El crecimiento de la plataforma Airbnb en los destinos de Quintana Roo ha generado indignación entre los turisteros, ya que el estado no ha controlado ni ha informado de manera transparente sobre el impuesto de colaboración del 3% acordado con la plataforma en el pago de las casas de alquiler.
En 2017, la entonces administración de Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, firmó un acuerdo con Airbnb para hacer este recaudo fiscal, pero hasta este momento no se conoce el alcance ni los beneficios que haya traído al sector.
En la actualidad, no se pueden consultar los términos del convenio en el Periódico Oficial de Quintana Roo donde fueron publicados en el momento de la firma. Así mismo, ninguna entidad gubernamental del estado tiene conocimiento del recaudo del impuesto, ni el destino del mismo, si es que se ha hecho efectivo.
“Deseo que este acuerdo con Airbnb traiga beneficios a todos los quintanarroenses. Estamos haciendo que nuestro Estado se modernice, que entre en la era de la tecnología digital para para que nuestros visitantes tengan la oportunidad de conocer cada uno de sus rincones y bellezas”, dijo en su momento el Gobernador cuando dio a conocer dicho acuerdo.
Como lo informó REPORTUR.mx, hoteles, centros de hospedaje ofertados por plataformas digitales y guías de turistas tendrán que estar dados de alta en el Registro Estatal de Turismo al cierre de 2022, ya que a partir de enero del próximo año -al concluirse la prórroga otorgada por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo- aplicarán las multas correspondientes, que van desde 5,000 a 50,000 pesos diarios. (Caribe mexicano: Sedetur multará a hospedajes sin registro legal).
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