Más turbulencias en el Gobierno de coalición. Si la semana arrancaba con las tensiones de la negociación por la ley trans, el desencuentro entre Unidas Podemos y el PSOE se ha visto recrudecido por otra norma, el anteproyecto de ley contra la trata, que el Ejecutivo tiene que aprobar en pocas horas.
El Ministerio de Igualdad denunciaba este lunes que el texto, que ha redactado principalmente Justicia, es insuficiente y tiene que garantizar que el acceso de las víctimas a una “atención social integral” no esté condicionado por el requisito de que tengan que presentar denuncia o colaborar con la policía.
Un pronunciamiento que ha negado de plano la parte socialista del Ejecutivo: “No es cierto que los derechos de las víctimas de trata estén condicionados a la presentación de ninguna denuncia”.
En un borrador de la ley al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, se dice que “se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la asistencia a la víctima y el proceso de detección e identificación no estén condicionados” a la investigación penal.
Desde Igualdad consideran imprescindible que la ley “incluya la posibilidad de que las víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia, tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres”.
Asimismo, demandan que en el proceso de acreditación de víctimas participen organizaciones que trabajan con las víctimas y que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género sea competente en la lucha contra todas las formas de trata. “Entre primera y segunda vuelta se van a tener que incluir muchas cosas que faltan. Seguimos negociando”, precisan desde el departamento de Montero.
Sin embargo, desde la otra ala del Gobierno se destaca que el texto que se elevará mañana al Consejo es el resultado de un “importante esfuerzo de coordinación realizado por Justicia” que ha contado con aportaciones de nueve ministerios “en un tiempo récord”.
La ley contra la trata es un compromiso que los partidos del Gobierno incluyeron en su acuerdo de coalición y una medida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género pendiente de cumplimiento.
El Ejecutivo ha tardado tres años en sacar adelante un texto. Iba a ser aprobado hace dos semanas, pero la ministra Pilar Llop dio positivo en covid y el trámite se tuvo que retrasar. Hasta el último momento ha habido diferencias entre Igualdad y Justicia por esta norma.
El encargado de anunciar que este martes el Gobierno aprobaría el anteproyecto de ley contra la trata ha sido el mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
“Es una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trabajan con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y niños, y por lo tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI”, ha dicho.
No contaba el máximo mandatario con un nuevo encontronazo con su socio de Gobierno, después de que este lunes volvieran a estallar las posiciones dispares en torno a la ley trans y tras dos semanas de difícil gestión de las revisiones penales por la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí.
