El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, ratificó ante la Justicia los informes del organismo que señalan que hubo beneficiarios de planes Potenciar Trabajo que figuran en situación económica como para comprar dólares o autos cero kilómetro. Así lo hizo en una declaración testimonial que prestó ante el fiscal Guillermo Marijuan, este mediodía, de manera presencial.
“Ratificó los pedidos informes respondidos al Ministerio de Desarrollo Social, son informes de contenido estadístico y aspectos técnicos”, dijo una fuente cercana a Castagneto.
El plan Potenciar Trabajo es el mayor programa de ayuda social del Gobierno y sus beneficiarios reciben mensualmente del Estado el 50 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Tras una serie de auditorías y denuncias fueron puestos bajo la lupa judicial ya que la AFIP cruzó la base de beneficiarios con la de los contribuyentes y captó estas inconsistencias que alcanzan a casi 250.000 personas.
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En el caso del jefe de gabinete, Juan Manzur, el fiscal le envió un cuestionario que el funcionario contestará el miércoles por escrito. Marijuan pidió que, además, acompañe “la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación” para no atender u observar los dos informes de la AFIP del 30 de junio de 2022 y del 10 de noviembre de 2022, en relación al control y la auditoría del programa Potenciar Trabajo.
En ambos informes, la AFIP detectó “incompatibilidades” entre los beneficiarios del plan, ya que aparecían declarando bienes personales o estaban en la lista de personas que adquirieron dólares o vehículos nuevos.
Asimismo, Marijuan le pidió por oficio al Ministerio de Desarrollo Social que le informe “la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo de Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”. La idea es cruzar esta lista de empleados con las personas inscriptas en el plan Potenciar Trabajo para determinar si hay irregularidades.
La fiscalía investiga las razones por las cuales el ministerio de Desarrollo Social, a cargo ahora de Victoria Tolosa Paz, no dio de baja a la totalidad de las personas que aparecen impugnadas en el estudio de la AFIP y solo anunció que sacaría de los listados a 2243 personas y no a los 253.184 beneficiarios cuyos planes fueron objetados.
“La AFIP utilizó las bases de datos que tiene para responder los informes, pero siempre respetando el secreto fiscal. Estos informes contestaron los puntos que fueron requeridos con datos estadísticos, no reflejan una opinión al respecto”, sostuvo Castagneto al salir de la fiscalía. Buscó así tomar distancia de las acusaciones de los movimientos sociales, que apuntan a una maniobra del kirchnerismo para perjudicarlos.
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Los informes de la AFIP se produjeron en paralelo con las críticas que Cristina Kirchner lanzó a las organizaciones sociales en general, y al Movimiento Evita en particular, por “tercerizar” la asistencia social del Estado. Los tiempos cambiaron: la semana pasada, la vicepresidenta recibió a Pérsico, con la mira puesta en 2023. “La AFIP declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políticas públicas”, agregó Castagneto frente a los tribunales.
