El gran tropiezo del Gobierno en estos últimos meses ha sido la ley del ‘solo sí es sí’, uno de los grandes compromisos de la coalición, y sobre todo de Unidas Podemos, para esta legislatura. La extensión del delito de agresión sexual a todo aquello que antes se consideraba abuso sexual y la consecuente ampliación de las horquillas de condenas ha comportado algunas rebajas de pena a violadores ya condenados. ¿Error del Ministerio de Igualdad o interpretación equivocada de los jueces? Más de la mitad de los españoles achaca el fiasco a un defecto de la ley, aunque una cuarta parte responsabiliza a los tribunales. Los votantes de los dos partidos del Gobierno se muestran divididos, en especial los del PSOE.
Según el barómetro de noviembre del GESOP, el 57,1% de los ciudadanos atribuyen las rebajas de penas a un error en la elaboración de la norma, es decir, señalan a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que hasta la fecha ha evitado toda autocrítica y ha subrayado el “machismo” que aún subyace entre algunos magistrados. El 25,7% de los españoles sí se alinean con Montero y sostienen que el problema es la aplicación que han hecho algunos tribunales de la nueva normativa. El 17,3% evita señalar culpables.
Aunque en ambos sexos son mayoría quienes piensan que el error ha sido del Gobierno, el porcentaje de mujeres que acusan a los jueces de aplicar la ley de forma torticera (28,8%) supera en 6,5 puntos al porcentaje de hombres que secundan esta idea (22,3%). Por edades, en todas las franjas excepto en la de mayores de 60 años roza el 60% quienes ven un defecto en la norma. Solo se sale de la media el electorado más joven, del que un tercio consideran responsables a los tribunales.
Por electorados, la división de opiniones se hace patente entre los votantes de los dos partidos del Gobierno. De hecho, mientras entre los podemistas son mayoría los que achacan el fiasco a los jueces, entre los socialistas son más los que hacen autocrítica y admiten que la ley tenía una grieta judicial. El 40,7% de los votantes del PSOE creen que el error es de Irene Montero, pero el 37,1% señala a los tribunales. En el caladero morado, el 40,4% de los votantes de Unidas Podemos atribuyen el error a los magistrados, aunque un 29,7% sí reconocen que el fallo es del Ministerio de Igualdad.
Curiosamente (o no), los más condescendientes con el Gobierno son los votantes de ERC, entre los que solo dos de cada 10 ven un error en la ley y, en cambio, dos de cada tres echan la culpa a los magistrados. Tan divididos como el del PSOE está el electorado de Junts: el 44,1% responsabiliza del fiasco a Montero y el 41,6%, a los jueces. Entre los votantes de partidos de derechas la balanza se inclina claramente en contra de la ministra de Igualdad.
Por comunidades autónomas, quienes menos culpan al Gobierno son catalanes y vascos. De hecho, en Euskadi hay casi empate entre los que acusan a Montero (31,2%) y los que señalan a los magistrados (30,6%). En Catalunya, el 49,6% consideran que el error es del Ejecutivo central y el 34,1% apuntan a la judicatura. En el resto de autonomías, el porcentaje de críticos con el ministerio roza o supera en todos los casos el 60%
Ficha técnica
-Empresa responsable: GESOP.
-Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas.
-Ámbito de estudio: España.
-Población: Mayores de edad con derecho a voto.
-Muestra: 1.001 entrevistas.
-Tipo de muestreo: Proporcional por comunidades autónomas y dimensión de municipio. -Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad.
-Margen de error: +/- 3,16% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
-Trabajo de campo: Del 21 al 24 de noviembre de 2022.