El caso Erial ha permitido finalmente el decomiso por parte del juzgado de Instrucción 8 de València de 5,4 millones de dinero en efectivo o en “depósitos y efectos bancarios”, 16 propiedades y 7 vehículos de alta gama a algunos de los 15 imputados y las cinco empresas investigadas, según el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado 7 de octubre.
El caso Erial investiga el presunto pago de mordidas en la adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y la privatización de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), impulsadas durante la presidencia de la Generalitat de Eduardo Zaplana (1995-2002). Junto a él, como ha contado Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, se sentarán en el banquillo los dos presuntos testaferros del exministro, Joaquín Barceló “Pachano” y Francisco Grau, además de las cinco mercantiles creadas por ambos como investigadas jurídicas; el exjefe de gabinete de Zaplana y su secretaria, Juan Francisco García y Mitsouko Henríquez; tres miembros de la familia Cotino, como pagadores de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones, además de la exdiputada popular Elvira Suanzes y su hermano; el también expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y cinco empresarios.
El juicio podría celebrarse a finales de 2023 o 2024, aunque la fecha aún no se ha concretado, ya que está pendiente conocer en qué sección de la Audiencia de València recaerá, por turno de reparto, el caso Erial.
Pero ante la vista, el Juzgado de Instrucción 8 mantiene amarrado el decomiso de las cuentas bancarias de 12 investigados (5,2 millones) más otros 245.915 euros en efectivo que se intervinieron durante los registros realizados durante la instrucción del caso Erial.
“Pachano”, el peor parado
De los 15 investigados, el presunto testaferro Joaquín Barceló “Pachano” es el que sale peor parado por el elevado número de propiedades incautadas y de dinero en cuentas bancarias. Barceló es amigo de juventud de Zaplana y miembro de la Peña Picarol de Benidorm. Ocupó una dirección general en el área de Turismo y fue director de relaciones institucionales de Terra Mítica. Barceló es administrador único y “la parte esencial del entramado empresarial” utilizado para evadir el dinero a Andorra (donde era propietario de cuatro empresas panameñas) y retornarlo a España desde Luxemburgo, país donde ingresaban las mordidas los Cotino, a través de mercantiles como Costera del Glorio, Medlevante o Gesdesarrollos Integrales. Estas empresas eran las que se utilizaban para las inversiones inmobiliarias en la Marina o en la exclusiva urbanización La Finca de Madrid.
Respecto a Barceló, el juzgado de Instrucción 8 ha decidido decomisarle 417.506,47 euros invertidos en diversos fondos de inversión, planes de pensión y cuentas corrientes, más otros 54.000 euros que le incautaron en su domicilio al ser detenido. Su esposa, que finalmente sólo aparece en la causa como beneficiaria a título lucrativo, también ha visto decomisados cuentas por 121.076 euros.
Además, otras siete empresas administradas por Barceló (Costera del Glorio, Gesdesarrollos Integrales, Medlevante o Plan Parcial 15 Antoneta) también han visto bloqueados otros 1.369.89,55 euros. Igualmente aparecen embargadas 8 propiedades a nombre de Pachano y sus mercantiles en Benidorm, Polop, la Vila Joiosa y Jumilla. Los investigadores sospechan que algunas de las propiedades a nombre de empresas como Medlevante y Gesdesarrollos Integrales en realidad pertenecen a Zaplana, pero era Joaquín Barceló, su compañero de la Peña Picarol, quien las custodiaba y gestionaba. Barceló también ha perdido el usufructo de un Land Rover y un BMWX3 (a nombre de Costera del Glorio) que desde el 14 de enero de 2019 utiliza provisionalmente la Guardia Civil.
A Eduardo Zaplana, la justicia ha decomisado 126.651,45 euros en una cuenta corriente, más 18.000 euros requisados en el registro de una vivienda en la calle Zurbarán de Madrid y dos vehículos Audi decomisados por la Guardia Civil.
Juan Francisco García Gómez fue jefe de gabinete de Zaplana desde 1995 hasta 2002. Presidió la Comisión Interdepartamental para la Racionalización del Sector Público que privatizó las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), cuya adjudicación está bajo sospecha. El exjefe de gabinete también ha visto volatilizarse 1.889.472,23 euros en planes de pensiones, fondos de inversión y préstamos hipotecarios, además de los 6.169,45 euros que su empresa, Dobles Figuras Consultores mantenía en una cuenta. A García la jueza también le incautó un Volvo S80.
El ingeniero financiero
Otro de los presuntos testaferros de Zaplana, Francisco Grau, es el tercer investigado con más patrimonio incautado. Abogado, asesor fiscal, economista y profesor de economía financiera, Grau Jornet fue miembro de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y representante en Terra Mítica. Se le considera «el artífice de la ingeniería» financiera creada para ocultar el cobro de mordidas y blanquear el dinero obtenido. A él y su mujer, beneficiaria a título lucrativo, la justicia les ha incautado 812.417,03 euros.
Por último, a cuatro miembros de la familia de Juan Cotino se les ha decomisado 156.337,23 en cuentas bancarias.
