a quienes garantizará su derecho a la salud sexual y reproductiva estableciendo para ellas los apoyos necesarios.
En la Comisión de Igualdad en la que se ha formulado el texto final de la reforma de la ley del aborto se han vertido dos críticas claras: la primera a la tramitación de urgencia de esta norma (PP, ERC y Junts se han quejado) y la segunda a la introducción de la gestación por sustitución como forma de violencia contra las mujeres. Este aspecto ha sido determinante para que Cs haya votado en contra de la ley y PNV, ERC, Bildu y Junts han mostrado sus dudas sobre la pertinencia de abordar esta cuestión en esta norma.
Las claves de la reforma de la ley del aborto
El proyecto de reforma de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo devuelve a las chicas de 16 y 17 años la capacidad de decidir libremente sobre su maternidad sin pedir permiso a sus progenitores para ello: se acabará con la necesidad de consentimiento paterno para abortar a esas edades.
Regulará la objeción de conciencia de los médicos, garantizará el derecho de abortar en la sanidad pública en todos los territorios e incluirá una incapacidad temporal por reglas dolorosas y abortos.
También eliminará los tres días de reflexión y la entrega de un sobre con información como requisito de acceso, establecerá que los centros de salud distribuyan de forma gratuita la píldora del día después y que distintos centros públicos provean material para la higiene menstrual.
Se reforzará la atención psicológica tanto en caso de muerte perinatal como en interrupción voluntaria del embarazo, se incluirá un permiso para la semana 39 de la gestación y se incidirá en la educación afectivosexual en todas las etapas educativas.
Además, declara como violencias reproductivas la gestación subrogada y la esterilización, la anticoncepción, el embarazo y el aborto forzosos.
