Un agente de la UCO de la Guardia Civil ha declarado ante el tribunal que juzga a los seis acusados de la trama leonesa del caso Púnica que el expresidente de la Diputación de esta provincia Marcos Martínez Barazón urdió un entramado de intereses con el objetivo de lograr los apoyos necesarios para perpetuarse en el cargo a cambio de conceder contrataciones públicas de forma irregular.
La Audiencia Nacional ha reanudado el juicio al expresidente de la Diputación de León por el PP Martín Marcos Martínez y a otros cinco acusados para los que la Fiscalía pide entre tres y ocho años de prisión, por supuestos delitos de malversación, falsedad, fraude y tráfico de influencias, y que indemnicen a la citada administración provincial con 171.000 euros.
En el juicio de la pieza de León se sientan en el banquillo, además de Martínez Barazón, actual alcalde la localidad leonesa de Cuadro por una agrupación independiente; el excoordinador del gabinete de prensa de la Diputación Pedro Vicente Sánchez, que fue alcalde del PP de Puebla de Lillo (León), cargo que ostenta en la actualidad como independiente, y el exinterventor de la institución provincial Manuel Jesús López.
También están acusados en este proceso los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, que fue alcalde socialista de Cartagena entre 1991 y 1995, y una trabajadora de las empresas investigadas para la que se reclama una pena de tres años y cinco meses.
El primer testigo en declarar ha sido el teniente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se ha presentado como el instructor de la investigación y quien ha precisado que una de las líneas de actuación de la trama leonesa del caso era la de actuar de “conseguidor de contratos públicos” a cambio de favores, como por ejemplo, mejorar la imagen de determinados cargos políticos en redes sociales y magnificar los logros de su gestión política.
Ha señalado que uno de los acusados, Alejandro de Pedro, trataba de mejorar el posicionamiento online de determinadas personas, así como lograr tratos de favor para contrataciones públicas, y en el caso de Martínez Barazón el objetivo era influir para que continuara en la Presidencia de la Diputación de León así como para postularse para presidir el PP en León.
Al respecto, ha concretado que cuando había informaciones negativas para la Diputación “se contrarrestaba con hashtags y twitters que las neutralizaban o al menos eso se intentaba”.
También ha puntualizado que durante una convención del PP en Murcia. De Pedro ofreció a Martínez Barazón su acceso a destacados dirigentes del partido que iban a asistir a ese encuentro, como la entonces secretaria general, María Dolores de Cospedal, con el objetivo de ganarse se apoyo para continuar al frente de la Diputación, que era su objetivo.
El agente de la UCO ha aclarado asimismo que diversas conversaciones telefónicas intervenidas apuntaban a cómo lograr ventajas económicas en adjudicaciones, como por ejemplo en las estaciones de esquí de la provincia, que gestiona la Diputación, y también arbitrar comisiones como pago a estas actuaciones de posicionamiento.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que en abril de 2012 el presunto “conseguidor” de la red Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa “captaron como cliente” a la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco y, tras su asesinato en 2014, a su sucesor, Marcos Martínez Barazón, para mejorar su imagen pública a través de las empresas EICO y Madiva.
El objetivo inicial era que EICO limpiase la reputación de Carrasco en las redes sociales y difundiese una imagen suya positiva para neutralizar noticias sobre su supuesta implicación en casos judiciales y denuncias de supuesta corrupción, todo ello a cargo del presupuesto de la Diputación, cuyos organismos de contratación ni siquiera conocían estos servicios, según la Fiscalía Anticorrupción.
Añade que “se simuló la contratación” pública de publicidad institucional a Madiva, lo que permitió a los acusados “girar durante más de dos años” facturas de esta sociedad “por servicios no prestados”.
Según la Fiscalía, cuando Martínez Barazón llegó a la Presidencia de la Diputación tras el crimen de Isabel Carrasco se concertó “un nuevo plan” para que las empresas de la trama le construyesen una imagen positiva ante los ciudadanos leoneses, trabajos que “fueron abonados de forma irregular”.
