El anteproyecto de la ley integral contra la trata plantea penas de prisión de seis meses a cuatro años para quien haga uso de servicios o prestaciones de las víctimas, entre las que destacan las mujeres forzadas a prostituirse, y garantiza a las víctimas una asistencia integral, con autorizaciones de residencia y trabajo provisionales.
El texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros persigue todas las formas de explotación vinculadas a la trata: la esclavitud, la servidumbre y los trabajos o servicios forzosos, la mendicidad, la realización de actividades delictivas, la prestación de servicios sexuales o reproductivos, la extracción de órganos o tejidos y los matrimonios o las uniones de hecho forzadas.
Una Relatoría Nacional sobre Trata y Explotación de Seres Humanos coordinará todas las políticas públicas.
Estos son varios de los ejes del anteproyecto:
Reformas penales
El anteproyecto reorganiza y precisa en el Código Penal la persecución de la trata y la explotación de seres humanos, tipificando los delitos de trabajos forzosos, servidumbre y esclavitud.
Para desincentivar la demanda, se tipifica también la utilización de servicios, prestaciones o actividades de las víctimas de trabajos o servicios forzosos, servidumbre o esclavitud.
Así, por ejemplo, quien haga uso de servicios sexuales prestados por una víctima de trata será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación. Si se ha actuado “con imprudencia grave”, la pena será de seis meses a dos años y medio. Solo quedará exento de pena quien, habiendo utilizado “ocasionalmente” los servicios de esas víctimas, lo denuncie.
También se castigará a quienes, sin ser autores de delitos de trata o explotación, lo faciliten mediante el alquiler de locales o alojamientos.
Proceso de reconocimiento de las víctimas
El anteproyecto crea un Mecanismo Nacional de Derivación para detectar, identificar y proteger a la víctimas, que en ningún caso estarán obligadas a denunciar o a participar en la investigación penal para acceder a los derechos que les otorga la norma.
En cuanto se aprecien indicios razonables, la posible víctima será derivada a un centro de primera acogida y se iniciará el procedimiento de identificación formal con dos fases, una provisional y otra definitiva, en la que participarán las Unidades de Violencia sobre la Mujer.
Reforma de la ley de extranjería
La norma retoca la ley de extranjería y permite a las víctimas sin papeles con una identificación provisional solicitar autorización temporal de residencia y trabajo.
Cuando sea declarada de forma definitiva víctima, la autoridad competente “podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia una vez reconocida la identificación provisional, o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, en atención a su situación personal, o cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, y facilidades para su integración social”.
En la actual ley de extranjería también se permitía regularizar a la víctimas sin papeles en atención a su situación personal, pero se situaba en primer lugar la colaboración con la policía.
El anteproyecto apuesta por el retorno asistido voluntario de las víctimas a sus países de origen, que recibirán ayuda para que puedan proporcionar una asistencia adecuada y a largo plazo a quienes regresen.
Derechos de las víctimas e indemnizaciones
Desde el momento de la detección, las presuntas víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento y a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección.
Ese apoyo comprende alojamiento apropiado y seguro, recursos básicos de subsistencia, asistencia médica y psicológica, asistencia social y asesoramiento legal. Se protegerá su privacidad y su identidad y tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita.
Tras su identificación definitiva tendrán derecho a la inserción social y laboral, a acceder al ingreso mínimo vital y a recibir una indemnización económica, que puede obtenerse de los tratantes o explotadores, en el marco del proceso penal, o cuando del Estado si no hay pronunciamiento judicial.
Más sensibilización e inspectores especializados
Para fomentar la concienciación social contra la trata se plantean medidas en el ámbito educativo, en el sanitario y en el empresarial, con medidas específicas de sensibilización en sectores que se consideran más precarizados o conectados con la economía sumergida: servicio doméstico, hostelería, agricultura, pesca, sector textil, construcción.
Se formará a los inspectores de Trabajo y habrá funcionarios especializados en cada provincia, con modelos de denuncia y protocolos de actuación.
El anteproyecto incorpora el deber de diligencia empresarial y en una futura ley se regulará obligaciones de las empresas, sanciones ye incentivos.
