En los últimos días se han multiplicado las advertencias por parte de distintas empresas y cámaras empresariales acerca de los riesgos de parálisis de la producción en distintos segmentos de la economía como consecuencia de la falta de insumos importados. La situación es hasta tal punto grave que las terminales automotrices y otras industrias podrían volver a tener que suspender su actividad hacia mediados del mes próximo si no encuentran soluciones.
Dos semanas atrás, tanto Nissan como Renault se vieron forzadas a paralizar la fabricación de sus camionetas en la provincia de Córdoba a raíz de las restricciones aplicadas a las importaciones por las autoridades. Algo similar se registró con los ensambladores de motos de origen japonés y con las de procedencia local, cuya cámara también advirtió que corre peligro la producción.
Tanto los fabricantes de maquinaria agrícola como los de celulosa, la industria textil y los productores agropecuarios han alertado sobre la misma problemática. La creciente escasez de fertilizantes y herbicidas también se está profundizando como consecuencia del cepo a las importaciones.
La sangría de reservas del Banco Central, una vez finalizado el llamado dólar soja, que llevó a los productores a anticipar exportaciones durante septiembre, hace temer a numerosos analistas económicos que haya más restricciones a las solicitudes de autorizaciones para importar insumos, incluso cuando estos resulten indispensables para el desarrollo industrial. En otros sectores opinan que ya es inviable imaginar mayores restricciones, por lo que hay inclinación hacia una posibilidad insinuada por el Gobierno –aunque aún no ejecutada– para que quienes tengan que importar lo hagan con sus propios dólares o a través de los que se pueden adquirir en el mercado bursátil mediante operatorias con títulos públicos u otros activos negociables en el exterior.
Esta alternativa podría ser un paso parcial hacia un esquema de flotación cambiaria. Sin embargo, sin confianza de los agentes económicos y sin una decisión del Gobierno de avanzar hacia un plan de estabilización serio e integral, que dé señales claras de reforma del Estado y de reducción del peso del gasto público, aquella opción podría terminar desencadenando un golpe de inflación aún mayor al que asistimos actualmente.
Esa falta de seriedad y de seguridades es la que ha derivado, precisamente, en que ya dejaran el país unas 30 empresas. El último caso de esta diáspora lo constituye el anuncio del grupo italiano Enel, propietario de la distribuidora Edesur, las generadoras Generación Costanera y Dock Sud y a cargo de la concesión de la planta hidroeléctrica El Chocón.
Entre otros pésimos recursos, la utilización de la cotización del dólar oficial como pretendida ancla antiinflacionaria ha probado su fracaso. Ha resultado tan inútil como los controles y congelamientos de precios en los que insólitamente insiste la coalición gobernante, y ha llevado a la destrucción creciente de la capacidad productiva y a la profundización de asimetrías.
La suma de parches gubernamentales para mitigar las consecuencias del cepo cambiario ha derivado en una multiplicidad de tipos de cambio, un verdadero “mamarracho”, como señalamos en nuestro editorial del 19 del mes último.
No será acentuando el ya asfixiante intervencionismo estatal sobre el mercado cambiario y el comercio exterior, con su secuela de discrecionalidad y corrupción en manos de funcionarios encargados de distribuir privilegios, como se saldrá de este laberinto que amenaza con terminar de encerrar a las ya debilitadas fuerzas productivas. Solo se continuará entorpeciendo el crecimiento de la economía, alimentando aún más la inflación y desalentando la llegada de inversiones.
